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El Gobierno rebaja las exigencias a las empresas de cable


Tras casi un año de espera, por fin llegó la respuesta. Los operadores de cable, que plantaron cara al Gobierno al verse marginados frente a Telefónica y a sus nuevos rivales no sujetos a compromisos, han sido eximidos de parte de sus obligaciones. La primera, el despliegue acelerado de su red. La decisión del Gobierno conlleva una liberación, sólo parcial, de los avales que blindan el cumplimiento de sus planes.





Los avales con los que los 12 operadores de cable obtuvieron una concesión (ONO, por una parte, y los 11 situados bajo el paraguas de la Agrupación de Operadores de Cable, por la otra) ascienden a 44.000 millones de pesetas. Es el equivalente al 4% de la inversión que se ha comprometido a desembolsar el conjunto de operadores (1,23 billones de pesetas en 10 años).

Si embargo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha optado por mantener cautivo el grueso de esta garantía y liberarlos sólo de una parte, pese a que los operadores le habían pedido quedar libres del total.

La liberación parcial de los avales es una consecuencia directa de la respuesta que el Ministerio de Anna Birulés ha enviado este mes a los recursos de reposición presentados por los operadores.

Estas empresas, que habían asumido una batería de compromisos, se sienten perjudicados por la proliferación de competidores con la liberalización de las telecomunicaciones. Estos nuevos rivales no están sujetos a un plazo para construir su red y dar servicios.

La respuesta del ministerio sólo exonera a los operadores de las mejoras voluntarias que añadieron a unas obligaciones básicas que se mantienen en lo que respecta al calendario de cobertura y extensión de la red. La principal mejora era la promesa de acelerar la construcción de la red.

Así, estas empresas únicamente pueden zafarse de los llamados compromisos adicionales que asumieron sobre la construcción de su red de fibra óptica y sobre sus servicios. Los avales liberados son los que respaldaban el cumplimiento de las obligaciones voluntarias. La cuantía varía según el operador. En algún caso, alcanza el 15% del aval total.

Pese a no llegar todo lo lejos que deseaban los operadores, esta liberación parcial le da al menos un respiro a un sector que está teniendo dificultades para obtener financiación, que en el año 2000 dobló sus inversiones (242.000 millones de pesetas) respecto a 1999, y que ha visto dispararse sus pérdidas un 186% (75.936 millones).

La respuesta del Gobierno equipara la situación de estos operadores a la de Telefónica Cable, que carece de los mencionados 'compromisos adicionales'. Pero ésta es una victoria casi moral, dada la apuesta de Telefónica por la tecnología ADSL frente al cable.

El Pais


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