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El difícil encaje de la economía colaborativa y la legislación


Una nueva normativa prohibirá en Cataluña la reventa de entradas por internet. Las empresas del sector de la economía colaborativa critican las trabas y piden leyes que se adapten a la realidad actual




David Guerrero El Mundo.es.- El cese temporal de la actividad de Uber por decisión judicial ha sido muy sonado. Sin llegar a ese extremo, varios son los casos de empresas que se engloban bajo el gran paraguas de la economía colaborativa que se han encontrado con problemas por la legislación vigente. El más reciente es el de Ticketbis, una página web que actúa como punto de reventa segura de entradas para conciertos, partidos de fútbol y otros espectáculos. Ahora la empresa puede verse obligada a dejar de operar en Cataluña si prospera una norma que la Generalitat está tramitando por la vía urgente para prohibir la reventa de entradas en internet.

El fundador de la empresa, Jon Uriarte, lamenta que operan en 30 países sin problemas y aquí se han encontrado de repente con contratiempos pese a que en su momento se habían reunido con el gobierno autonómico catalán -así como con el de Madrid y del País Vasco- para presentar el sistema y les habían dado luz verde. «Siempre hemos ido de cara, no operamos desde la oscuridad, dejamos claro lo que hacemos», indica Uriarte con cierta tristeza. «Te matas por hacer un proyecto puntero, tenemos presencia a nivel mundial, creamos 300 puestos de trabajo y lo único que recibimos son trabas, esto es negativo para el país», remata. La ley más reciente sobre la reventa tiene más de 30 años, se hizo coincidiendo con la celebración del Mundial del 82 en España. Ha llovido mucho desde entonces pero no ha sido hasta la aparición de los nuevos portales de internet que se ha visto necesario actualizar la legislación.

Uriarte no duda en apuntar a los que considera responsables de la ley: los promotores y organizadores de eventos. «Nos ven como una amenaza aunque en ningún caso perjudica al sector ya que una entrada sólo puede ser revendida si ha sido previamente adquirida en el mercado primario», recuerda Uriarte, poniendo énfasis en que su web no tiene nada que ver con la reventa callejera. En el caso de Ticketbis, lejos de la oscuridad de las afueras de un estadio, se ofrece una garantía de seguridad y, según Uriarte, «ha contribuido a llevar por los cauces legales lo que era economía sumergida, por lo que así se pagan los impuestos referentes a cada transacción».

Empresas de la economía colaborativa se agruparon en Sharing España

En otros países Ticketbis y empresas similares tienen acuerdos con equipos de fútbol y promotores de conciertos. En España de momento no lo han conseguido. A quien sí que tienen de su parte parece es a la opinión pública. Una encuesta realizada por la Asociación de Internautas sobre una muestra de consumidores catalanes revela que el 63,6% de los usuarios piensa que una vez comprada la entrada está en su derecho de utilizarla, regalarla o revenderla. En la misma línea, el 71% de los encuestados está en completo desacuerdo con que se deba pedir autorización al organizador para revender las entradas.

Para tratar de ser más fuertes, Ticketbis y varias decenas de empresas más del sector de la economía colaborativa se han agrupado en Sharing España. El grupo de presión fue creado el año pasado a la vez que el Comité Económico y Social Europeo emitía un dictamen que pretendía empujar al Consejo Europeo a incluir en su agenda de trabajo el fenómeno de la economía colaborativa que, según las estimaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el 2013 movió 2.580 millones de euros en España. El colectivo considera que el proyecto de ley contra la reventa de entradas «supone un nuevo paso atrás para el encaje de servicios de la sociedad de la información que son competitivos y usados regularmente por los usuarios».

Sharing España también apoya a otro de los casos más sonados de los últimos años: la Generalitat multó a Airbnb el pasado verano con 30.000 euros por hacer en Barcelona lo que desarrolla sin tantos problemas en grandes ciudades de medio mundo. Ha sido la primera administración de la Unión Europea en atreverse a hacerlo. En este caso, la ley exige la necesidad de tener una licencia para viviendas de uso turístico, dejando en un terreno difuso los matices que aporta la plataforma digital que conecta visitantes que buscan alojamiento con personas que quieren compartir su casa. «La normativa actual fue creada para profesionales que poseen propiedades que explotan para uso turístico exclusivamente, estas leyes no tienen en cuenta a la gente corriente que desea compartir la casa en la que vive», apunta un portavoz oficial de la empresa. Si en el caso de la reventa de entradas se apuntaba a las promotoras como la causa de los problemas legislativos, en este caso se trata de los hoteleros que ven cómo cada vez es mayor el uso de este tipo de alojamientos.

Airbnb espera en Barcelona una normativa similar a la de otras ciudades

20 millones de personas utilizaron Airbnb alrededor del mundo el año pasado. Igual que en la mayoría de grandes ciudades, el uso de la plataforma en Barcelona es enorme. Se ofertan 15.200 alojamientos, una cifra que crece anualmente a pasos agigantados y sitúa la ciudad mediterránea sólo por debajo de París y Londres a nivel europeo. Un estudio avalado por profesores de IESE y ESADE revela que Airbnb generó en el 2013 unos 128 millones de euros de actividad económica en Barcelona y que ha impulsado 4.310 puestos de trabajo.

La empresa, que cuenta con oficinas en la ciudad, espera llegar a algún acuerdo que adapte la legislación a la realidad actual. Los referentes son muchos. El más reciente es Reino Unido, que está trabajando en un proyecto de ley para promover la economía colaborativa que legaliza el uso de Airbnb marcando el alquiler de la vivienda habitual en un máximo de 90 días. Otras ciudades como Ámsterdam han llegado a un acuerdo con Airbnb para que la empresa se encargue de recaudar la tasa turística y remitirla a las autoridades competentes, cumpliendo así con la normativa. «De esta manera se refuerza la imagen de una ciudad hospitalaria que abraza la innovación y la economía colaborativa», destaca el portavoz de la compañía. Similares acuerdos se han firmado en San Francisco, Washington y Chicago. Fuentes de Airbnb aseguran que están «deseosos de colaborar para establecer una normativa clara y contribuir a que Barcelona se mantenga a la vanguardia de la innovación». Es el reto en el que deben trabajar todos los actores implicados.


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