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Los usuarios rechazan de plano la intención de SGAE de gravar los discos duros


Los usuarios de ordenadores se enteraron este fin de semana de que, en su afán recaudatorio, la Sociedad General de Autores (SGAE), tiene entre sus planes la implantación de una tasa que, tras los CD y DVD vírgenes, grave también los discos duros y cualquier otro soporte de almacenamiento digital. El razonamiento sería que, al igual que las cassettes, todos esos soportes pueden ser utilizados para grabar música «robada». La diferencia es que las cassettes sólo servían para grabar sonido, mientras los CD, los DVD o los discos duros tienen muchas otras aplicaciones.





JOSÉ MANUEL COSTA/ ABC Según el director de comunicación de la SGAE, Antonio Alférez, el revuelo es una tormenta en un vaso de agua. «Aquí lo que ha sucedido es que determinado medio de comunicación ha hablado con un funcionario medio de la SGAE y se ha dado a entender que el canon sobre los discos duros es inminente. Esto no es cierto. La verdad es que la Sociedad General de Autores no piensa por el momento tomar ninguna iniciativa a este respecto, aunque posiblemente lo haga si en Europa se adopta alguna línea rectora».

En todo caso, la SGAE se reserva hacer uso de lo que considera sus derechos. «En principio, la ley contempla una «remuneración compensatoria» que se aplicó primero a los cassettes, luego a los CD-Rom y a los DVD y potencialmente a otros soportes. Pero si eso llega, no será para este verano, como se ha dicho».

Piratas pero... ¿compradores?

Así pues, tranquilos por el momento, aunque preocupados por el futuro. Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, asegura que «esto ya lo veíamos venir y si se produce vamos a ser tan beligerantes como en el tema de los CD. Lo increíble es que nosotros, haciendo unas cuentas bastante sencillas, hemos demostrado que la SGAE sacará mucho más dinero por el canon de lo que ella misma acepta como pérdidas por piratería. Es un negocio redondo que ahora parecen querer redondear un poco más».

Resulta evidente que la SGAE opera tomando como base la incertidumbre jurídica y suposiciones no probadas sobre, por ejemplo, los efectos del intercambio de archivos por Internet. En los últimos años, todo informe independiente (esto es, no patrocinado por la industria ni por asociaciones de consumidores) viene repitiendo que quienes se «bajan» música de la Red compran más CD que la media. Y para refrendar esta idea, sabemos que la industria discográfica británica acaba de publicar que las ventas de CD aumentaron en el año 2003 en un 7,6%, la mayor subida desde principios de los noventa. Y no sólo eso, sino también los conciertos en vivo han experimentado un avance sustancial.

En lo que respecta a los CD de artistas, se vendieron nada menos que 121 millones de unidades. Si además se cuentan las recopilaciones, el total asciende a unos muy saludables 159,3 millones de discos. Una de las claves de este ascenso es que muchos CD se han abaratado más de un 30% desde su entrada en supermercados. Como reflejaba una reciente encuesta de ABC.es, más del 85% de quienes contestaron, opinaban que el famoso «top manta» se acabaría si los CD y DVD fueran más baratos. Los ingleses corroboran esa opinión.

Por otra parte, ¿es que los ingleses no intercambian música? Muy al contrario, intercambian cada vez más porque la banda ancha se va extendiendo por todo el país. Pero ese mismo hecho, unido a la aparición de un nuevo «indie-pop» más excitante que las calamitosas propuestas de la industria, han contribuido a que la gente vuelva a interesarse algo más por la música.

Sin embargo, las perspectivas de que estos conceptos calen en las administraciones no son muy halagüeñas. En las páginas de la BBC aparecía ayer un artículo del analista Bill Thompson (http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/3403157.stm) en el que se preguntaba por qué los gobiernos aceptan sin chistar ni contrastar los argumentos que les presentan las industrias editorial y fonográfica. No es una pregunta retórica, sino de la mayor importancia.

Los gobiernos, ¿están por la labor?

No se trata únicamente de que los ciudadanos estén siendo esquilmados con la tranquila aquiescencia de quien debe protegerles, sus representantes políticos. Se trata de que coartar cualquier atisbo de espontaneidad, de cobrar la música que se graba en el video de una boda (hasta 100 euros en algunos países) o en amenazar a los propios clientes como nunca antes en la historia de la humanidad.

El mismo concepto de derecho de autor está sometiéndose a revisión, pero la mayor parte de los gobiernos prefiere mirar a otro lado. Bien mirado, ¿qué pueden hacer? Cuando las solicitudes de mayor represión vienen avaladas por cantantes y músicos considerados eminentemente progresistas, los gobiernos parecen echarse a temblar. Según Víctor Domingo: «Da igual que sean de izquierdas, de derechas, cristianos o musulmanes, lo único que quieren es llevarse la pasta».

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