Si un cliente ha llevado a cabo la contratación de un servicio, o la adquisición de un producto de un banco, eléctrica u operadora móvil, es habitual que haya dado su consentimiento a través de una llamada telefónica, siendo advertido de que la conversación sería grabada. Ahora, el usuario puede reclamar que le entreguen ese archivo de voz.

El reconocimiento facial está siendo cada vez más utilizado en todo tipo de escenarios, pero en la Unión Europea quieren ir con tiento a la hora de abordar una tecnología que plantea una (nueva) invasión a la privacidad.

Una amplia coalición de organizaciones representativas de la defensa de los derechos digitales, de internautas, consumidores y juristas expertos presentarán hoy miércoles un escrito ante el Defensor del Pueblo para promover la nulidad por el Constitucional del ‘Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones ’, conocido como ‘Decretazo Digital’.

El Real Decreto-Ley 14/2019 introduce medidas urgentes en materia de identificación ante la Administración, contratación pública y telecomunicaciones invocando razones de seguridad pública y también de protección de datos. La finalidad de la norma, según señala su Exposición de motivos, es la de «asegurar la adecuada prestación de los servicios públicos y, al mismo tiempo, que la administración digital se emplee para fines legítimos que no comprometan los derechos y libertades de los ciudadanos». La convalidación de la norma por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados estuvo precedida de un debate en el que algunos diputados manifestaron dudas sobre la constitucionalidad de algunas de las medidas adoptadas. Con la organización de este seminario se pretende plantear un debate académico acerca del alcance de la regulación sobre el uso de la tecnología de registro distribuido con fines de identificación en el ámbito del sector público.

El Gobierno ha incumplido una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que le instaba a entregar a Maldita.es el listado con las personas que han formado y forman parte de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, organismo dependiente del Ministerio de Cultura. Medio año después de la resolución, el Gobierno ni ha entregado la lista de nombres ni ha recurrido ante los tribunales la decisión del Consejo, que, por lo tanto, ya es firme.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha fallado los ‘Premios de Protección de Datos 2019’, que reconocen los trabajos que promueven en mayor medida el conocimiento, la investigación y la difusión del derecho fundamental a la protección de datos, y que en esta edición han incluido dos nuevas categorías: los premios de emprendimiento en protección de datos personales ‘Ángela Ruiz Robles’, y de buenas prácticas en relación con iniciativas dirigidas a la privacidad de las mujeres víctimas de violencia por razón de género.

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha presentado esta mañana un escrito ante el Ministerio de Cultura y Deporte en el que expone sus alegaciones a la futura ley que transpondrá la Directiva sobre ‘copyright’ con la que esta Plataforma ha sido muy crítica por su impacto en las libertades en Internet.

La Comisión Europea ha aprobado unas ayudas de 400 millones de euros para el despliegue en España de redes de banda ancha de muy alta velocidad, lo que beneficiará en particular a las empresas y ciudadanos que residen o tienen su sede en zonas del país en las que en la actualidad se recibe una conexión de banda ancha con velocidades insuficientes, o que directamente no cuentan con conectividad.

“A ver si logramos que los gobiernos lo entiendan de una vez”, añade al respecto Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas, que detalla a ComputerWorld su visión sobre el presente y futuro de la red de redes y la legislación que rodea al ecosistema digital actual.

Doce meses después, la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales  (LOPDGDD) es ya una realidad. Esta norma, fruto de dos años de trabajo en el Parlamento, viene a engarzar con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) e intentar aclarar algunos conceptos. Sin embargo, aún hay zonas grises por definir. La propia Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) realizaba este jueves pasado una jornada haciendo su valoración de la aportación de dicha norma. Nuestra publicación ha pedido a varios expertos su opinión de esta normativa de privacidad.

La presidenta de la Asociación de Internautas, doctora en Derecho Constitucional y Máster en Informática y Derecho, Ofelia Tejerina, anuncia que varias organizaciones, entre ellas Facua, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información y la que ella preside, están estudiando llevar ante el Defensor del Pueblo el Real Decreto-Ley 14/2019, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones, para que recurra su inconstitucionalidad.

El Tribunal de Justicia de la UE decidirá la legalidad de esta práctica, que se ha extendido por toda Europa y afecta a varios miles de usuarios españoles. Los reclamantes rastrean las redes P2P en busca de infractores y exigen a las teleoperadoras que los identifiquen. La Agencia de Protección de Datos ha recibido denuncias y también está investigando

Este miércoles 27 de noviembre el congreso de los diputados ha dado vía libre por muy amplia mayoría al Real Decreto-ley 14/2019 de 31 de octubre por el cual el gobierno, este, el siguiente o el que venga, podrá intervenir con “carácter excepcional y transitorio” redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Las comillas son nuestras porque esta ley tiene mucha chicha y desde la primera línea es un despropósito tras otro con tintes de dictadura orwelliana. Porque ¿quién considera qué es de carácter excepcional? Pues el mismo gobierno.

El Ministerio de Defensa ha prohibido el acceso a sus sistemas usando dispositivos de la marca Huawei; la compañía china fue acusada de espionaje.