Lo que está pasando en España es de escándalo y viene, además, de antiguo. La raíz de todos los males radica en la burla que se hizo de la normativa europea antiestatalización y antimonopolio cuando, de manera absolutamente bananera, se regaló a Telefónica la infraestructura de telecomunicaciones, una infraestructura que había financiado esa compañía con ingresos obtenidos en régimen de monopolio y siendo pública, lo que, cuando menos políticamente, equivale claramente a una situación parafiscal. Se debió poner a Telefónica al mismo nivel que sus competidoras, manteniendo la red en el ámbito público, poniéndola a disposición de todos a un precio justo e igual y, por supuesto, dando a todos libertad para el establecimiento de su propia red, bien en régimen completamente libre, bien en régimen de licencia administrativa.
Ya no están los tiempos para andar debatiendo sobre si es mejor la empresa pública o la empresa privada. Pinta el palo que pinta y hay que estar a él. Y el palo que pinta, nos guste o no, es la prelación de la empresa privada. Muy bien. Pero está claro que los ciudadanos tienen unas necesidades y que el país tiene unos objetivos que generan a su vez otras necesidades, en este caso de carácter general (competitividad, por ejemplo), y estas necesidades individuales y colectivas tienen que verse satisfechas y, además, a un precio razonable. Razonable quiere decir que las empresas tienen que cubrir sus gastos y obtener un beneficio normal, lo que no equivale, en absoluto, a tomar a los ciudadanos como súbditos que tienen que pagar a las empresas un gravoso tributo que usa no como contraprestación -no puede sostenerse en serio tal carácter- sino como mera justificación un servicio de calidad muy baja entregado como las lentejas: si quieres, te lo comes y, si no, lo dejas. En el punto en que las empresas no son capaces de ofrecer un servicio satisfactorio a un precio (precio, no confiscación) razonable, surge la necesidad de la iniciativa pública.
Pero todavía no pretendo, con mi discurso, clamar por la resurrección del INI, toda vez que la situación española es verdaderamente rocambolesca. Por un lado, existe un monopolio cierto, puesto que Telefónica es la única titular de la red de telecomunicaciones; titular, pero dueña relativa, en tanto en cuanto, por otra parte, está obligada a dar servicio a sus competidores a un precio tasado contra el cual la propia Telefónica no puede competir (porque la CMT lo considera desleal y no se lo permite). Si esto no son las hazañas de Rocambole, que baje Marconi y lo vea. Esta situación, por otra parte, ha dado lugar a que las demás compañías se hayan constituido tan fresca y cómodamente en simples intermediarios porque, evidentemente, a qué correr riesgos financieros invirtiendo en infraestructura propia si tranquilamente sentados en la mecedora podemos tomar el precio de mayorista a que está obligada a suministrarnos Telefónica y revender el producto, sin el menor valor añadido, al desgraciado ciudadano. Negocio más limpio de polvo y paja, imposible. Accesoriamente, la nulidad de los servicios estatales de defensa del consumidor, nos permite abusar impunemente del ciudadano, cobrando por servicios que no hemos prestado, dándole servicio a una calidad aún inferior a la miseria pactada (la miseria pactada es el diez por ciento de lo publicitado y la cosa se toma como lo más normal del mundo) y, encima, pobre de él como deje de pagar porque le espera el RAI y el cobrador del frac. Cosa normal, cuando las [por otra parte, escasas] multas que se imponen por irregularidades, en vez de computarse en puntos porcentuales de beneficios declarados en Bolsa -no en Hacienda, je- funcionan a piñón fijo en la normativa y apenas llega nunca a hablarse de más de algunos centenares de miles de euros, menos de lo que gasta en papel higiénico el consejo de administración.
En esta putrefacta situación, la CMT pretende evitar que las administraciones públicas cumplan con su obligación remediando o, cuando menos, paliando el problema, dando ellas el servicio que la sacrosanta empresa privada confiscatoria no da. Lo vimos en Barcelona, lo volvimos a ver en Atarfe y, ahora, la CMT pone freno -esta vez, previsible, a la vista de los otros dos casos- a la promesa del candidato del PSOE a la alcaldia de Madrid de dar cobertura wi-fi gratuita a toda la ciudad, si sale elegido.
No pretendo con ello defender a Sebastián, el candidato en cuestión; conociendo como conoce la actitud que adoptará la CMT al respecto, por más corrupta que sea esta actitud, el candidato socialista está cometiendo un fraude electoral, ni más ni menos. Pero sí quiero llamar la atención sobre la sangrante e indigna manera en que la CMT cruza palos en las ruedas del progreso de este ya de por sí desgraciado país que acumula, a los tradicionales, un nuevo retraso, porque la cobertura wi-fi pública (y espera a que se generalice Wimax) ya se está implantando en muchas ciudades del mundo. Ciudades, obviamente, que tienen la fortuna de no sufrir una CMT. Y nosotros, con estos [enésimos] pelos.
Aquí, lo único que les importa a tirios y a troyanos es que un ínfimo número de grandes empresas -sólo una de las cuales es, hoy, por hoy, española- se paseen boyantemente sobre el nefasto nivel tecnológico del país, mientras que nuestras empresas, las de verdad, las que intentan llevarlo adelante, sufren de grandes carencias frente a sus competidoras extranjeras en unas telecomunicaciones cochambrosas y a precios de verdadero atraco a mano armada. Están desesperadas las patronales, está desesperado algún que otro sindicato -los demás, no saben, no contestan, no va la fiesta con ellos, al parecer-, está desesperada la ciudadanía en general, pero los políticos -que además no tienen ni pajolera idea de todo lo que se está cociendo a nivel mundial en esta materia- escenifican estúpidas batallas campales que no conducen a nada positivo en base a cualquier fruslería, para tener entretenida a una ciudadanía cada día más muerta de asco.
¿Durará todavía mucho, esto?
Javier Cuchí en El Incordio
WIFI: La CMT en contra de la promesa electoral de Miguel Sebastian
Ya no están los tiempos para andar debatiendo sobre si es mejor la empresa pública o la empresa privada. Pinta el palo que pinta y hay que estar a él. Y el palo que pinta, nos guste o no, es la prelación de la empresa privada. Muy bien. Pero está claro que los ciudadanos tienen unas necesidades y que el país tiene unos objetivos que generan a su vez otras necesidades, en este caso de carácter general (competitividad, por ejemplo), y estas necesidades individuales y colectivas tienen que verse satisfechas y, además, a un precio razonable. Razonable quiere decir que las empresas tienen que cubrir sus gastos y obtener un beneficio normal, lo que no equivale, en absoluto, a tomar a los ciudadanos como súbditos que tienen que pagar a las empresas un gravoso tributo que usa no como contraprestación -no puede sostenerse en serio tal carácter- sino como mera justificación un servicio de calidad muy baja entregado como las lentejas: si quieres, te lo comes y, si no, lo dejas. En el punto en que las empresas no son capaces de ofrecer un servicio satisfactorio a un precio (precio, no confiscación) razonable, surge la necesidad de la iniciativa pública.
Pero todavía no pretendo, con mi discurso, clamar por la resurrección del INI, toda vez que la situación española es verdaderamente rocambolesca. Por un lado, existe un monopolio cierto, puesto que Telefónica es la única titular de la red de telecomunicaciones; titular, pero dueña relativa, en tanto en cuanto, por otra parte, está obligada a dar servicio a sus competidores a un precio tasado contra el cual la propia Telefónica no puede competir (porque la CMT lo considera desleal y no se lo permite). Si esto no son las hazañas de Rocambole, que baje Marconi y lo vea. Esta situación, por otra parte, ha dado lugar a que las demás compañías se hayan constituido tan fresca y cómodamente en simples intermediarios porque, evidentemente, a qué correr riesgos financieros invirtiendo en infraestructura propia si tranquilamente sentados en la mecedora podemos tomar el precio de mayorista a que está obligada a suministrarnos Telefónica y revender el producto, sin el menor valor añadido, al desgraciado ciudadano. Negocio más limpio de polvo y paja, imposible. Accesoriamente, la nulidad de los servicios estatales de defensa del consumidor, nos permite abusar impunemente del ciudadano, cobrando por servicios que no hemos prestado, dándole servicio a una calidad aún inferior a la miseria pactada (la miseria pactada es el diez por ciento de lo publicitado y la cosa se toma como lo más normal del mundo) y, encima, pobre de él como deje de pagar porque le espera el RAI y el cobrador del frac. Cosa normal, cuando las [por otra parte, escasas] multas que se imponen por irregularidades, en vez de computarse en puntos porcentuales de beneficios declarados en Bolsa -no en Hacienda, je- funcionan a piñón fijo en la normativa y apenas llega nunca a hablarse de más de algunos centenares de miles de euros, menos de lo que gasta en papel higiénico el consejo de administración.
En esta putrefacta situación, la CMT pretende evitar que las administraciones públicas cumplan con su obligación remediando o, cuando menos, paliando el problema, dando ellas el servicio que la sacrosanta empresa privada confiscatoria no da. Lo vimos en Barcelona, lo volvimos a ver en Atarfe y, ahora, la CMT pone freno -esta vez, previsible, a la vista de los otros dos casos- a la promesa del candidato del PSOE a la alcaldia de Madrid de dar cobertura wi-fi gratuita a toda la ciudad, si sale elegido.
No pretendo con ello defender a Sebastián, el candidato en cuestión; conociendo como conoce la actitud que adoptará la CMT al respecto, por más corrupta que sea esta actitud, el candidato socialista está cometiendo un fraude electoral, ni más ni menos. Pero sí quiero llamar la atención sobre la sangrante e indigna manera en que la CMT cruza palos en las ruedas del progreso de este ya de por sí desgraciado país que acumula, a los tradicionales, un nuevo retraso, porque la cobertura wi-fi pública (y espera a que se generalice Wimax) ya se está implantando en muchas ciudades del mundo. Ciudades, obviamente, que tienen la fortuna de no sufrir una CMT. Y nosotros, con estos [enésimos] pelos.
Aquí, lo único que les importa a tirios y a troyanos es que un ínfimo número de grandes empresas -sólo una de las cuales es, hoy, por hoy, española- se paseen boyantemente sobre el nefasto nivel tecnológico del país, mientras que nuestras empresas, las de verdad, las que intentan llevarlo adelante, sufren de grandes carencias frente a sus competidoras extranjeras en unas telecomunicaciones cochambrosas y a precios de verdadero atraco a mano armada. Están desesperadas las patronales, está desesperado algún que otro sindicato -los demás, no saben, no contestan, no va la fiesta con ellos, al parecer-, está desesperada la ciudadanía en general, pero los políticos -que además no tienen ni pajolera idea de todo lo que se está cociendo a nivel mundial en esta materia- escenifican estúpidas batallas campales que no conducen a nada positivo en base a cualquier fruslería, para tener entretenida a una ciudadanía cada día más muerta de asco.
¿Durará todavía mucho, esto?
Javier Cuchí en El Incordio
WIFI: La CMT en contra de la promesa electoral de Miguel Sebastian
