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LEY SINDE WERT

Dudas sobre la constitucionalidad de la Sección Segunda

Twitter era ayer un hervidero, un cruce de declaraciones constante entre detentores de derechos de la propiedad intelectual, partidarios de la aplicación de la ley Sinde e internautas y algunos juristas que ponían en duda tanto la eficacia como la constitucionalidad del proceso que impulsará desde hoy la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual (CPI).

01-03-2012 - a. a. redacción / la voz.- ¿Contra quién actuará la Sección Segunda de la CPI?

Siempre contra los responsables de las páginas ilegales, tanto las que acumulan contenidos como las que sirven de enlace hacia aquellas cuando su actividad supone ánimo de lucro o un daño al patrimonio intelectual. Pero nunca contra los particulares. Las descargas de Internet son legales en España.

¿El sistema de denuncias y cierre de páginas será ágil?

Eso pretende la ley, que da un plazo de 20 días a tres meses a la comisión para resolver. Pero el asunto puede complicarse cuando llegue al juez, como explica Loreto Corredoira, profesora de Derecho de la Información en la Universidad Complutense, partidaria de proteger la propiedad intelectual, pero en desacuerdo con la nueva ley en muchos puntos: «Si los responsables de los sitios web se niegan a retirar contenidos, el tema pasa al juzgado, con todos los condicionantes temporales que eso puede tener, por lo que tengo dudas sobre su eficacia y agilidad».

¿Cómo actuarán los jueces?

La Sección Segunda debe delegar en el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo para el cierre o la supresión de contenidos. Y obrará así también cuando no sea capaz de llevar a cabo la identificación del infractor. Pero si el Juzgado Central concluye que los hechos sobre los que investiga son constitutivos de delito, trasladará a su vez el caso a los tribunales penales. Los delitos contra la propiedad intelectual en España implican pena de cárcel de hasta cuatro años.

¿Por qué existen dudas sobre la constitucionalidad?

La Sección Segunda es un órgano administrativo, «lo que implica en el ámbito de los derechos -dice Corredoira- menos garantías de independencia e imparcialidad, pues la propia Administración tiene interés en el asunto en sí». Por eso considera el tema «un poco pillado por los pelos». Además, esta profesora de la Complutense duda «que los jueces del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo no se planteen en muchos supuestos la inconstitucionalidad de la norma y eleven una pregunta al Constitucional, pues no todos los casos que se les presenten serán evidentes, pero puede que sean transgresores de derechos económicos de los titulares. Esto paralizaría lógicamente el cierre o bloqueo de páginas y convertiría esta ley en papel mojado».

¿Qué dicen los internautas?

El presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, pronostica un «carajal legal muy importante, pues es un tremendo error que va a generar inmensos conflictos y gran inseguridad jurídica». En declaraciones a Efe, se pregunta siel papel de los magistrados va a ser un «mero sellado» de denuncias, mientras se confiesa «expectante» ante la decisión que tome el Tribunal Supremo, que admitió a trámite el recurso de esta asociación, que pidió la suspensión de la ley Sinde.

¿Cuál es la polémica de las denuncias electrónicas?

Una orden ministerial publicada ayer en el BOE obliga a tramitar las denuncias a través de medios electrónicos. Y además, los denunciados están obligados a disponer de firma electrónica para defenderse. Los internautas sostienen que esto restringe las posibilidades de defensa y genera indefensión. Profesora de Derecho de la Información en la Universidad Complutense.

Corredoira presentará dentro de dos semanas «La protección del talento», libro en el que aborda los problemas derivados de la propiedad intelectual en su interacción con Internet.


La Asociación de Internautas quiere ofrecer su iniciativa de denuncia de la ley Sinde-Wert a organizaciones, comunidades virtuales, sitios web y personas físicas que compartan y quieran respaldar esta petición al Supremo, invitándolos a suscribir un apoyo expreso para impedir que esta Ley liberticida prospere.

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