Suspenso tecnológico
Suspenso tecnológico
El 17 de mayo se celebró el DÃa de Internet, publicándose algunos datos sobre nuestra desastrosa situación respecto al despliegue y desarrollo de dicho sistema de comunicación e información. Según la OCU, no sólo somos uno de los paÃses europeos con conexión de banda ancha más caros sino que, además, las velocidades servidas y el servicio de conexión son menores y de peor calidad.
Fernando Méndez Ibisate en la Gaceta de los Negocios La cobertura de lo que llamamos “banda ancha” (ADSL) mantiene también una importante limitación geográfica, según el domicilio del solicitante, de modo que podemos encontrarnos con que en una misma provincia, a unos pocos kilómetros de la ciudad capital, el servicio no disponga de acceso. Por no hablar de los problemas creados por las cuotas o cupos de lÃneas, establecidos por cada compañÃa según sectores geográficos, que a su vez dependen todavÃa en la mayorÃa de las ocasiones del servicio que ofrece Telefónica, entre otras cosas porque ni se ha producido el debido despliegue de inversión por parte de los nuevos operadores ni tampoco Telefónica ha realizado la debida inversión a pesar de disfrutar del monopolio de facto del servicio de ADSL.
Me refiero aquà no a zonas perdidas en regiones de difÃcil acceso, sino a zonas con cobertura completa de banda ancha, donde los usuarios tienen serios problemas de conexión muchos dÃas de la semana o en determinadas horas del dÃa, simplemente por los cupos establecidos para atender una demanda creciente, que las compañÃas resuelven mediante desconexiones momentáneas o temporales.
Los resultados del estudio, realizado mediante el análisis de los datos de 150 operadores en Francia, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Alemania, Portugal, Italia y España sobre tarifas vigentes en marzo de 2007, muestran que en todos los paÃses es posible contratar paquetes combinados más económicos y con velocidades más elevadas que en España.
La Asociación de Internautas ahondó en estos problemas, que ponen en entredicho la tan mentada por nuestros polÃticos y autoridades “sociedad de la información”, señalando que “en la última legislatura apenas se ha avanzado en la introducción de Internet en la población” (ocupamos el puesto 17 de los 25 paÃses de la UE en cuanto al uso de Internet, por detrás de Malta) y reafirmando que en España disponemos de una de las bandas anchas más caras y lentas de Europa.
El barómetro de marzo de 2007 elaborado por el CIS señalaba que un 54% de los españoles no usa Internet, cuando el dato era del 53% en enero de 2004. Esto da una idea de la eficacia y repercusión del plan Avanza del actual Gobierno, equiparable en efectividad al plan Info XXI del Gobierno anterior. Constata el CIS que el aumento de hogares conectados a banda ancha (30% del total) se ha producido sobre todo a costa de las conexiones de banda estrecha y no porque se incorporen nuevos hogares. TodavÃa hay 4 millones de españoles que no tienen posibilidad técnica de acceso a la banda ancha y otros 12 millones que no pueden elegir entre tecnologÃas al no tener cobertura de las operadoras de cable.
Todo esto, sin considerar que el ADSL, que constituye la inmensa mayorÃa de la banda ancha del paÃs, no es una auténtica banda ancha si la comparamos con el cable de fibra óptica u otras fórmulas inalámbricas, asà como otras tecnologÃas (infrarrojos, láser, satélite, UMTS o banda ancha por red eléctrica –PLC– la más parecida al par de cobre).
Nuestro sistema de Internet padece un retraso sustancial que sólo cabe atribuir a un intervencionismo administrativo ineficiente y al mantenimiento de posiciones de dominio, cuando no de monopolios de facto, plasmados en leyes y normas que afectan al conjunto de las cuestiones tecnológicas y que son contrarias al interés general.
Los distintos Gobiernos han buscado beneficiar a determinados grupos o empresas y repartir prebendas –con algún disimulo–, en lugar de asegurar la universalidad y calidad del servicio y, sobre todo, su seguridad. El actual Gobierno se ha preocupado muy especialmente del establecimiento y control de tarifas, de añadir trabas y encarecer los precios, como el canon digital, o de otorgar a ciertas entidades privadas, como la SGAE, la capacidad de bloquear directamente, sin mandamiento judicial, los contenidos de Internet. Lo que no sólo otorgarÃa un poder de actuación como “policÃa tecnológica” a un ente privado sino que, además, lo harÃa de forma autoritaria, sin garantÃas. Como siempre, una receta de mas competencia y libertad podrÃa permitirnos salir de esta situación descrita.
Me refiero aquà no a zonas perdidas en regiones de difÃcil acceso, sino a zonas con cobertura completa de banda ancha, donde los usuarios tienen serios problemas de conexión muchos dÃas de la semana o en determinadas horas del dÃa, simplemente por los cupos establecidos para atender una demanda creciente, que las compañÃas resuelven mediante desconexiones momentáneas o temporales.
Los resultados del estudio, realizado mediante el análisis de los datos de 150 operadores en Francia, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Alemania, Portugal, Italia y España sobre tarifas vigentes en marzo de 2007, muestran que en todos los paÃses es posible contratar paquetes combinados más económicos y con velocidades más elevadas que en España.
La Asociación de Internautas ahondó en estos problemas, que ponen en entredicho la tan mentada por nuestros polÃticos y autoridades “sociedad de la información”, señalando que “en la última legislatura apenas se ha avanzado en la introducción de Internet en la población” (ocupamos el puesto 17 de los 25 paÃses de la UE en cuanto al uso de Internet, por detrás de Malta) y reafirmando que en España disponemos de una de las bandas anchas más caras y lentas de Europa.
El barómetro de marzo de 2007 elaborado por el CIS señalaba que un 54% de los españoles no usa Internet, cuando el dato era del 53% en enero de 2004. Esto da una idea de la eficacia y repercusión del plan Avanza del actual Gobierno, equiparable en efectividad al plan Info XXI del Gobierno anterior. Constata el CIS que el aumento de hogares conectados a banda ancha (30% del total) se ha producido sobre todo a costa de las conexiones de banda estrecha y no porque se incorporen nuevos hogares. TodavÃa hay 4 millones de españoles que no tienen posibilidad técnica de acceso a la banda ancha y otros 12 millones que no pueden elegir entre tecnologÃas al no tener cobertura de las operadoras de cable.
Todo esto, sin considerar que el ADSL, que constituye la inmensa mayorÃa de la banda ancha del paÃs, no es una auténtica banda ancha si la comparamos con el cable de fibra óptica u otras fórmulas inalámbricas, asà como otras tecnologÃas (infrarrojos, láser, satélite, UMTS o banda ancha por red eléctrica –PLC– la más parecida al par de cobre).
Nuestro sistema de Internet padece un retraso sustancial que sólo cabe atribuir a un intervencionismo administrativo ineficiente y al mantenimiento de posiciones de dominio, cuando no de monopolios de facto, plasmados en leyes y normas que afectan al conjunto de las cuestiones tecnológicas y que son contrarias al interés general.
Los distintos Gobiernos han buscado beneficiar a determinados grupos o empresas y repartir prebendas –con algún disimulo–, en lugar de asegurar la universalidad y calidad del servicio y, sobre todo, su seguridad. El actual Gobierno se ha preocupado muy especialmente del establecimiento y control de tarifas, de añadir trabas y encarecer los precios, como el canon digital, o de otorgar a ciertas entidades privadas, como la SGAE, la capacidad de bloquear directamente, sin mandamiento judicial, los contenidos de Internet. Lo que no sólo otorgarÃa un poder de actuación como “policÃa tecnológica” a un ente privado sino que, además, lo harÃa de forma autoritaria, sin garantÃas. Como siempre, una receta de mas competencia y libertad podrÃa permitirnos salir de esta situación descrita.