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opinión de javier cuchí

Canon digital: ¿En guerra otra vez?


En el verano de 2003, hace ahora trece años, se desencadenó una guerra, una guerra que ya venía larvándose desde un tiempo antes, desde que las entidades de gestión de derechos de autor pretendieron que los soportes de información digital -en aquel entonces los CD y DVD- eran idóneos para contener material sujeto a derechos económicos de autor y, por tanto, susceptibles de que se les aplicara el gravamen compensatorio por copia privada que todos conocemos. En el mes de julio, supimos que, tras perder un par de juicios en primera instancia, la industria se plegó y cedió ante el famoso canon.




No voy a describir todas las incidencias de esa guerra, pero creo no exagerar si la califico de desastre. De enorme desastre. La estructura dirigente de la SGAE, la más incisiva -y, por tanto, la más odiada- de las sociedades de gestión de derechos, sufrió un aparatoso hundimiento al descubrirse, además de un entramado societario sumamente sospechoso, un conjunto de importantísimas inversiones de necesidad poco acreditada que, además, se constataba en ese mismo momento -hemos avanzado ahora al año 2011- que habían sufrido una brutal merma de su valor. Poco tiempo después, la jurisdicción europea invalidaba una parte sustancial de la percepción del canon digital (caso Padawan) para, posterior y más recientemente, invalidar asimismo el triste e ineficaz parche gubernamental: la compensación por vía presupuestaria estatal.

Además de la estructura de la SGAE, se produjeron muchísimos más daños: diversos autores que se alinearon firmemente con la posición de la sociedad y realizaron un agresivo activismo, fueron objeto de boicots e incluso represalias por parte de su público, boicots y represalias que alcanzaron incluso a la industria cinematográfica, que había tomado firme posición contra sus propios espectadores.

A tal punto llegó la polarización, que la acción del propio Gobierno y de varios partidos políticos, cediendo vergonzosamente a la presión de los lobis autorales y de la industria de contenidos e incluso escenificando parlamentariamente de manera descarada y sin recato alguno esa entrega, desencadenó (no digo motivó, cuidado, simplemente digo -y creo firmemente que es cierto- que fue el detonante) las ya históricas protestas del 15-M.

Tampoco el otro bando, el sector anticanon, salió ileso, ni mucho menos, de la contienda: juicios civiles y penales, perdidos unas veces, ganadas las más, pero a modo de victoria pírrica, con daños imposibles de reparar. Establecimientos cerrados, comerciantes arruinados... La propia Asociación de Internautas, que había liderado la guerra contra el canon, tuvo que enfrentarse a un pleito interpuesto por la SGAE y por Teddy Bautista que, perdido incluso en la última instancia del Tribunal Supremo (procedimiento del que aún hay mucho que hablar y sin duda se hablará en un futuro quizá no muy lejano), supuso afrontar tales indemnizaciones que sólo el impulso solidario de miles de internautas españoles evitó que la Asociación desapareciera.

Finalizando el 2016, más de 13 años después de que se iniciara aquella guerra, insisto, desastrosa, el Gobierno español amenaza con reanudarla mediante la divulgación -casual o no- de un borrador que recuperaría el canon prácticamente en las mismas condiciones que en 2003, con la misma unilateralidad y parcialidad con que se condujeron los gobiernos de aquel Zapatero de triste memoria.


En la tranquilidad de la paz -una paz a la vista está que precaria y que intuyo muy mal aprovechada- he dedicado mucho tiempo a meditar alrededor de esta temática, de todo este mundo de autores, derechos, remuneraciones, cánones y demás? para llegar a la conclusión de que no hay solución. De que no hay solución que sea, a la vez, eficaz y justa.

Gravar con el canon el soporte original, como alguna vez hemos propugnado desde la propia Asociación de Internautas, es inviable actualmente, sobre todo porque sus soportes materiales, básicamente CD y DVD, se han derrumbado (pese a algún eventual y, a estos efectos, intrascendente repunte de los discos de vinilo).

La injusticia del canon sobre los soportes digitales no necesita mayor argumentación: hasta la saciedad se ha puesto de manifiesto y demostrado en la web de la Asociación de Internautas. Y esa misma argumentación, pero más extendida aún (de usuarios de material digital pasamos a ciudadanos en su totalidad) sirve para impugnar la estupidez supina de cargarlo a los Presupuestos Generales del Estado.

Por otro lado, los ciudadanos queremos que se mantenga el derecho de copia privada, porque es un vehículo indispensable para la extensión cultural y tecnológica en el seno de nuestra sociedad; exigencia curiosamente compartida también por las sociedades de gestión de derechos de autor, que han hallado en la copia privada una de sus mejores fuentes de financiación (otro día hablaremos de si esa financiación, esa cuantía, es o no adicionalmente injusta o cuál debería ser el perfil y alcance del derecho de copia privada, pero ahora no toca). La industria, sin embargo, se opone radicalmente a la copia privada en cualquier modalidad, al suponer que pierde ventas sin verse compensada por ello (y, de hecho, sin querer ser compensada por ello: simplemente no quiere que exista el derecho a la copia privada).

Tampoco está en discusión la justicia -así, in abstracto- de la remuneración de los autores: su derecho a la misma es de cajón, cuando menos si alguien hace circular dinero con su obra por cualquier procedimiento (la casuística de lo que debería suceder si no circula dinero con el uso de esa obra sería objeto de otro debate en el que no voy a entrar ahora).

¿Entonces? ¿Cómo, por dónde y de qué manera hay que romper este círculo vicioso?

No sé si otras personas o colectivos habrán meditado igualmente sobre ello y a qué conclusión han llegado, en ese caso, pero la mía es que no hay por dónde romperlo, que no hay solución. Que no hay solución justa y equitativa para todos, quiero decir?

Por tanto, no hay más salida que hacer sangre. Hay que ser injusto con alguien. Hay que romper huevos para hacer esta tortilla. O, de otro modo, se puede repartir la injusticia entre todos, de manera que cada parte interesada sufra lo mínimo (aunque, inevitablemente, deberá, en este caso, sufrir algo).

¿Quién sufre la injusticia? O bien ¿cómo se reparte (si ése ha de ser el modo)? ¿Cómo se retrocompensa, si ello es posible y viable, al que sufre la injusticia? Y, lo más importante: ¿cómo se imparte la injusticia?

La lógica más elemental nos indica que eso sólo es posible con la anuencia, la conformidad del perjudicado y ésta sólo puede obtenerse si el perjudicado es, a su vez, compensado (retrocompensado, he dicho más arriba) por ese perjuicio que se le causa, por esa injusticia que se le inflige.

Y esa anuencia, esa conformidad sólo puede obtenerse de una negociación entre los interesados. Los colectivos anticanon, las asociaciones de consumidores, las sociedades de gestión de derechos de autor, la industria tecnológica y las productoras fonográficas tenemos que sentarnos en una mesa de negociación. Una mesa difícil, complicadísima, dura y larga, pero que no tiene ninguna otra alternativa.

Porque la única alternativa a ese diálogo es otra guerra seguramente mucho más dura y cruenta que la anterior. En la anterior, los internautas éramos, como quien dice, cuatro con un burrito; hoy, somos toda una sociedad que dispone de recursos de comunicación propios, las redes sociales; el control de los medios de comunicación -manteniendo aún cierta importancia- no será ni mucho menos tan esencial como la otra vez. Y en esta ocasión nos será muchísimo más fácil bajar esta guerra al ruedo político: recuérdese, de nuevo, el 15-M y recuérdese también que aquel cabreo social no sólo no ha disminuido desde entonces sino que se ha multiplicado.

Estas son las dos únicas opciones: o manos abiertas o puños cerrados. Yo creo que todos tenemos claro -o deberíamos tener claro- qué es lo mejor y yo, personalmente, apuesto por las manos abiertas.

En cualquier caso, si hay alguien que crea que eso lo soluciona él con el Boletín Oficial del Estado, que vaya pidiendo hora al imbecilólogo. Le va a hacer mucha falta.

Javier Cuchí

Miembro de la Asociación de Internautas


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