/ MADRID 20, (EUROPA PRESS)
Un total de 165.000 familias han sido cambiadas de operador de telecomunicaciones fraudulentamente, según una encuesta de la Unión de Consumidores de España (UCE) realizada a 1.500 hogares españoles sobre la evolución del sector de las telecomunicaciones desde su liberalización.
En rueda de prensa, el vicepresidente de la organización, Juan Moreno y el portavoz, Dacio Alondo, pidieron la intervención de la Fiscalía para evitar este tipo de fraude y reclamaron a la Comisión de Mercados de Telecomunicaciones (CMT) una ampliación del marco protector, un sistema eficaz que contribuya a la protección real de los intereses del consumidor y permita su libre voluntad para la contratación expresa de un operador de telecomunicaciones. Así mismo, reclamaron la elaboración de un régimen sancionador que incluya indemnizaciones al usuario del 200% de su facturación, como sanciones administrativas.
La UCE constata que se ha producido un incremento de las denuncias y reclamaciones de los consumidores a causa de técnicas desleales de competitividad empresarial, con fraudes generalizados como las previas asignaciones de compañías de forma irregular (slamming), mediante la obtención ilícita de datos bancarios, falsificación de la firma, publicidad engañosa u aprovechamiento de la contratación de cualquier servicio para lograr un cambio de operador sin consentimiento del usuario.
Según el informe de la UCE, la falsificación de las firmas ha provocado ya la intervención de la Fiscalía, y la consecución de datos bancarios ha generado la reacción de la Agencia de Protección de Datos, pero en ningún caso, indicó la organización, la CMT ni las autoridades administrativas del momento impusieron sanción alguna, ni actuaron para evitar estas prácticas. En este sentido, la organización indica que después de negar la evidencia durante varios años, varía las normas exigiendo que los cambios de operador sean verificados verbalmente por un tercero, medida que la UCE considera insuficiente.
En 2001 la CMT obligó al operador de referencia (Telefónica) a controlar tan sólo el 5% de las solicitudes de preasignación cursadas por sus competidores, respecto del 100% que se verificaba con anterioridad, comenzando a proliferar a partir de esta relajación de controles la preasignación fraudulenta, así como la desregulación de los servicios de tarificación adicional (80X) y, como consecuencia, la vulneración de los derechos de los usuarios.
Por otro lado, y según los resultados de la encuesta realizada por la organización, la percepción de los consumidores acerca de la evaluación del mercado desde su desregulación con la entrada de otras empresas telecomunicaciones es favorable en más de un 60%. Con relación al binomio calidad- precio, a partir de la liberalización del sector en España, la mitad de los encuestados creen que la oferta ha sido positiva, mientras que el 55% cree que los derechos de los usuarios de estos servicios se encuentran amparados en el marco protector del cumplimiento normativo.
Correcciones a Carlos Bustelo
Más información sobre: Slamming en España
En rueda de prensa, el vicepresidente de la organización, Juan Moreno y el portavoz, Dacio Alondo, pidieron la intervención de la Fiscalía para evitar este tipo de fraude y reclamaron a la Comisión de Mercados de Telecomunicaciones (CMT) una ampliación del marco protector, un sistema eficaz que contribuya a la protección real de los intereses del consumidor y permita su libre voluntad para la contratación expresa de un operador de telecomunicaciones. Así mismo, reclamaron la elaboración de un régimen sancionador que incluya indemnizaciones al usuario del 200% de su facturación, como sanciones administrativas.
La UCE constata que se ha producido un incremento de las denuncias y reclamaciones de los consumidores a causa de técnicas desleales de competitividad empresarial, con fraudes generalizados como las previas asignaciones de compañías de forma irregular (slamming), mediante la obtención ilícita de datos bancarios, falsificación de la firma, publicidad engañosa u aprovechamiento de la contratación de cualquier servicio para lograr un cambio de operador sin consentimiento del usuario.
Según el informe de la UCE, la falsificación de las firmas ha provocado ya la intervención de la Fiscalía, y la consecución de datos bancarios ha generado la reacción de la Agencia de Protección de Datos, pero en ningún caso, indicó la organización, la CMT ni las autoridades administrativas del momento impusieron sanción alguna, ni actuaron para evitar estas prácticas. En este sentido, la organización indica que después de negar la evidencia durante varios años, varía las normas exigiendo que los cambios de operador sean verificados verbalmente por un tercero, medida que la UCE considera insuficiente.
En 2001 la CMT obligó al operador de referencia (Telefónica) a controlar tan sólo el 5% de las solicitudes de preasignación cursadas por sus competidores, respecto del 100% que se verificaba con anterioridad, comenzando a proliferar a partir de esta relajación de controles la preasignación fraudulenta, así como la desregulación de los servicios de tarificación adicional (80X) y, como consecuencia, la vulneración de los derechos de los usuarios.
Por otro lado, y según los resultados de la encuesta realizada por la organización, la percepción de los consumidores acerca de la evaluación del mercado desde su desregulación con la entrada de otras empresas telecomunicaciones es favorable en más de un 60%. Con relación al binomio calidad- precio, a partir de la liberalización del sector en España, la mitad de los encuestados creen que la oferta ha sido positiva, mientras que el 55% cree que los derechos de los usuarios de estos servicios se encuentran amparados en el marco protector del cumplimiento normativo.
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