Malestar en Industria con el borrador de la ley de propiedad intelectual que prepara Wert
Malestar en Industria con el borrador de la ley de propiedad intelectual que prepara Wert
Iba a tener la forma de un decreto-ley, pero el Gobierno decidió en verano guardar el borrador en un cajón y tramitarlo más adelante como proyecto de ley para no soliviantar aún más los ánimos de quienes han criticado al Ejecutivo por abusar de la figura del decretazo durante este primer año de reformas y recortes. Aun así, el Ministerio de Cultura que dirige José Ignacio Wert considera que la lucha contra la piratería es un asunto prioritario que obliga al Gobierno a abordar cuanto antes una nueva ley de protección de la propiedad intelectual cuyas primeras y restrictivas previsiones ya han generado las primeras discrepancias con el departamento de Industria que dirige José Manuel Soria y que también se ve con preocupación por destacados dirigentes de la cúpula del Partido Popular.
Daniel Forcada El Confidencial.- La semana pasada, Pirates de Catalunya filtró a la red el primer esbozo (PDF) de lo que iba a ser ese Real Decreto antipiratería finalmente no nato y que incluye medidas más restrictivas y que van mucho más allá de la famosa Ley Sinde-Wert que pretendía acabar con la piratería mediante la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual que se ocuparía de cerrar las páginas web con derechos de propiedad intelectual y cuyos resultados van, de momento, más lento de lo esperado. Desde su aprobación, el 1 de marzo, la comisión ha recibido 344 peticiones, de las que 306 contenían fallos. Solo 100 han prosperado y únicamente 12 han acarreado la apertura de un expediente.
Fuentes del Ejecutivo confirman que se espera que el grueso de ese borrador vaya, finalmente, con o sin cambios, en el futuro proyecto de ley que preparara Wert para que sea tramitado por el Congreso y que recoge buena parte de las aspiraciones del lobby de la industria cultural.
El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo-Sotelo, es uno de los principales detractores del texto que prepara WertPrincipalmente, tres cuestiones esenciales como son la compensación por los derechos de autor a cargo de una partida anual de los Presupuestos Generales del Estado y no a través de lo que recaudan las entidades de gestión; un mayor control y supervisión de estas mismas entidades para evitar nuevos casos como el ocurrido en la SGAE con Teddy Bautista; y, sobre todo, la posibilidad de bloquear y multar con fuentes sanciones a las páginas web que tengan como principal actividad facilitar listados ordenados y clasificados de enlaces a contenidos sujetos a derechos de autor.
Pero ni el Gobierno ni siquiera la totalidad del partido que lo sustenta termina de avalar la reforma que preparan Wert y su secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, que aumentaría sus poderes con esta nueva norma. De hecho, según el borrador, el secretario de Estado sería a quien le correspondería imponer las sanciones, que podrían llegar hasta los 150.000 euros si fuesen calificadas de muy grave y que podrían ir acompañadas del cese de la actividad del prestador de servicios durante un periodo máximo de un año. Una nueva vuelta de tuerca las páginas de enlaces que deberán estar debidamente autorizadas, previamente, por los titulares de los derechos y que, además, estarán obligadas a facilitar, por medios electrónicos y de forma permanente, fácil, directa y gratuita, información clara, veraz y exacta sobre los títulos habilitantes que amparan su actividad respecto de los citados contenidos.
Lo anterior, sin embargo, deja fuera a los motores de búsqueda tipo Google al destacar el borrador que su actividad principal no es la elaboración activa de listados a contenidos protegidos.
Rechazo de Calvo-Sotelo
Destacados dirigentes del PP no ocultan su preocupación con un tema sobre el que no ven necesario actuar con la celeridad que parece querer imprimir el Ministerio de Cultura y sobre todo en un momento en el que supondría abrir un nuevo frente de conflictos en un tema que ya ha demostrado ser especialmente sensible en el pasado. En el Gobierno, el principal detractor de los planes de Wert y Lasalle es el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo, que defiende su competencia sobre algunas de las materias que pretende regular la futura ley.
El artículo 158 bis del borrador del Real Decreto que ha sido filtrado también recoge, como novedad, que cuando las infracciones hubieran sido cometidas por páginas web alojadas en estados que no son miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, el órgano que hubiera impuesto la correspondiente sanción podrá ordenar a los prestadores de servicios de intermediación que tomen las medidas necesarias para impedir el acceso desde España a los servicios ofrecidos por aquellos por un periodo máximo de un año.
Fuentes del Ejecutivo confirman que se espera que el grueso de ese borrador vaya, finalmente, con o sin cambios, en el futuro proyecto de ley que preparara Wert para que sea tramitado por el Congreso y que recoge buena parte de las aspiraciones del lobby de la industria cultural.
El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo-Sotelo, es uno de los principales detractores del texto que prepara WertPrincipalmente, tres cuestiones esenciales como son la compensación por los derechos de autor a cargo de una partida anual de los Presupuestos Generales del Estado y no a través de lo que recaudan las entidades de gestión; un mayor control y supervisión de estas mismas entidades para evitar nuevos casos como el ocurrido en la SGAE con Teddy Bautista; y, sobre todo, la posibilidad de bloquear y multar con fuentes sanciones a las páginas web que tengan como principal actividad facilitar listados ordenados y clasificados de enlaces a contenidos sujetos a derechos de autor.
Pero ni el Gobierno ni siquiera la totalidad del partido que lo sustenta termina de avalar la reforma que preparan Wert y su secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, que aumentaría sus poderes con esta nueva norma. De hecho, según el borrador, el secretario de Estado sería a quien le correspondería imponer las sanciones, que podrían llegar hasta los 150.000 euros si fuesen calificadas de muy grave y que podrían ir acompañadas del cese de la actividad del prestador de servicios durante un periodo máximo de un año. Una nueva vuelta de tuerca las páginas de enlaces que deberán estar debidamente autorizadas, previamente, por los titulares de los derechos y que, además, estarán obligadas a facilitar, por medios electrónicos y de forma permanente, fácil, directa y gratuita, información clara, veraz y exacta sobre los títulos habilitantes que amparan su actividad respecto de los citados contenidos.
Lo anterior, sin embargo, deja fuera a los motores de búsqueda tipo Google al destacar el borrador que su actividad principal no es la elaboración activa de listados a contenidos protegidos.
Rechazo de Calvo-Sotelo
Destacados dirigentes del PP no ocultan su preocupación con un tema sobre el que no ven necesario actuar con la celeridad que parece querer imprimir el Ministerio de Cultura y sobre todo en un momento en el que supondría abrir un nuevo frente de conflictos en un tema que ya ha demostrado ser especialmente sensible en el pasado. En el Gobierno, el principal detractor de los planes de Wert y Lasalle es el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo, que defiende su competencia sobre algunas de las materias que pretende regular la futura ley.
El artículo 158 bis del borrador del Real Decreto que ha sido filtrado también recoge, como novedad, que cuando las infracciones hubieran sido cometidas por páginas web alojadas en estados que no son miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, el órgano que hubiera impuesto la correspondiente sanción podrá ordenar a los prestadores de servicios de intermediación que tomen las medidas necesarias para impedir el acceso desde España a los servicios ofrecidos por aquellos por un periodo máximo de un año.