Ese Código ético, elaborado sin la participación de ninguna organización de
usuarios y consumidores, fue rechazado por la Asociación de Internautas en
la consideración de que no ofrecía confianza ni fiabilidad alguna a los
consumidores y usuarios, porque las asociaciones empresariales y sectoriales
redactoras y adheridas al mismo quieren con ese autodenominado "Código
ético" imponer a los usuarios y consumidores sus condiciones al haberlo
realizado sin la participación de usuarios ni consumidores, en contra del
espíritu de autorregulación de Internet, en contra de la Directiva sobre
comercio electrónico y en contra de la Ley de servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio electrónico.
Con ese motivo, el Diputado de Xunta Aragonesista, José Antonio Labordeta, se comprometió públicamente a formular una pregunta al Gobierno sobre ese Código ético. Cumplió la promesa y hoy se han conocido las respuestas del Gobierno. Y las respuestas dadas vuelven a incidir en el mismo desconocimiento no sólo de la letra de la ley sino del espíritu mismo de la autorregulación en Internet.
En la respuesta dada a la pregunta del Diputado aragonés, según ha informado Europa Press, el Gobierno sostiene haber cumplido la Ley de servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico al haber "consultado" al Instituto Nacional de Consumo por considerar "que ejerce las funciones de promoción y fomento de los derechos de los consumidores y usuarios, por lo que se estima que sus intereses quedan "salvaguardados" a través de este código".
Tal vez para quienes han elaborado materialmente la respuesta del Gobierno sea posible sustituir la participación de la sociedad civil en los asuntos públicos a través de la intervención de los organismos de la Administración, aunque resulta difícil creerlo en quienes han venido sufriendo un enorme desgaste político precisamente por no dar la espalda a la sociedad civil y someter una y otra vez a consulta las más variopintas iniciativas, planes, programas y borradores legislativos. Uno de estos, precisamente la actual Ley de servicios de la Sociedad de la Información, refiere textualmente en lo que afecta a la autorregulación (artículo 18.2), que "En la elaboración de los Códigos de conducta habrá de garantizarse la participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y la de las organizaciones representativas de personas con discapacidades físicas o psíquicas, cuando afecten a sus respectivos intereses", como no podría ser de otra forma en un Estado de Derecho.
Ahora, esa clamorosa ausencia en la elaboración de un Código de conducta que se intenta presentar como modélico pese al rechazo generado, se pretende por el Gobierno que puede ser sustituida la participación de consumidores y usuarios en la elaboración por la simple consulta al Instituto Nacional de Consumo. Para semejante viaje, para seguir con las mismas viejas prácticas, no era necesaria ni la Constitución (artículo 51.2) ni, por supuesto, la Ley de servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico.
No es casualidad que quienes han elaborado materialmente la respuesta al Diputado consideren que analizar el estado de la Sociedad de la Información y encontrar las claves para su desarrollo e impulso no son funciones en las que puedan participar los usuarios de los servicios de esa Sociedad de la Información.
Tampoco es casualidad que esos mismos autoricen rebajas en las tarifas, impulsadas desde Comisiones interministeriales, para que se quede su aplicación a libre criterio de quienes -teóricamente- van a obtener menos ingresos si deciden aplicarlas.
Por todo ello, la Asociación de Internautas va a elaborar un memorándum que elevará al Presidente del Gobierno fundamentando la necesidad del cese inmediato del Ministro de Ciencia y Tecnología junto con todo su equipo, al considerarles responsables de iniciativas y de omisiones contrarias a los intereses de los internautas, por tanto enemigas del desarrollo de la Sociedad de la Información, principio que la Asociación considera primordial en la política de cualquier Gobierno español, pero que viene siendo torpedeado por el desconocimiento y la desidia de los responsables políticos del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Asociación de Internautas
Con ese motivo, el Diputado de Xunta Aragonesista, José Antonio Labordeta, se comprometió públicamente a formular una pregunta al Gobierno sobre ese Código ético. Cumplió la promesa y hoy se han conocido las respuestas del Gobierno. Y las respuestas dadas vuelven a incidir en el mismo desconocimiento no sólo de la letra de la ley sino del espíritu mismo de la autorregulación en Internet.
En la respuesta dada a la pregunta del Diputado aragonés, según ha informado Europa Press, el Gobierno sostiene haber cumplido la Ley de servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico al haber "consultado" al Instituto Nacional de Consumo por considerar "que ejerce las funciones de promoción y fomento de los derechos de los consumidores y usuarios, por lo que se estima que sus intereses quedan "salvaguardados" a través de este código".
Tal vez para quienes han elaborado materialmente la respuesta del Gobierno sea posible sustituir la participación de la sociedad civil en los asuntos públicos a través de la intervención de los organismos de la Administración, aunque resulta difícil creerlo en quienes han venido sufriendo un enorme desgaste político precisamente por no dar la espalda a la sociedad civil y someter una y otra vez a consulta las más variopintas iniciativas, planes, programas y borradores legislativos. Uno de estos, precisamente la actual Ley de servicios de la Sociedad de la Información, refiere textualmente en lo que afecta a la autorregulación (artículo 18.2), que "En la elaboración de los Códigos de conducta habrá de garantizarse la participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y la de las organizaciones representativas de personas con discapacidades físicas o psíquicas, cuando afecten a sus respectivos intereses", como no podría ser de otra forma en un Estado de Derecho.
Ahora, esa clamorosa ausencia en la elaboración de un Código de conducta que se intenta presentar como modélico pese al rechazo generado, se pretende por el Gobierno que puede ser sustituida la participación de consumidores y usuarios en la elaboración por la simple consulta al Instituto Nacional de Consumo. Para semejante viaje, para seguir con las mismas viejas prácticas, no era necesaria ni la Constitución (artículo 51.2) ni, por supuesto, la Ley de servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico.
No es casualidad que quienes han elaborado materialmente la respuesta al Diputado consideren que analizar el estado de la Sociedad de la Información y encontrar las claves para su desarrollo e impulso no son funciones en las que puedan participar los usuarios de los servicios de esa Sociedad de la Información.
Tampoco es casualidad que esos mismos autoricen rebajas en las tarifas, impulsadas desde Comisiones interministeriales, para que se quede su aplicación a libre criterio de quienes -teóricamente- van a obtener menos ingresos si deciden aplicarlas.
Por todo ello, la Asociación de Internautas va a elaborar un memorándum que elevará al Presidente del Gobierno fundamentando la necesidad del cese inmediato del Ministro de Ciencia y Tecnología junto con todo su equipo, al considerarles responsables de iniciativas y de omisiones contrarias a los intereses de los internautas, por tanto enemigas del desarrollo de la Sociedad de la Información, principio que la Asociación considera primordial en la política de cualquier Gobierno español, pero que viene siendo torpedeado por el desconocimiento y la desidia de los responsables políticos del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Asociación de Internautas
