Es la enésima vez que las autoridades comunitarias, seguidas de las nacionales, intervienen en los mercados para supuestamente mejorar su funcionamiento, olvidando que cada intervención que realizan evidencia en mayor medida la equivocación que cometieron en las decisiones anteriores.
AI y ADECES entienden que es hora de denunciar esta permanente intervención y exigir responsabilidad y respeto a la seguridad jurídica, soporte, en un estado de derecho, de cualquier decisión en el ámbito social o económico.
Para ambas asociaciones el modelo de pago del receptor representa, fundamentalmente y en primer lugar una quiebra de la confianza del mercado, generando susceptibilidades entre los usuarios y entre los operadores.
Con este modelo, en el que el receptor soporta el precio de la llamada, habrá un descenso del uso del móvil (que siempre debería estar guiado por criterios de eficiencia), como respuesta al previsible encarecimiento del servicio. La reducción del uso se verá agravada porque este sistema excluirá a los usuarios con menor nivel de rentas, que hasta ahora empleaban el móvil más para recibir llamadas que para realizarlas, efecto que se puede extender hacía los usuarios de tarjeta. Se pasará, por tanto, de la extensión universal, tasas de penetración del móvil del 100% o superiores a situar la tasa por debajo de ese índice.
Las previsibles pérdidas de ingresos de los operadores, derivadas del menor uso y de la reducción de usuarios, según AI y ADECES, tenderán a ser compensadas reduciendo la subvención de terminales, cobrando servicios gratuitos y encareciendo otros servicios. En el peor de los casos la extensión de redes puede resentirse.
También se resentirá la extensión de banda ancha a través de tecnología móvil, donde se concentra la inversión en la actualidad (tanto en terminales como en red), como el desarrollo de servicios, ya que son los servidores o proveedores los receptores de las llamadas.
AI y ADECES consideran que ante los potenciales riesgos descritos y los beneficios más que dudosos de la propuesta debe ser el mercado quien determine si hay suficiente demanda para ofrecer servicios distintos a los actuales, incluidos aquellos en los que quien paga es el receptor de las llamadas.
AI y ADECES entienden que es hora de denunciar esta permanente intervención y exigir responsabilidad y respeto a la seguridad jurídica, soporte, en un estado de derecho, de cualquier decisión en el ámbito social o económico.
Para ambas asociaciones el modelo de pago del receptor representa, fundamentalmente y en primer lugar una quiebra de la confianza del mercado, generando susceptibilidades entre los usuarios y entre los operadores.
Con este modelo, en el que el receptor soporta el precio de la llamada, habrá un descenso del uso del móvil (que siempre debería estar guiado por criterios de eficiencia), como respuesta al previsible encarecimiento del servicio. La reducción del uso se verá agravada porque este sistema excluirá a los usuarios con menor nivel de rentas, que hasta ahora empleaban el móvil más para recibir llamadas que para realizarlas, efecto que se puede extender hacía los usuarios de tarjeta. Se pasará, por tanto, de la extensión universal, tasas de penetración del móvil del 100% o superiores a situar la tasa por debajo de ese índice.
Las previsibles pérdidas de ingresos de los operadores, derivadas del menor uso y de la reducción de usuarios, según AI y ADECES, tenderán a ser compensadas reduciendo la subvención de terminales, cobrando servicios gratuitos y encareciendo otros servicios. En el peor de los casos la extensión de redes puede resentirse.
También se resentirá la extensión de banda ancha a través de tecnología móvil, donde se concentra la inversión en la actualidad (tanto en terminales como en red), como el desarrollo de servicios, ya que son los servidores o proveedores los receptores de las llamadas.
AI y ADECES consideran que ante los potenciales riesgos descritos y los beneficios más que dudosos de la propuesta debe ser el mercado quien determine si hay suficiente demanda para ofrecer servicios distintos a los actuales, incluidos aquellos en los que quien paga es el receptor de las llamadas.