La nueva regulación de las Telecomunicaciones incorpora algunas novedades muy desatacas frente a la situación anterior: elimina la obligación de contar con una licencia para operar en España, recoge nuevos derechos para los usuarios y aumenta el montante de las multas por infracciones a la competencia hasta los 20 millones de euros. Sin embargo, a juicio de la oposición también tiene muchas lacras y, por ello, intentan hoy en el Senado vez modificar el texto después de que la mayoría absoluta del PP lo rechazara en el Congreso.
La principal reclamación del PSOE se centra en la telefonía móvil. El grupo socialista pretende que sea considerada servicio público universal, de manera que se garantice el derecho de todos los ciudadanos a acceder a esta modalidad desde cualquier punto de España. Además, también reclaman que el servicio público universal sea financiado por los Presupuestos Generales del Estado y no se conforme con las inversiones que hagan las operadoras privadas.
El proyecto de Ley también levantó en su día las críticas entre los internautas que, aseguran, la privacidad de las comunicaciones se verá conculcada. Según denuncia la Asociación de Internautas (AI), la nueva norma habilita al Gobierno para obligar a facilitar a un organismo del Estado las claves, algoritmos u otros procedimientos de cifrado utilizados para asegurar la confidencialidad de la información. De este modo, según la AI, la autoridad competente podría inspeccionar las comunicaciones sin autorizaciones ni controles con el peligro de que dichas claves puedan caer en manos de ladrones, decía un comunicado emitido por esta asociación. Sin embargo, este aspecto sí fue modificado en el Congreso.
El País
La principal reclamación del PSOE se centra en la telefonía móvil. El grupo socialista pretende que sea considerada servicio público universal, de manera que se garantice el derecho de todos los ciudadanos a acceder a esta modalidad desde cualquier punto de España. Además, también reclaman que el servicio público universal sea financiado por los Presupuestos Generales del Estado y no se conforme con las inversiones que hagan las operadoras privadas.
El proyecto de Ley también levantó en su día las críticas entre los internautas que, aseguran, la privacidad de las comunicaciones se verá conculcada. Según denuncia la Asociación de Internautas (AI), la nueva norma habilita al Gobierno para obligar a facilitar a un organismo del Estado las claves, algoritmos u otros procedimientos de cifrado utilizados para asegurar la confidencialidad de la información. De este modo, según la AI, la autoridad competente podría inspeccionar las comunicaciones sin autorizaciones ni controles con el peligro de que dichas claves puedan caer en manos de ladrones, decía un comunicado emitido por esta asociación. Sin embargo, este aspecto sí fue modificado en el Congreso.
El País
