El texto que presentó la portavoz socialista Francisca Pleguezuelos contempla la delimitación clara de las competencias de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) y el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la financiación mixta del servicio universal. El texto incluye la cobertura móvil en el servicio universal y regula la prestación de este servicio y su financiación con un sistema de carácter mixto que supone que parte de la financiación recaiga en los Presupuestos Generales del Estado y se complemente con las aportaciones de las operadoras, aunque no especifica los porcentajes de cada aportación.
Por su parte, IU no defendió su enmienda de totalidad para la devolución del texto al Gobierno, y tampoco participó en la votación ya que, como habían anunciado, sus diputados abandonaron el hemiciclo para secundar la huelga general de dos horas convocada por UGT contra la guerra.
Sanciones más estrictas
El Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones establece la posibilidad de imponer sanciones de hasta 20 millones de euros a las empresas que infrinjan las normas del libre mercado. De este modo, establece un régimen sancionador más estricto, lo que responde a la disminución de la intervención administrativa que incluye la Ley. Además de las sanciones económicas, la Ley prevé la posible inhabilitación del operador que cometa una infracción y la retirada del mercado de equipos y aparatos que incumplan los requisitos esenciales.
Entre las principales novedades de la nueva Ley General de Telecomunicaciones figura también que cualquier empresa podrá actuar como operador en el mercado sin necesidad de obtener una autorización administrativa para ello, únicamente informando con carácter previo a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Además, el texto refuerza el papel de la CMT, que analizará periódicamente los diversos mercados de telecomunicaciones, detectando los sectores en que no exista una competencia efectiva, y podrá imponer obligaciones específicas para favorecer la competencia a los operadores con posición de dominio, que pasarán a denominarse "operadores con poder significativo en el mercado".
Reproducido de El País.es
Por su parte, IU no defendió su enmienda de totalidad para la devolución del texto al Gobierno, y tampoco participó en la votación ya que, como habían anunciado, sus diputados abandonaron el hemiciclo para secundar la huelga general de dos horas convocada por UGT contra la guerra.
Sanciones más estrictas
El Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones establece la posibilidad de imponer sanciones de hasta 20 millones de euros a las empresas que infrinjan las normas del libre mercado. De este modo, establece un régimen sancionador más estricto, lo que responde a la disminución de la intervención administrativa que incluye la Ley. Además de las sanciones económicas, la Ley prevé la posible inhabilitación del operador que cometa una infracción y la retirada del mercado de equipos y aparatos que incumplan los requisitos esenciales.
Entre las principales novedades de la nueva Ley General de Telecomunicaciones figura también que cualquier empresa podrá actuar como operador en el mercado sin necesidad de obtener una autorización administrativa para ello, únicamente informando con carácter previo a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Además, el texto refuerza el papel de la CMT, que analizará periódicamente los diversos mercados de telecomunicaciones, detectando los sectores en que no exista una competencia efectiva, y podrá imponer obligaciones específicas para favorecer la competencia a los operadores con posición de dominio, que pasarán a denominarse "operadores con poder significativo en el mercado".
Reproducido de El País.es
