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INTERNAUTADAS

Diez años no son nada.


Tenemos Adsl en España desde 1.999; aunque en marzo de ese año apareció en el BOE, no fue hasta finales de año cuando empezó su comercialización. La novedad la pagamos cara desde el principio a 9.000 de las antiguas pesetas al mes, posteriormente bajó a 6.500 pts. y así hasta ahora que pagamos un precio de referencia en torno a los 39 euros al mes.




Y no avanzamos; todos los estudios coinciden en señalar y demostrar que el acceso a la banda ancha en España es de los más caros y lentos de Europa; además 3.700.000 ciudadanos no tienen derecho a estos accesos en función de su localización geográfica. Está situación deviene del empecinamiento de la CMT y el Gobierno de España en mantener el vigente modelo regulatorio, agotado tras una década intentando salvaguardar a toda costa la viabilidad de los operadores revendedores frente a los operadores propietarios de redes. Este modelo, basado en “regulación asimétrica”, viene ejerciendo un efecto inhibidor sobre la inversión en nuevas redes, la innovación y la aparición de ofertas diferenciadas, que está perjudicando gravemente a los derechos y los intereses de los usuarios.

La última posibilidad de España para acceder a la Sociedad de la Información pasa necesariamente por una nueva normativa regulatoria para las telecomunicaciones que favorezca la inversión y la innovación, que posibilite el despliegue de redes de banda ancha de nueva generación, al tiempo que no penalice el esfuerzo inversor de los operadores para incorporar la amplia gama de productos diferenciados que la tecnología de las telecomunicaciones está en disposición de ofrecer a los ciudadanos y la declaración de servicio universal para el acceso a Internet mediante banda ancha.

Internet no es un lujo, ni un mero servicio para el ocio. Por eso es un deber ineludible para el Gobierno posibilitar que pueda llegar a todos los hogares y a un precio razonable.

El futuro nos va en ello.

Tribuna de Víctor Domingo en La Gaceta.es

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