Entre 2000 y 2014, la UE destinó 5 600 millones de euros a 84 proyectos de APP, con un coste total de los proyectos de 29200 millones de euros. Los auditores evaluaron 12 APP cofinanciadas por la UE en Francia, Grecia, Irlanda y España, en los sectores del transporte por carretera y las tecnologías de la información y comunicación (TIC), con un coste total de 9.600 millones de euros y una contribución de la UE de 2.200 millones de euros. En general, los auditores constataron que las APP posibilitaron que los poderes públicos adquirieran infraestructuras a gran escala mediante un único procedimiento, pero aumentaron el riesgo de competencia insuficiente y, por ende, colocaron a los poderes adjudicadores en una posición de negociación más débil.
Además, la mayoría de las APP auditadas fueron objeto de ineficiencias considerables durante su construcción, y siete de los nueve proyectos completados (con un coste de 7.800 millones de euros) sufrieron retrasos de hasta 52 meses e importantes aumentos de los costes. «Se necesitaron casi 1.500 millones de euros más en fondos públicos para completar las cinco autopistas auditadas en Grecia y España,de los cuales la UE proporcionó alrededor del 30% (422 millones de euros)», afirma Oskar Herics, Miembrodel Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe.«Esta cantidad se ha gastado de manera ineficaz por lo que respecta a la consecución de los beneficios económicos potenciales».
En Grecia (con diferencia el principal receptor de contribuciones de la UE, con 3 300 millones de euros, el 59 % del total), el coste por kilómetro de tres autopistas examinadas aumentó hasta un 69%, mientras que el alcance de los proyectos se redujo de forma considerable hasta un 55%. Este gasto ineficaz se debió principalmente a la necesidad de cubrir los déficits financieros provocados por la renegociación de los contratos delas APP, a la mala preparación de los proyectos por parte de los socios del sector público; y, lo que es más importante, al hecho de que los contratos con concesionarios privados se firmaron antes de que se resolvieran cuestiones relevantes.
Los auditores constataron que los análisis precedentes se basaron en hipótesis excesivamente optimistas.
En consecuencia, el uso real de las TIC fue un 69% menor de lo previsto en Irlanda, y un 35% menor en el caso de las autopistas en España. En la mayor parte de los proyectos examinados, se eligió la opción de la APP sin ningún análisis comparativo previo de las alternativas, por lo que no se demostró que era la opción que suponía una mayor optimización de recursos y protegía el interés público.
La distribución de riesgos entre los socios públicos y privados fue a menudo inadecuada, incoherente e ineficaz, mientras que los elevados índices de remuneración (hasta el 14 %) que ofrece el capital de riesgo de los socios privados no siempre reflejaban los riesgos asumidos. Además, la mayoría de los seis proyectos TIC auditados no eran fácilmente compatibles con la larga duración de los contratos, al estar sujetos a rápidos cambios tecnológicos.
Los auditores afirman que la financiación de APP supone requisitos e incertidumbres adicionales. La posibilidad de registrar las APP como partidas fuera de balance fue una consideración importante. Cinco de los doce proyectos de APP evaluados, con un coste total de 7900 millones de euros, se registraron inicialmente fuera de balance, práctica que aumenta el riesgo de efectos secundarios negativos.
En la actualidad, no todos los Estados miembros cuentan con marcos institucionales y jurídicos adecuados ni con una capacidad administrativa considerable para ejecutar APP con éxito. Los Estados miembros visitados no han desarrollado una estrategia o política clara para la utilización de las APP, lo cual no es acorde con el objetivo de la UE de destinar una mayor parte de los fondos de la UE a través de proyectos combinados, entre ellos las APP.
Los auditores formulan una serie de recomendaciones tanto a la Comisión como a los Estados miembros, que deberían:
