Las empresas integradas en AECE se
consideran especialmente perjudicadas por
este aspecto de la llamada ley de Internet,
porque las restricciones, en su opinión, van
más allá de las que impone la Ley Orgánica de
Protección de Datos Personales (LOPD) de
1999. Según Iñaki Uriarte, director de
Relaciones Jurídicas de esta asociación, "esta
ley orgánica establece que para recibir
publicidad es necesario el consentimiento
inequívoco e informado del titular, mientras
que el nuevo proyecto de ley de Internet sólo
habla de consentimiento previo y expreso".
Los empresarios del sector insisten en que estas trabas legales van "a hacer muy difícil el desarrollo de su actividad", en palabras de Uriarte. En definitiva, lo que AECE reclama es que el envío masivo de publicidad a través del correo electrónico (spam), "se regule a través de la Ley de Protección de Datos, ya que con ésta tampoco se produce una desprotección del usuario, pues establece una serie de obligaciones y sanciones que van desde 60.000 a 600.000 euros".
"Esto no significa que estemos a favor del spam, pero, si se mantiene el texto del actual proyecto de ley, se está equiparando el dato del comercio electrónico con los datos relativos a la salud de las personas, la ideología o los de la religión, que tienen un mayor nivel de protección en la LOPD", explica.
Al parecer, las peticiones de las asociaciones de internautas y la necesidad de alinearse con la directiva europea que prohíbe el envío de correspondencia comercial no solicitada a través de Internet, el teléfono móvil o el fax han empujado al Gobierno a aprobar una norma restrictiva.
Las enmiendas que está elaborando AECE se presentarán a los principales grupos políticos (PP, PSOE, PNV y CiU), que, en estos momentos, están debatiendo el proyecto de ley en la Comisión de Investigación y Ciencia del Congreso.
CONTRADICCIÓN
Los expertos coinciden en que la norma hoy en trámite incurre en contradicción con la Ley de Protección de Datos. Para Ernesto Quílez, abogado experto en la materia y contrario al uso que están haciendo muchas empresas de los datos personales de los ciudadanos, "basta con recurrir al mismo argumento que se ha utilizado para el nuevo proyecto de ley [el de evitar que el usuario se vea invadido por una publicidad no querida e incómoda] para pedir el consentimiento a las personas a quienes se quiera incluir en campañas promocionales", en referencia a la LDPD.
En estos momentos, esta ley permite a las empresas que utilizan la publicidad comercial tradicional obtener y tratar los datos personales del llamado censo promocional que obtiene datos del censo electoral sin contar con el consentimiento previo del ciudadano.
Con todo, el censo promocional todavía no está regulado y contra la utilización de estos datos a los usuarios les queda la posibilidad de blindarse apuntándose a las listas denominadas Robinson, en tanto se aprueba el reglamento.
Reproducido de Cinco Días
Los empresarios del sector insisten en que estas trabas legales van "a hacer muy difícil el desarrollo de su actividad", en palabras de Uriarte. En definitiva, lo que AECE reclama es que el envío masivo de publicidad a través del correo electrónico (spam), "se regule a través de la Ley de Protección de Datos, ya que con ésta tampoco se produce una desprotección del usuario, pues establece una serie de obligaciones y sanciones que van desde 60.000 a 600.000 euros".
"Esto no significa que estemos a favor del spam, pero, si se mantiene el texto del actual proyecto de ley, se está equiparando el dato del comercio electrónico con los datos relativos a la salud de las personas, la ideología o los de la religión, que tienen un mayor nivel de protección en la LOPD", explica.
Al parecer, las peticiones de las asociaciones de internautas y la necesidad de alinearse con la directiva europea que prohíbe el envío de correspondencia comercial no solicitada a través de Internet, el teléfono móvil o el fax han empujado al Gobierno a aprobar una norma restrictiva.
Las enmiendas que está elaborando AECE se presentarán a los principales grupos políticos (PP, PSOE, PNV y CiU), que, en estos momentos, están debatiendo el proyecto de ley en la Comisión de Investigación y Ciencia del Congreso.
CONTRADICCIÓN
Los expertos coinciden en que la norma hoy en trámite incurre en contradicción con la Ley de Protección de Datos. Para Ernesto Quílez, abogado experto en la materia y contrario al uso que están haciendo muchas empresas de los datos personales de los ciudadanos, "basta con recurrir al mismo argumento que se ha utilizado para el nuevo proyecto de ley [el de evitar que el usuario se vea invadido por una publicidad no querida e incómoda] para pedir el consentimiento a las personas a quienes se quiera incluir en campañas promocionales", en referencia a la LDPD.
En estos momentos, esta ley permite a las empresas que utilizan la publicidad comercial tradicional obtener y tratar los datos personales del llamado censo promocional que obtiene datos del censo electoral sin contar con el consentimiento previo del ciudadano.
Con todo, el censo promocional todavía no está regulado y contra la utilización de estos datos a los usuarios les queda la posibilidad de blindarse apuntándose a las listas denominadas Robinson, en tanto se aprueba el reglamento.
Reproducido de Cinco Días
