VÍCTOR DOMINGO . NEGOCIOS - El País
Esa cifra milagrosa se debe más a la necesidad y dinamismo de los internautas españoles que a las facilidades que la Administración y la CMT están ofreciendo a la ciudadanía. El modelo de liberalización propuesto es pernicioso y perverso.
A pesar de las bondades que la Administración y el regulador difunden sobre el modelo de liberalización español, el Foro Económico Mundial (WEF) dice que, en cuanto a coste de la telefonía, España ocupa el lugar 14 del ranking mundial. Respecto al grado de competencia en el sector de las telecomunicaciones, nuestro país está en el puesto 29. En el diagnóstico del Foro, una causa se repite: el rígido sistema de fijación de precios con el que la Administración actúa respecto al operador de referencia.
Sólo así es posible entender que el sector doméstico sea el gran perdedor de la liberalización. En el año 2000 apenas había 61.000 conexiones ADSL. Al año siguiente comenzó la explosión de este fenómeno, cuando se permitió a Telefónica vender la tecnología al usuario final. Hoy, los ratios siguen estando alejados del lugar que España debe ocupar en el mundo, atendiendo a su PIB.
Cinco años después de la entrada en vigor del ADSL, nos encontramos en una situación igual o peor que antaño. En aquel momento dependíamos de Telefónica, que ofrecía el servicio de telefonía fija en régimen de monopolio. Hoy seguimos dependiendo de esa compañía, pero con una característica adicional surrealista: un número indeterminado de operadoras nos ofrecen el servicio de telefonía fija y el ADSL, revendido de la dominante, por lo que el usuario no tiene diferenciación de calidades ni posibilidad de acceder a la mejora de precios que supone el ejercicio de la libre competencia.
En cuestión de precios, la situación es estrambótica, ya que Telefónica debe vender al mayorista su mismo servicio a un precio un 40% inferior al que lo vende como minorista. Telefónica tenía regulado su precio de venta al público en 39,9 euros hasta el pasado 1 de noviembre. La operadora aún no ha modificado ese precio, lo que significa que el usuario está financiando, con 17 euros mensuales, esa supuesta liberalización.
El cliente también ha perdido calidad en la prestación del servicio. Al no existir ningún tipo de regulación al respecto, se ve abocado a acudir a los tribunales ordinarios de justicia para dirimir los conflictos. Los usuarios sufren la inexistencia de servicios posventa en buena parte de los revendedores, más preocupados en buscar clientes mediante publicidad que en invertir en infraestructuras propias y así competir en igualdad de condiciones con Telefónica. Todo ello deja, en definitiva, al usuario en una situación de desprotección administrativa no igualable a ningún otro sector.
Desde la Asociación de Internautas proponemos un nuevo modelo de regulación para Internet, cuya característica esencial es el fomento de la competencia, lo que significa inversión, diferenciación de calidad en el servicio, asequibilidad del mismo y capacidad de elección. Proponemos un debate entre los agentes del sector -administración, operadoras, industria y usuarios- para adoptar estrategias consensuadas y solucionar los principales problemas de este mercado, que son los precios, los contratos abusivos y la calidad del servicio.
Creemos que deberían establecerse precios máximos al operador de referencia para clientes finales, como único criterio regulatorio. En la cuestión de acceso, hay que obligar a los operadores a respetar los compromisos de inversión para la creación, gestión y mantenimiento de la infraestructura, y debe crearse un fondo de compensación para garantizar el servicio universal. Reclamamos también la libertad contractual, sin penalización alguna. Y en la cuestión de la calidad, es necesario fijar parámetros referidos a velocidad, disponibilidad de páginas, acceso, correo electrónico y servicio posventa.
Víctor Domingo es presidente de la Asociación de Internautas (AI).
El cuello de botella de la banda ancha -
Hacia la ley de calidad en Internet -
Un modelo de liberalización contrario al interés general
Esa cifra milagrosa se debe más a la necesidad y dinamismo de los internautas españoles que a las facilidades que la Administración y la CMT están ofreciendo a la ciudadanía. El modelo de liberalización propuesto es pernicioso y perverso.
A pesar de las bondades que la Administración y el regulador difunden sobre el modelo de liberalización español, el Foro Económico Mundial (WEF) dice que, en cuanto a coste de la telefonía, España ocupa el lugar 14 del ranking mundial. Respecto al grado de competencia en el sector de las telecomunicaciones, nuestro país está en el puesto 29. En el diagnóstico del Foro, una causa se repite: el rígido sistema de fijación de precios con el que la Administración actúa respecto al operador de referencia.
Sólo así es posible entender que el sector doméstico sea el gran perdedor de la liberalización. En el año 2000 apenas había 61.000 conexiones ADSL. Al año siguiente comenzó la explosión de este fenómeno, cuando se permitió a Telefónica vender la tecnología al usuario final. Hoy, los ratios siguen estando alejados del lugar que España debe ocupar en el mundo, atendiendo a su PIB.
Cinco años después de la entrada en vigor del ADSL, nos encontramos en una situación igual o peor que antaño. En aquel momento dependíamos de Telefónica, que ofrecía el servicio de telefonía fija en régimen de monopolio. Hoy seguimos dependiendo de esa compañía, pero con una característica adicional surrealista: un número indeterminado de operadoras nos ofrecen el servicio de telefonía fija y el ADSL, revendido de la dominante, por lo que el usuario no tiene diferenciación de calidades ni posibilidad de acceder a la mejora de precios que supone el ejercicio de la libre competencia.
En cuestión de precios, la situación es estrambótica, ya que Telefónica debe vender al mayorista su mismo servicio a un precio un 40% inferior al que lo vende como minorista. Telefónica tenía regulado su precio de venta al público en 39,9 euros hasta el pasado 1 de noviembre. La operadora aún no ha modificado ese precio, lo que significa que el usuario está financiando, con 17 euros mensuales, esa supuesta liberalización.
El cliente también ha perdido calidad en la prestación del servicio. Al no existir ningún tipo de regulación al respecto, se ve abocado a acudir a los tribunales ordinarios de justicia para dirimir los conflictos. Los usuarios sufren la inexistencia de servicios posventa en buena parte de los revendedores, más preocupados en buscar clientes mediante publicidad que en invertir en infraestructuras propias y así competir en igualdad de condiciones con Telefónica. Todo ello deja, en definitiva, al usuario en una situación de desprotección administrativa no igualable a ningún otro sector.
Desde la Asociación de Internautas proponemos un nuevo modelo de regulación para Internet, cuya característica esencial es el fomento de la competencia, lo que significa inversión, diferenciación de calidad en el servicio, asequibilidad del mismo y capacidad de elección. Proponemos un debate entre los agentes del sector -administración, operadoras, industria y usuarios- para adoptar estrategias consensuadas y solucionar los principales problemas de este mercado, que son los precios, los contratos abusivos y la calidad del servicio.
Creemos que deberían establecerse precios máximos al operador de referencia para clientes finales, como único criterio regulatorio. En la cuestión de acceso, hay que obligar a los operadores a respetar los compromisos de inversión para la creación, gestión y mantenimiento de la infraestructura, y debe crearse un fondo de compensación para garantizar el servicio universal. Reclamamos también la libertad contractual, sin penalización alguna. Y en la cuestión de la calidad, es necesario fijar parámetros referidos a velocidad, disponibilidad de páginas, acceso, correo electrónico y servicio posventa.
Víctor Domingo es presidente de la Asociación de Internautas (AI).
El cuello de botella de la banda ancha -
Hacia la ley de calidad en Internet -
Un modelo de liberalización contrario al interés general
