Roberto R. Ballesteros / LA GACETA.- También Europa está preocupada por las excesivas licencias que concede la Resolución Enfopol (1999), base para que los países regulen el espionaje policial. Y por la directiva 2006/24/CE, que regula la conservación de datos base a su vez de la española Ley 25/2007 y que hoy está en revisión. "Fue aprobada por el Parlamento Europeo seis meses después del atentado terrorista de Londres", aseguró ayer Peter Hustinx, Supervisor Europeo de Protección de Datos.
"El Tribunal Constitucional alemán ha sido muy crítico"
El experto tiene claro que la normativa se redactó "en caliente, influenciada por el atentado y por motivos políticos". "Ahora estamos en otra etapa. Es muy probable que se apruebe el Tratado de Lisboa, con lo que habrá un nuevo marco constitucional para la UE, con gran énfasis en los derechos fundamentales". Según el máximo dirigente de la Protección de Datos en Europa, "estamos en un proceso de revisión a nivel de cada estado sobre la aplicación de la directiva y Enfopol". "El Constitucional alemán asegura, conocido por ser muy crítico con la directiva, estudia un recurso contra su versión nacional. Ignoro lo que va a pasar, pero es muy posible que defienda este ejercicio de revisión". "Lo que está claro es que es una oportunidad para dar más garantias".
La directiva y su versión española permite conservar datos personales relativos al tráfico de llamadas telefónicas y correo electrónico durante entre seis meses y dos años, un año para el caso de España "Estos datos pueden ser clave para llevar a cabo una investigación. Eso no lo niego. Lo que critico es la necesidad de conservar datos de todas las personas durante largos periodos de tiempo. No encuentro argumentos convincentes para hacerlo".
Hoy no se distingue entre ciudadanos y delincuentes
En el mismo sentido se pronunció ayer durante la sesión previa a la Conferencia Internacional de Conservación de Datos, celebrada en Madrid, el fiscal Pedro Martínez en su ponencia. "La directiva nos convierte a todos los ciudadanos en sospechosos, no diferencia entre personas honestas y delincuentes; por consiguiente, su objetivo no es controlar al delincuente, sino al ciudadano. Es pues una norma de control social como han denunciado numerosas asociaciones de derechos civiles y nosotros aprovechamos para reiterarlo".
El desigual desarrollo de la directiva lleva a la Comisión Europea a plantearse la bondad de la misma. "En algunos países se aplicó muy rápido. En otros, aún está pendiente. Esto refleja la com-
plejidad que suscita. Incluso la fecha límite para adaptarla ya ha vencido. La Comisión Europea está investigando por qué no se ha cumplido el plazo", sentencia Hustinx.
Como ocurre en España, también existe en Europa un debate sobre la conveniencia de regular mediante amplia mayoría (ley orgánica en el caso español). El Gobierno irlandés, recuerda Hustinx en esa línea, "argumentó que no se debió aprobar la ley de conservación de datos por mayoría, sino por unanimidad".
Una operación orquestada por el Gobierno
Hoy comienza oficialmente la Conferencia Internacional de Privacidad, que se celebra en Madrid por primera vez. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, inaugurará el congreso en medio de la polémica suscitada por la utilización que viene realizando desde 2004 el Ministerio del Interior de un 'software espía' capaz de 'pinchar' todos los teléfonos de España. Se trata de una aplicación que opera bajo un paraguas legal dudoso, ya que ¿según los expertos consultados¿ debería estar regulado por ley orgánica al afectar a derechos fundamentales como la privacidady el secreto de las comunicaciones. La utilización deldenominado Sistema Integral de Interceptación de las Comunicaciones Electrónicas (Sitel) no ha sido comunicada a los jueces en ningún momento.
Tampoco se llevan a cabo las 'escuchas' con las suficientes garantías para la defensa, ya que las conversaciones y datos asociados se entregan en un documento electrónico sin encriptar ni firmar digitalmente . A este poder que otorga el 'software espía' se añade el hecho de que el artículo 89.2 del RD 424/2005 permite a los agentes facultados acceder a determinados datos de las operadoras telefónicas sin necesidad de contar con orden judicial. Entre esta información está la identidad de los comunicantes y la posición geográfica de cada uno. La 'legalidad' de Sitel está en estos momentos recurrida ante la Comisión Europea por la Asociación de Internautas, que denunció tanto el comportamiento de Sitel como la propia Ley 25/2007 de conservación de datos, que permite almacenar información personal sobre las comunicaciones electrónicas de los ciudadanos (email, Internet, teléfono fijo, teléfono móvil) durante un año. También la Agencia de Protección de Datos y el Defensor del Pueblo abrieron un expediente para analizar el funcionamiento de Sitel. El 'software espía' cuenta con tres servidores centrales, en dependencias de Guardia Civil, Policía Nacional y Centro Nacional de Inteligencia, donde se almacenan los datos 'sine die', lo cual incumpliría la ley 32/2003 . El Gobierno actuó siempre coordinado a la hora de regular la aplicación. Aunque comenzó a ser utilizado en la época del ministro José Antonio Alonso, su sucesor Alfredo Pérez Rubalcaba continuó con la misma actitud. También la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega aprobó una orden con objeto de allanar el camino al Ministerio de Industria, encargado de regular la interfaz del 'software', legislara en secreto (con "sigilo" y sin comunicación pública).
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"El Tribunal Constitucional alemán ha sido muy crítico"
El experto tiene claro que la normativa se redactó "en caliente, influenciada por el atentado y por motivos políticos". "Ahora estamos en otra etapa. Es muy probable que se apruebe el Tratado de Lisboa, con lo que habrá un nuevo marco constitucional para la UE, con gran énfasis en los derechos fundamentales". Según el máximo dirigente de la Protección de Datos en Europa, "estamos en un proceso de revisión a nivel de cada estado sobre la aplicación de la directiva y Enfopol". "El Constitucional alemán asegura, conocido por ser muy crítico con la directiva, estudia un recurso contra su versión nacional. Ignoro lo que va a pasar, pero es muy posible que defienda este ejercicio de revisión". "Lo que está claro es que es una oportunidad para dar más garantias".
La directiva y su versión española permite conservar datos personales relativos al tráfico de llamadas telefónicas y correo electrónico durante entre seis meses y dos años, un año para el caso de España "Estos datos pueden ser clave para llevar a cabo una investigación. Eso no lo niego. Lo que critico es la necesidad de conservar datos de todas las personas durante largos periodos de tiempo. No encuentro argumentos convincentes para hacerlo".
Hoy no se distingue entre ciudadanos y delincuentes
En el mismo sentido se pronunció ayer durante la sesión previa a la Conferencia Internacional de Conservación de Datos, celebrada en Madrid, el fiscal Pedro Martínez en su ponencia. "La directiva nos convierte a todos los ciudadanos en sospechosos, no diferencia entre personas honestas y delincuentes; por consiguiente, su objetivo no es controlar al delincuente, sino al ciudadano. Es pues una norma de control social como han denunciado numerosas asociaciones de derechos civiles y nosotros aprovechamos para reiterarlo".
El desigual desarrollo de la directiva lleva a la Comisión Europea a plantearse la bondad de la misma. "En algunos países se aplicó muy rápido. En otros, aún está pendiente. Esto refleja la com-
plejidad que suscita. Incluso la fecha límite para adaptarla ya ha vencido. La Comisión Europea está investigando por qué no se ha cumplido el plazo", sentencia Hustinx.
Como ocurre en España, también existe en Europa un debate sobre la conveniencia de regular mediante amplia mayoría (ley orgánica en el caso español). El Gobierno irlandés, recuerda Hustinx en esa línea, "argumentó que no se debió aprobar la ley de conservación de datos por mayoría, sino por unanimidad".
Una operación orquestada por el Gobierno
Hoy comienza oficialmente la Conferencia Internacional de Privacidad, que se celebra en Madrid por primera vez. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, inaugurará el congreso en medio de la polémica suscitada por la utilización que viene realizando desde 2004 el Ministerio del Interior de un 'software espía' capaz de 'pinchar' todos los teléfonos de España. Se trata de una aplicación que opera bajo un paraguas legal dudoso, ya que ¿según los expertos consultados¿ debería estar regulado por ley orgánica al afectar a derechos fundamentales como la privacidady el secreto de las comunicaciones. La utilización deldenominado Sistema Integral de Interceptación de las Comunicaciones Electrónicas (Sitel) no ha sido comunicada a los jueces en ningún momento.
Tampoco se llevan a cabo las 'escuchas' con las suficientes garantías para la defensa, ya que las conversaciones y datos asociados se entregan en un documento electrónico sin encriptar ni firmar digitalmente . A este poder que otorga el 'software espía' se añade el hecho de que el artículo 89.2 del RD 424/2005 permite a los agentes facultados acceder a determinados datos de las operadoras telefónicas sin necesidad de contar con orden judicial. Entre esta información está la identidad de los comunicantes y la posición geográfica de cada uno. La 'legalidad' de Sitel está en estos momentos recurrida ante la Comisión Europea por la Asociación de Internautas, que denunció tanto el comportamiento de Sitel como la propia Ley 25/2007 de conservación de datos, que permite almacenar información personal sobre las comunicaciones electrónicas de los ciudadanos (email, Internet, teléfono fijo, teléfono móvil) durante un año. También la Agencia de Protección de Datos y el Defensor del Pueblo abrieron un expediente para analizar el funcionamiento de Sitel. El 'software espía' cuenta con tres servidores centrales, en dependencias de Guardia Civil, Policía Nacional y Centro Nacional de Inteligencia, donde se almacenan los datos 'sine die', lo cual incumpliría la ley 32/2003 . El Gobierno actuó siempre coordinado a la hora de regular la aplicación. Aunque comenzó a ser utilizado en la época del ministro José Antonio Alonso, su sucesor Alfredo Pérez Rubalcaba continuó con la misma actitud. También la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega aprobó una orden con objeto de allanar el camino al Ministerio de Industria, encargado de regular la interfaz del 'software', legislara en secreto (con "sigilo" y sin comunicación pública).
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