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Piqué concede a las nuevas telefónicas ocho de sus diez reclamaciones


El ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, concretará hoy en el Congreso su nueva política para salvar a las telecomunicaciones españolas de la crisis. Fuentes cercanas a este departamento aseguran que el ministro concederá ocho de las diez peticiones que las nuevas telefónicas plantearon en junio a su antecesora, Anna Birulés, a través de la patronal Astel.





Antonio Ruiz del Árbol / Inés Abril / MADRID (25-09-2002)

El sector de las telecomunicaciones españolas espera con expectación la intervención de Josep Piqué en el Congreso. Después de la euforia inicial de las operadoras alternativas a Telefónica ante la receptividad que el ministro demostró a las tesis de Astel a finales del verano, la tardanza en concretar las reformas esbozadas ha disparado la intranquilidad. Las nuevas telefónicas, y muy especialmente Auna, Jazztel, Uni2 y Ono, consideran que cuanto más se retrase la adopción de medidas más permeable será Piqué a las duras presiones que ejercen Telefónica y sus compañeros de Gobierno Rodrigo Rato y Cristóbal Montoro desde los ministerios de Economía y Hacienda.

Telefónica recibió con alegría contenida la reforma del sistema de precios máximos que regula sus tarifas y ocultó su desagrado ante el anuncio de modificaciones que le son desfavorables. Sin embargo, como en otras ocasiones, el ex monopolio ha desplegado todas sus armas para minimizar su efecto negativo. Rato, por su parte, lucha por contener el IPC, mientras que Montoro vigila que la recaudación fiscal no quede mermada.

Fuentes del sector, no obstante, aseguran que Piqué mantendrá hoy la filosofía que ha diseñado desde que asumió la cartera de telecomunicaciones y concederá en mayor o menor medida ocho de las diez reclamaciones planteadas por Astel a su antecesora para recuperar la competencia en el sector.

Ciencia y Tecnología se muestra reticente, tal y como le pedía la patronal, a limitar la cuota de mercado que debe tener Telefónica en los distintos servicios y tampoco exigirá cifras concretas en la apertura de determinados servicios. El objetivo del ministerio es establecer con su política los cauces para que esto suceda gracias al aumento de la competencia, la revitalización del sector y la vigilancia a las prácticas del operador dominante, pero sin determinismos previos.

Factura única

Fuentes cercanas a Piqué explican que el resto de las medidas serán aceptadas y desarrolladas en su práctica integridad. La reivindicación de la factura única ha sido claramente asumida por el ministerio. Todavía quedan por conocerse los plazos, pero la materialización de una medida que permitirá a los operadores alternativos girar a sus clientes particulares preseleccionados un único recibo, que incluya tanto el tráfico que ellos proveen como la cuota de abono, que todavía maneja Telefónica, es sólo cuestión de tiempo. También queda por determinar en qué momento y con qué características pagará el operador alternativo la parte de la factura que corresponde al ex monopolio, propietario del bucle.

Astel ya recibió en julio satisfacción prácticamente total a una de sus principales reivindicaciones, que la preselección se ampliara a todo tipo de llamadas y que Telefónica no pueda realizar en un plazo prácticas de recuperación de los clientes perdidos. La única desilusión ha procedido del periodo fijado, que pasó desde los ocho meses de demora que pedía la patronal a cuatro.

Las operadoras alternativas han exigido que se llevara a la práctica una medida ya aprobada en tiempos de Anna Birulés, pero que ha tenido serios problemas para materializarse. Se trata de la interconexión por capacidad, que permite a un operador pagar a Telefónica no por el tiempo que utiliza su red, sino por la capacidad de información que transmite. Piqué se ha comprometido a hacer realidad la implantación práctica de este propuesta, una medida que produce un fuerte rechazo en el ex monopolio.

Entre las iniciativas anunciadas por Piqué, la que más repercusión social ha tenido es la reforma del price cap. Esta medida estaba recogida en el decálogo de Astel, pero beneficia tanto más a Telefónica que a las operadoras alternativas. En la comparecencia del ministro de hoy se espera conocer nuevos detalles, aunque se prevé que la aprobación formal se produzca mañana, en la comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos.

El Grupo Socialista en el Congreso, a petición del cual se celebra la comparecencia, planteará a Piqué su convencimiento de que la reforma del sistema de precios máximos de Telefónica supone una subida real de tarifas que perjudicará en mayor medida a las rentas más bajas.

Nuevo papel para el árbitro de las 'telecos'

El ministro de Ciencia y Tecnología deberá definir cuanto antes cuál es el papel que jugará en la nueva etapa de la liberalización del sector la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Todo apunta a que, como han solicitado Astel y otros organismos, Piqué dará un mayor poder al organismo regulador, tanto para aumentar su capacidad sancionadora como para agilizar y profundizar sus investigaciones. El equilibrio entre los distintos árbitros de las telecomunicaciones, sin embargo, no es fácil, puesto que la concesión de mayores poderes a la CMT puede ir en detrimento de otras instituciones, como el propio Ministerio de Ciencia y Tecnología o el Servicio de Defensa de la Competencia. La decisión debe tomarse, además, cuando la campaña por la sucesión al frente de la CMT está ya en pleno apogeo y no está claro quién tendrá la última palabra en el nombramiento: Piqué, cuyo departamento acaba de recibir las competencias sobre la comisión, o Rato. Junto a las peticiones que afectan a la CMT, Astel recibirá de Piqué una gran noticia: los concursos públicos para proveer servicios de telecomunicaciones se vigilarán con lupa para evitar que el operador dominante pueda imponer su hegemonía, como ha ocurrido hasta la fecha. En la etapa de Birulés se suscitaron dos graves problemas, que el ministro Piqué y las operadoras quieren ahora resolver. El primero de ellos fue la imposición de una tasa por el uso del espectro radioeléctrico a las empresas de telefonía móvil, acceso local vía radio (LMDS) y televisión por un total de más de 1.000 millones de euros en 2001, que este año fue rebajada a 420 millones. El segundo problema se sitúa en el ámbito local, donde los ayuntamientos pretenden aplicar fiscalidades dispares ante la necesidad de las operadoras de establecer antenas en sus demarcaciones.

Reproducido de 5Días


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