ELPAIS.es - AGENCIAS - Madrid
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, recibió durante el año pasado un "gran volumen" de reclamaciones contra los proveedores de servicios de Internet (ISP), por lo que considera necesario "regular con precisión los derechos de los consumidores de este tipo de servicios de transmisión de datos".
En su 'Memoria Anual 2003', el Defensor del Pueblo señala que las quejas evidencian "importantes problemas" en la relación de los ISPs con los internautas, por lo que recalcó la "necesidad" de poner en marcha procedimientos de reclamación ajenos a la vía judicial "rápidos y efectivos".
Asimismo, Múgica -quien ha presentado el documento ante el Parlamento- pide a la Administración que estudie la posibilidades de adoptar medidas que fomenten el sometimiento de estas empresas, entre las que el informe cita a Wanadoo, Terra-Networks y Auna, al sistema arbitral de consumo.
Para el Defensor del Pueblo, las "dificultades de los abonados de tales compañías para hacer efectivos sus derechos" provienen, en unos casos, a la declaración de no competencia en la materias por parte de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, mientras que en otros obedece a que dichas empresas no están sometidas a sistemas arbitrales de consumo.
La "incertidumbres jurídicas" de la LSSI
La mayoría de las quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo en materia de Internet y Nuevas Tecnologías se referían a "cuestiones ajenas" a sus competencias, por lo que su actuación se ha limitado, en la mayoría de los casos, a la labor informativa que le atribuye la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI).
Entre ellas, figuran consultas sobre las "incertidumbres jurídicas" sobre la propia LSSI, ante lo que recomienda "protección y control en algunos aspectos". En este sentido, la 'Memoria' señala: "La escasa vida de la norma y las dificultades que supone su aplicación dan lugar a un cierto desconocimiento y desorientación de los usuarios de la Red sobre sus derechos y obligaciones, y la defensa de sus intereses".
Algunos españoles se han dirigido al Defensor del Pueblo para denunciar páginas web con contenidos de pornografía infantil y foros que incitan a la anorexia o a las cacerías de mujeres como una "agresión" tanto contra los valores constitucionales como contra los principios establecidos en la LSSI. También abundan las quejas "por el coste de la contratación de servicios a través de Internet".
Junto a otras cuestiones menos relevantes, como quejas de propietarios de establecimientos de turismo rural por las críticas realizadas por internautas en foros de opinión contra sus locales, el Defensor también ha pedido a la Administración información sobre las soluciones dadas a los problemas de fraude con marcadores de Internet a través de líneas de tarificación adicional ('dialers').
Asimismo, Múgica -quien ha presentado el documento ante el Parlamento- pide a la Administración que estudie la posibilidades de adoptar medidas que fomenten el sometimiento de estas empresas, entre las que el informe cita a Wanadoo, Terra-Networks y Auna, al sistema arbitral de consumo.
Para el Defensor del Pueblo, las "dificultades de los abonados de tales compañías para hacer efectivos sus derechos" provienen, en unos casos, a la declaración de no competencia en la materias por parte de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, mientras que en otros obedece a que dichas empresas no están sometidas a sistemas arbitrales de consumo.
La "incertidumbres jurídicas" de la LSSI
La mayoría de las quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo en materia de Internet y Nuevas Tecnologías se referían a "cuestiones ajenas" a sus competencias, por lo que su actuación se ha limitado, en la mayoría de los casos, a la labor informativa que le atribuye la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI).
Entre ellas, figuran consultas sobre las "incertidumbres jurídicas" sobre la propia LSSI, ante lo que recomienda "protección y control en algunos aspectos". En este sentido, la 'Memoria' señala: "La escasa vida de la norma y las dificultades que supone su aplicación dan lugar a un cierto desconocimiento y desorientación de los usuarios de la Red sobre sus derechos y obligaciones, y la defensa de sus intereses".
Algunos españoles se han dirigido al Defensor del Pueblo para denunciar páginas web con contenidos de pornografía infantil y foros que incitan a la anorexia o a las cacerías de mujeres como una "agresión" tanto contra los valores constitucionales como contra los principios establecidos en la LSSI. También abundan las quejas "por el coste de la contratación de servicios a través de Internet".
Junto a otras cuestiones menos relevantes, como quejas de propietarios de establecimientos de turismo rural por las críticas realizadas por internautas en foros de opinión contra sus locales, el Defensor también ha pedido a la Administración información sobre las soluciones dadas a los problemas de fraude con marcadores de Internet a través de líneas de tarificación adicional ('dialers').
