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Archivado en Noticias, Gobierno y Leyes

El Gobierno tendrá que reformar la LGT para trasladar la CMT a Barcelona.


El Comité de Empresa propone la recolocación de los empleados en otros organismos del Estado, mientras que el Ejecutivo quiere aplicar el Estatuto de los Trabajadores





CRISTINA VALLEJO/ ABC/MADRID.

El comité de empresa de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) considera que la autonomía del organismo está en peligro ya que, según los estatutos que la rigen sólo hay dos vías para realizar su traslado a Barcelona, que son que el Consejo de la CMT apruebe la decisión o que el Gobierno reforme la Ley General de las Telecomunicaciones.

Esta reforma, según los representantes de los trabajadores, podría aprovecharse para cambiar cualquier otro aspecto del reglamento interno, «además de que crearía un precedente muy peligroso para otros organismos de la misma índole», aseguran.

El Ministerio de Industria no descarta que pueda ser éste el instrumento para acometer el traslado, pero indica que hay, al menos, otras dos vías para ello, aunque se negó a exponer cuáles podrían ser. «La CMT es un organismo autónomo, totalmente independiente, tanto en su organización interna, como en sus labores regulatorias del sector de las telecomunicaciones y, si se crea este precedente de intervención, peligra su autonomía, que constituye la esencia del organismo», explica Ángel Jiménez, presidente del comité de empresa.

Estado plural

«Si queremos visualizar un verdadero Estado plural, hay que hacer este tipo de cosas». Así explica el Gobierno el traslado de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de Madrid a Barcelona. Y este particular proceso de deslocalización de las empresas públicas (así ven los socialistas a la CMT, como una empresa, y así ven los trabajadores el traslado, como una deslocalización), no finalizará con esto. Ya anuncian que, aunque organismos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no se trasladarán a otro sitio -no en vano, el centro financiero de España sigue siendo Madrid-, sí contemplan la posibilidad de que otros cambien sus oficinas a otras ciudades españolas. Entre ellos, algunos organismos ya existentes, como el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) -«la libertad del mercado puede asegurarse desde cualquier sitio», alegan-, pero también otras instituciones de las que se prevé un cercano nacimiento, como la que regulará el sector audiovisual, después de que el «comité de sabios» creado para tal efecto dé a luz el esperado proyecto que regenere la maltrecha televisión española.

Ahora, Industria busca un edificio en el que albergar oficinas y trabajadores. Con éstos le está tocando bregar al Gobierno antes de culminar el traslado, previsto para mediados de 2005. Hasta el momento, los representantes del Ministerio se han reunido en una sola ocasión con el comité de empresa. Aunque los trabajadores afirman que Industria no es su empleador y que ninguna relación jerárquica une al Ministerio con la CMT, le han reconocido como interlocutor en el conflicto ante una decisión que, en palabras de personas del gabinete de José Montilla, «fue tomada al más alto nivel». A este Ministerio, pues, sólo le corresponde ser el «brazo ejecutor» del acuerdo entre José Luis Rodríguez Zapatero y Pasqual Maragall.

Tal y como se les exigió en este único encuentro, los trabajadores, a principios de septiembre, remitieron al equipo de Montilla un escrito en el que planteaban dos posibilidades de acuerdo. La primera, que la sede de la CMT continúe estando en Madrid y se cree una segunda en Barcelona con la que se repartan unas competencias que podrían ampliarse, como ya ocurre en Italia.

La segunda opción es la de las recolocaciones, que los trabajadores, aunque pesimistas, consideran más viable. Pero no es tan fácil. Los empleados de la CMT, aunque personal laboral de un organismo público, no lo son de la Administración del Estado, ni tampoco son funcionarios. Si fueran cualquiera de estas dos cosas, la situación sería más sencilla: bastaría que solicitaran su traslado a cualquier organismo público con residencia en Madrid. Pero, así, es necesario que el Gobierno apruebe la «funcionarización» de los más de 140 trabajadores de la CMT o su conversión en personal laboral de la Administración. El Ministerio aún no les ha dado respuesta y se enteran de lo que les deparará el futuro a través de los medios de comunicación.

Así, fuentes de Industria, en declaraciones a ABC, explicaron algo que todavía no han comunicado a los trabajadores: se cumplirá estrictamente con lo que el Estatuto de los Trabajadores establece para casos de traslado de empresas: o una indemnización consistente en veinte días por año o traslados incentivados. Industria matiza, sin embargo, que las negociaciones aún no se han cerrado. Ante la desinformación a la que les somete el Ejecutivo, consideran que el Ministerio les está «dando largas» para que, antes de que llegue el cambio de sede definitivo, muchos hayan optado por irse a la empresa privada y se atemperen los ánimos reivindicativos, con lo que, al final, los trabajadores tendrán que atenerse a los hechos consumados y no podrán optar por otra cosa que no sea lo que Industria les ofrece. Para traducir esta última posibilidad en cifras, unos datos: la CMT se creó hace siete años con 35 trabajadores. Año a año se ha ido incrementando la plantilla hasta llegar a los 140 empleados que hay actualmente. Por ello, su antigüedad media no excede los 3 años. El salario medio ronda las 1.081 euros.

Decisión política

Muchos son los argumentos que esgrime el comité de empresa para definir la situación si no de ilegal, sí al menos de irregular. En primer lugar, no se trata de un traslado objetivo, porque responde a una decisión política -a «hipotecas que Zapatero le tiene que pagar a Maragall», precisan los trabajadores-, y no a motivos de eficiencia económica. «Parece mentira que Montilla, que tanto lío montó cuando varias empresas multinacionales amenazaron con irse de Cataluña, ahora defienda esta deslocalización que acabará con nuestros empleos», se quejan.

Además, los trabajadores alertan de que esta situación beneficiará fundamentalmente a Telefónica, al operador dominante, por el vacío de regulación que ocasionará por un tiempo el traslado aunque Industria prevé que, transitoriamente, la CMT contará con dos sedes hasta que se consolide la de Barcelona.


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