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Las quejas de los usuarios de telefonía aumentan a un ritmo del 20 %


La Federación de Usuarios y Consumidores Independientes, FUCI, ha podido constatar como la liberalización y la libre competencia de la telefonía no ha traído consigo todo lo bueno que se esperaba. Las reclamaciones en esta materia se incrementan a un ritmo del 20% cada año, un hecho que resulta paradójico en un sector tan competitivo.





El pasado año se recibieron cerca de 29.000 reclamaciones, 7.000 más que en el 2000 y se espera que en el presente estas cifras se disparen ya que del total de quejas recibidas más del 50% se refieren a telefonía.



De éstas reclamaciones, 16.000 se efectuaron en el 2001 en la Comunidad de Madrid, que experimenta un aumento del número de denuncias del 15% respecto al año 2000.

Las reclamaciones más frecuentes en los dos tipos de telefonía, tanto fija como móvil, se centran en la mala prestación de servicios de información y del total), fallos en las conexiones a Internet (14%), dificultades para solicitar la desconexión o el cambio de operador (11%), fraudes en la aplicación de la tarifa plana (8%), duplicación de facturas (7%), prestación de servicios no solicitados (5%), inclusión en fichero de morosos (2%) ...



Ante esta situación, desde el gabinete jurídico de FUCI se destaca la necesidad de que exista una buena calidad de los servicios de atención de las operadoras, dando la posibilidad al cliente de ser atendido por verdaderos profesionales que trabajen en oficinas a pie de calle para resolver sus innumerables quejas y dudas, ya que la eliminación de las oficinas comerciales provoca que el servicio hacia el consumidor sea deficiente.

Asimismo, desde FUCI se aconseja a los usuarios que a la hora de reclamar ante una compañía deben hacerlo siempre por escrito para que quede constancia de la queja, requisito previo para acudir a la junta arbitral. Por ello, es muy importante conservar todos los documentos (contratos, facturas ...) que puedan servir como prueba.

Según FUCI, los usuarios deben acercarse a las asociaciones de consumidores para que el asunto sea llevado ante una junta arbitral, -al que están adscritas todas las compañías de teléfonos- , ya que es un procedimiento gratuito cuyo laudo o resolución se dicta en un plazo de tiempo relativamente corto.


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