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La Agència Catalana de Consum apunta que los incrementos podrían haber estado coordinadas

Consumo de Cataluña propone sancionar a Telefónica, Vodafone y Orange por subir precios


La Generalitat de Catalunya quiere sancionar con cerca de 8 millones de euros en total a Telefónica, Vodafone y Orange. La Agència Catalana de Consum (ACC) ha abierto expedientes sancionadores a las tres empresas que proponen de sanciones por los aumentos unilaterales de precios que han llevado a cabo y que son considerados “una práctica abusiva”. Concretamente, la sanción más alta seria para Telefónica, con cerca de 5,1 millones; por detrás, Vodafone con casi 1,7 millones; finalmente, Orange con algo más de 1,1 millones de euros.






Agencias.- El secretario de Empresa y Competitividad, Joaquim Ferrer y la directora de la agencia, Elisabeth Abad, consideran una “práctica abusiva” estas subidas de precio. Ambos han expuesto el conflicto durante la presentación del informe anual de quejas de los consumidores catalanes en el Día Mundial del Consumidor.

Telefónica, Vodafone y Orange, blanco de las quejas de los consumidores

El caso tiene su origen en un incremento de las reclamaciones por parte de los usuarios entre finales del 2017 y principios de 2018. Según los consumidores, las operadoras de telecomunicaciones empezaron a comunicar un aumento de precios en los contratos. Entre marzo y abril de 2018, la directora de la ACC convocó a Telefónica, Orange y Vodafone, a los que informó que el organismo desaprobaba unos aumentos "injustificados e unilaterales".  

Las operadoras alegaron que estaban amparadas bajo la normativa específica del sector de telecomunicaciones. En ese momento, la agencia abrió una inspección de consumo avisando de que podrían comportar sanciones. La investigación determinó que estas prácticas eran abusivas, ya que perjudicaban al consumidor y causaban un desequilibrio en la relación contractual. 

De esta manera, la ACC concluía que las modificaciones en los contratos no quedaban justificados por el orden jurídico regulador de las regulaciones entre proveedor y consumidor. Según la normativa, los aumentos se considerarían válidos si estuvieran basados en modificaciones técnicas o la introducción de un impuesto nuevo, entre otras razones, y la Generalitat concluyó que no era el caso. 


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