Microsoft ha demandado al Departamento de Justicia porque "sus clientes tienen derecho a saber cuándo se ha proporcionado acceso a sus datos mediante una orden judicial y porque Microsoft tiene derecho decírselo". El pasado jueves 14, esa demanda se presentó en el Juzgado Federal de Seattle y con ella Microsoft pretende hacer público del debate sobre las órdenes judiciales secretas usadas en las investigaciones de las autoridades y de paso, convertirse en la defensora del derecho a la privacidad de sus clientes. No se trata de sentar precedente a partir de un caso, como ocurrió en la lucha legal entre Apple y el FBI, sino de una enmienda a la totalidad a los métodos de las autoridades estadounidenses tras el 11-S, cuando se generalizaron las vigilancias masivas y las órdenes judiciales que ordenan la intervención de las cuentas de los usuarios sin que éstos puedan ser notificados por parte de la compañía, aun habiéndose hecho pública esa investigación por otros medios.
El secreto como rutina
Microsoft, al igual que Google o Apple, recibe miles o decenas de miles de peticiones al año por parte de las autoridades. De hecho, algunas de estas compañías hacen públicos informes con estas cifras. Pero lo que ha motivado esta demanda, según Bradford L. Smith, presidente y jefe de asuntos legales de Microsoft, es la obligación de guardar secreto sobre ellas. Desde septiembre de 2014 a marzo de 2016, Microsoft recibió 5.624 peticiones de datos o de información sobre sus clientes. Casi la mitad de esa cifra, 2.576, eran peticiones secretas. Smith manifestó su preocupación por que las órdenes judiciales secretas se estuvieran convirtiendo en ?un procedimiento rutinario antes que en una medida excepcional?. Además, el 68% de estas órdenes judiciales secretas no tenían fecha límite de acceso a los datos de los clientes de Microsoft.
Microsoft recibió 5.624 peticiones de datos o de información sobre sus clientes. Casi la mitad de esa cifra, 2.576, eran peticiones secretas.
Smith lamentó además la costumbre de las autoridades de dirigirse directamente a Microsoft, cuando algunos de esos datos podían obtenerse de las empresas para las que trabajaban los individuos objeto de las vigilancias o a través de otros proveedores. "Tratamos de redirigir estas peticiones en muchas ocasiones y en otras, no nos queda más remedio que recurrirlas ante un tribunal".
La posición de la compañía es que mover los datos del ordenador a "la nube" no tiene por qué significar una pérdida de derechos para el titular de esos datos y que el secreto de las investigaciones debe ser aplicado sólo en caso de necesidad. "El secreto en las investigaciones debe de adoptarse sólo en la medida en que sea necesario para éstas y no más allá. Si existe una razón para una orden judicial secreta y esa razón sigue vigente, la Fiscalía debería poder prorrogar esa orden basándose en la necesidad. Si no es así, deberíamos poder comunicar a nuestro cliente qué es lo que ha sucedido", escribió Smith en el blog de Microsoft.
Fuera de Internet se respetan más los derechos
En el mundo físico las autoridades estadounidenses también usan órdenes judiciales, conocidas como "colarse y asomarse", que permiten acceder a documentos sin notificar al objetivo de la investigación; pero la mayoría de esas órdenes secretas tienen un límite temporal antes de que sea obligatorio notificar al investigado. Normalmente este periodo es de 30 a 90 días y es necesario aportar documentación y una causa razonada para poder prorrogar ese periodo.
Microsoft no es la única compañía que está poniendo en cuestión los métodos post 11-S. En general, todas las grandes empresas tecnológicas estadounidenses empiezan a manifestar su preocupación porque el poco respeto a la privacidad de sus usuarios les provoque desventajas competitivas y porque sienta precedentes de cara a las autoridades de otras zonas donde también tienen presencia, como China, la Unión Europea u Oriente Medio.
