Europa da la raz贸n a Google: No hay derecho al olvido en Internet
El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), Niilo J盲盲skinen, ha dado este martes la raz贸n a la empresa estadounidense Google en su disputa con la Agencia Espa帽ola de Protecci贸n de Datos al dictaminar que los servicios de motor de b煤squeda en Internet no son responsables de los datos personales incluidos en las p谩ginas web que tratan.
Europapress.- Las conclusiones del abogado general resaltan adem谩s que la directiva de la UE sobre protecci贸n de datos no establece ning煤n "derecho al olvido" generalizado, como el que invoc贸 el ciudadano espa帽ol afectado por este caso para que se borraran sus datos en Internet.
Solicitar a los buscadores de Internet que eliminen informaci贸n leg铆tima y legal que se ha hecho p煤blica, subraya J盲盲skinen, "traer铆a consigo una injerencia en la libertad de expresi贸n del editor de la p谩gina web" y "equivaldr铆a a una censura del contenido publicado realizada por un particular".
El dictamen del abogado general no es vinculante para el Tribunal de Justicia, aunque 茅ste sigue sus recomendaciones en el 80% de los casos. Los jueces empiezan ahora a deliberar y la sentencia final se dictar谩 en los pr贸ximos meses.
El litigio se remonta al a帽o 2010, cuando la Agencia Espa帽ola de Protecci贸n de Datos exigi贸 a Google que eliminase en los resultados de sus b煤squedas los v铆nculos al anuncio publicado en un peri贸dico de una subasta de inmuebles relacionada con un embargo por deudas a la Seguridad Social.
La Agencia actu贸 a petici贸n del ciudadano mencionado en ese anuncio, que alegaba que el embargo al que se vio sometido en su d铆a est谩 totalmente solucionado y resuelto desde hace a帽os y carece de relevancia en la actualidad, por lo que no quer铆a que apareciera cuando se buscara su nombre en Google.
No obstante, la Agencia de Protecci贸n de Datos deneg贸 la petici贸n del ciudadano de que se borrara el anuncio original en el peri贸dico, al considerar que la publicaci贸n de los datos en cuesti贸n ten铆a justificaci贸n legal y su fin era dar la m谩xima publicidad a las subastas para conseguir la mayor concurrencia de licitadores.
Google recurri贸 la decisi贸n, y otros casos similares, ante la Audiencia Nacional, alegando que corresponde a la fuente original de la informaci贸n corregirla si es incorrecta y que obligarle a suprimirla del resultado de sus b煤squedas constituye un atentando contra la libertad de expresi贸n. La Audiencia Nacional remiti贸 el caso al Tribunal de Justicia.
En su dictamen de este martes, el abogado general se帽ala en primer lugar que no puede considerarse a Google responsable del tratamiento de los datos contenidos en las p谩ginas web que procesa, puesto que no controla su contenido ni puede distinguir entre datos personales y otro tipo de datos.
Por ello, J盲盲skinen concluye que "una autoridad nacional de protecci贸n de datos no puede requerir a un proveedor de servicios de motor de b煤squeda en Internet que retire informaci贸n de su 铆ndice".
Adem谩s, el dictamen sostiene que la normativa de la UE "no establece ning煤n 'derecho al olvido' generalizado". "Por tanto, no puede invocarse tal derecho frente a proveedores de servicios de motor de b煤squeda sobre la base de la directiva" de protecci贸n de datos.
Los derechos de rectificaci贸n, supresi贸n y bloqueo de datos establecidos en la directiva se refieren a casos en los que los datos son incompletos o inexactos, lo que seg煤n el abogado general no es el caso en este asunto.
La directiva tambi茅n reconoce a toda persona el derecho a oponerse, en cualquier momento y por razones leg铆timas propias de su situaci贸n particular, a que los datos que le conciernan sean objeto de tratamiento, salvo cuando la legislaci贸n nacional disponga otra cosa.
No obstante, el abogado general considera que una preferencia subjetiva por s铆 sola no equivale a una raz贸n leg铆tima y que, por tanto, la directiva no faculta a una persona para restringir o poner fin a la difusi贸n de datos personales que considere lesivos o contrarios a sus intereses.
El dictamen s铆 que reconoce que la normativa de protecci贸n de datos de la UE es aplicable a Google "cuando 茅ste establece en un Estado miembro, a fines de promover y vender espacios publicitarios en su motor de b煤squeda, una oficina que orienta su actividad hacia los habitantes de dicho Estado".
La UE est谩 tramitando en estos momentos una reforma de la directiva de protecci贸n de datos que s铆 incluye expl铆citamente el derecho al olvido.
Solicitar a los buscadores de Internet que eliminen informaci贸n leg铆tima y legal que se ha hecho p煤blica, subraya J盲盲skinen, "traer铆a consigo una injerencia en la libertad de expresi贸n del editor de la p谩gina web" y "equivaldr铆a a una censura del contenido publicado realizada por un particular".
El dictamen del abogado general no es vinculante para el Tribunal de Justicia, aunque 茅ste sigue sus recomendaciones en el 80% de los casos. Los jueces empiezan ahora a deliberar y la sentencia final se dictar谩 en los pr贸ximos meses.
El litigio se remonta al a帽o 2010, cuando la Agencia Espa帽ola de Protecci贸n de Datos exigi贸 a Google que eliminase en los resultados de sus b煤squedas los v铆nculos al anuncio publicado en un peri贸dico de una subasta de inmuebles relacionada con un embargo por deudas a la Seguridad Social.
La Agencia actu贸 a petici贸n del ciudadano mencionado en ese anuncio, que alegaba que el embargo al que se vio sometido en su d铆a est谩 totalmente solucionado y resuelto desde hace a帽os y carece de relevancia en la actualidad, por lo que no quer铆a que apareciera cuando se buscara su nombre en Google.
No obstante, la Agencia de Protecci贸n de Datos deneg贸 la petici贸n del ciudadano de que se borrara el anuncio original en el peri贸dico, al considerar que la publicaci贸n de los datos en cuesti贸n ten铆a justificaci贸n legal y su fin era dar la m谩xima publicidad a las subastas para conseguir la mayor concurrencia de licitadores.
Google recurri贸 la decisi贸n, y otros casos similares, ante la Audiencia Nacional, alegando que corresponde a la fuente original de la informaci贸n corregirla si es incorrecta y que obligarle a suprimirla del resultado de sus b煤squedas constituye un atentando contra la libertad de expresi贸n. La Audiencia Nacional remiti贸 el caso al Tribunal de Justicia.
En su dictamen de este martes, el abogado general se帽ala en primer lugar que no puede considerarse a Google responsable del tratamiento de los datos contenidos en las p谩ginas web que procesa, puesto que no controla su contenido ni puede distinguir entre datos personales y otro tipo de datos.
Por ello, J盲盲skinen concluye que "una autoridad nacional de protecci贸n de datos no puede requerir a un proveedor de servicios de motor de b煤squeda en Internet que retire informaci贸n de su 铆ndice".
Adem谩s, el dictamen sostiene que la normativa de la UE "no establece ning煤n 'derecho al olvido' generalizado". "Por tanto, no puede invocarse tal derecho frente a proveedores de servicios de motor de b煤squeda sobre la base de la directiva" de protecci贸n de datos.
Los derechos de rectificaci贸n, supresi贸n y bloqueo de datos establecidos en la directiva se refieren a casos en los que los datos son incompletos o inexactos, lo que seg煤n el abogado general no es el caso en este asunto.
La directiva tambi茅n reconoce a toda persona el derecho a oponerse, en cualquier momento y por razones leg铆timas propias de su situaci贸n particular, a que los datos que le conciernan sean objeto de tratamiento, salvo cuando la legislaci贸n nacional disponga otra cosa.
No obstante, el abogado general considera que una preferencia subjetiva por s铆 sola no equivale a una raz贸n leg铆tima y que, por tanto, la directiva no faculta a una persona para restringir o poner fin a la difusi贸n de datos personales que considere lesivos o contrarios a sus intereses.
El dictamen s铆 que reconoce que la normativa de protecci贸n de datos de la UE es aplicable a Google "cuando 茅ste establece en un Estado miembro, a fines de promover y vender espacios publicitarios en su motor de b煤squeda, una oficina que orienta su actividad hacia los habitantes de dicho Estado".
La UE est谩 tramitando en estos momentos una reforma de la directiva de protecci贸n de datos que s铆 incluye expl铆citamente el derecho al olvido.