PATRICIA FERNÁNDEZ DE LIS
'Es imposible permanecer al margen de este asombroso proceso de cambio'. Eso dice el Gobierno en su Info XXI, promocionado como el plan definitivo para desarrollar la sociedad de la información (SI). Dos años después, España está en la cola de la UE en número de PC, acceso a Internet y banda ancha. Según la patronal Sedisi, estamos a 12 años de Europa y, según el PSOE, vamos a peor. Los presupuestos destinados a SI en 2002 han caído un 1,25%.
La ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, hablaba, el pasado mes de abril, de cinco puntos que permitirían la entrada de España en la nueva era de la sociedad de la información. Ésta es la situación actual de cada una de estas reglas de oro.
- 'Capacidad de elegir proveedor de acceso'. Pues bien, el acceso a la sociedad de la información es hoy muy complicado. El número de PC es insuficiente. España ocupa el tercer puesto por la cola entre los países de la OCDE en PC por habitante, y el 30% de las empresas españolas no usa PC. Asociaciones y cámaras han pedido planes para incentivar la compra de ordenadores, como el del Gobierno vasco, que ofrece una ayuda de hasta 45.000 pesetas para adquirir un ordenador. Además de la falta de instrumentos para acceder a la Red, hay problemas que afectan a la propia Red. Unas 300.000 personas que viven en pueblos de España no pueden acceder a Internet desde su teléfono rural, y el Gobierno prometió incluir Internet en el servicio universal de telecomunicaciones -que supone que todo ciudadano tiene acceso a telefonía fija, fax y transmisión de datos-, pero después rectificó, asegurando que lo hará cuando lo indique la UE. Según datos de abril, España es el tercer país por la cola de Europa en población conectada a Internet, y la Asociación de Internautas (AI) ha denunciado en los tribunales ordinarios la baja calidad del servicio.
- 'Precios asequibles'. Las peticiones de los internautas para que haya una tarifa plana de acceso a Internet son anteriores a la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y fueron asumidas por la anterior Administración del PP. Sin embargo, la tarifa que finalmente aprobó el Gobierno en junio de 2000 era ondulada, 2.750 pesetas al mes para navegar entre las ocho de la tarde y las seis de la mañana, y los fines de semana. Además, y según la OCDE, los precios de acceder a Internet de 20 horas no punta al mes (los más significativos del mercado doméstico) se incrementaron un 2% entre marzo y octubre de 2000.
- 'Infraestructuras de banda ancha'. Un mayor ancho de banda es la esperanza de todas las empresas que hacen negocios en o con Internet, ya que facilitará la navegación y mejorará las transacciones. Esta misma semana, sin embargo, un informe de la Comisión Europea alertaba de que las infraestructuras de banda ancha en Europa eran insuficientes y España está, de nuevo, a la cola, sólo superada, en lo bajo, por Grecia (ver cuadro).
- 'Marco jurídico'. Aquí tiene el Gobierno una de sus patatas calientes. El Ejecutivo de Aznar pondrá en marcha este otoño la LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información), que ha conseguido poner de acuerdo a usuarios y comercios porque todos están en contra. El Gobierno ha modificado tres veces la ley porque, en una actuación que nadie critica, ha invitado a todo tipo de colectivos a participar en ella. Pero, por ahora, las quejas son múltiples: algunas asociaciones de internautas creen que permite la censura porque exige el registro previo de web; los proveedores de Internet se quejan de que se les sanciona si alojan en sus páginas contenido improcedente, y las asociaciones de comercio electrónico protestan porque se les prohíbe enviar publicidad por correo electrónico sin autorización. El ministerio, además, y como 'autoridad competente', se reserva la capacidad de investigar, 'suspender' y sancionar actividades en la Red. Hay más problemas, como el registro de dominio (dirección en Internet) .es, correspondiente a España y coordinado por la entidad pública empresarial Red.es, que suele tardar meses, y que discrimina a las personas físicas frente a las jurídicas, ya que las primeras deben tener una marca registrada para poder tener su .es.
- 'Alfabetización digital'. Los expertos coinciden en que sirve de poco realizar grandes inversiones si la población no conoce las herramientas que pone a su disposición la sociedad de la información. Pero España tiene uno de los niveles más bajos de Europa de PC por 100 alumnos (7,1 frente a 11, 9 de la UE). Por este motivo, el Senado ha instado al Gobierno a ofrecer acceso a Internet gratuito en escuelas y universidades. El Ejecutivo no lo ha aceptado, y ha declinado establecer un plan de formación de profesores para enseñanzas no universitarias propuesto por la AI. Sí ha anunciado un plan para formar a un millón de españoles al año entre 2001 y 2003. Aún no ha arrancado.
Reproducido de El Pais
'Es imposible permanecer al margen de este asombroso proceso de cambio'. Eso dice el Gobierno en su Info XXI, promocionado como el plan definitivo para desarrollar la sociedad de la información (SI). Dos años después, España está en la cola de la UE en número de PC, acceso a Internet y banda ancha. Según la patronal Sedisi, estamos a 12 años de Europa y, según el PSOE, vamos a peor. Los presupuestos destinados a SI en 2002 han caído un 1,25%.
La ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, hablaba, el pasado mes de abril, de cinco puntos que permitirían la entrada de España en la nueva era de la sociedad de la información. Ésta es la situación actual de cada una de estas reglas de oro.
- 'Capacidad de elegir proveedor de acceso'. Pues bien, el acceso a la sociedad de la información es hoy muy complicado. El número de PC es insuficiente. España ocupa el tercer puesto por la cola entre los países de la OCDE en PC por habitante, y el 30% de las empresas españolas no usa PC. Asociaciones y cámaras han pedido planes para incentivar la compra de ordenadores, como el del Gobierno vasco, que ofrece una ayuda de hasta 45.000 pesetas para adquirir un ordenador. Además de la falta de instrumentos para acceder a la Red, hay problemas que afectan a la propia Red. Unas 300.000 personas que viven en pueblos de España no pueden acceder a Internet desde su teléfono rural, y el Gobierno prometió incluir Internet en el servicio universal de telecomunicaciones -que supone que todo ciudadano tiene acceso a telefonía fija, fax y transmisión de datos-, pero después rectificó, asegurando que lo hará cuando lo indique la UE. Según datos de abril, España es el tercer país por la cola de Europa en población conectada a Internet, y la Asociación de Internautas (AI) ha denunciado en los tribunales ordinarios la baja calidad del servicio.
- 'Precios asequibles'. Las peticiones de los internautas para que haya una tarifa plana de acceso a Internet son anteriores a la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y fueron asumidas por la anterior Administración del PP. Sin embargo, la tarifa que finalmente aprobó el Gobierno en junio de 2000 era ondulada, 2.750 pesetas al mes para navegar entre las ocho de la tarde y las seis de la mañana, y los fines de semana. Además, y según la OCDE, los precios de acceder a Internet de 20 horas no punta al mes (los más significativos del mercado doméstico) se incrementaron un 2% entre marzo y octubre de 2000.
- 'Infraestructuras de banda ancha'. Un mayor ancho de banda es la esperanza de todas las empresas que hacen negocios en o con Internet, ya que facilitará la navegación y mejorará las transacciones. Esta misma semana, sin embargo, un informe de la Comisión Europea alertaba de que las infraestructuras de banda ancha en Europa eran insuficientes y España está, de nuevo, a la cola, sólo superada, en lo bajo, por Grecia (ver cuadro).
- 'Marco jurídico'. Aquí tiene el Gobierno una de sus patatas calientes. El Ejecutivo de Aznar pondrá en marcha este otoño la LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información), que ha conseguido poner de acuerdo a usuarios y comercios porque todos están en contra. El Gobierno ha modificado tres veces la ley porque, en una actuación que nadie critica, ha invitado a todo tipo de colectivos a participar en ella. Pero, por ahora, las quejas son múltiples: algunas asociaciones de internautas creen que permite la censura porque exige el registro previo de web; los proveedores de Internet se quejan de que se les sanciona si alojan en sus páginas contenido improcedente, y las asociaciones de comercio electrónico protestan porque se les prohíbe enviar publicidad por correo electrónico sin autorización. El ministerio, además, y como 'autoridad competente', se reserva la capacidad de investigar, 'suspender' y sancionar actividades en la Red. Hay más problemas, como el registro de dominio (dirección en Internet) .es, correspondiente a España y coordinado por la entidad pública empresarial Red.es, que suele tardar meses, y que discrimina a las personas físicas frente a las jurídicas, ya que las primeras deben tener una marca registrada para poder tener su .es.
- 'Alfabetización digital'. Los expertos coinciden en que sirve de poco realizar grandes inversiones si la población no conoce las herramientas que pone a su disposición la sociedad de la información. Pero España tiene uno de los niveles más bajos de Europa de PC por 100 alumnos (7,1 frente a 11, 9 de la UE). Por este motivo, el Senado ha instado al Gobierno a ofrecer acceso a Internet gratuito en escuelas y universidades. El Ejecutivo no lo ha aceptado, y ha declinado establecer un plan de formación de profesores para enseñanzas no universitarias propuesto por la AI. Sí ha anunciado un plan para formar a un millón de españoles al año entre 2001 y 2003. Aún no ha arrancado.
Reproducido de El Pais
