La única condición que pide el Ministerio es que exista un interés fehaciente por parte de la Comunidad Autónoma de que se convoque de nuevo el concurso, de delimitar las demarcaciones y fijar unos compromisos que sean exigibles, añadieron las citadas fuentes. Es precisamente en los compromisos del pliego donde desde Ciencia y Tecnología se espera que se alcance un consenso con las administraciones autonómicas.
El concurso original de Castilla La Mancha, considerado de categoría A por contar la citada comunidad con una población de 1.568.730 habitantes, incluía en el pliego de convocatoria una serie de compromisos entre los que figuraba una inversión mínima de 102 millones de euros. Tras ser convocado mediante publicación en el BOE el 28 de mayo de 1998 y adjudicado el 5 de noviembre de ese año, la única operadora que accedió a prestar el servicio en la región fue Telefónica Cable, filial 100% de Telefónica de España que había sido creada precisamente para solicitar todas las demarcaciones, ya que no precisaba presentarse a los concursos. El 13 de enero de 1999 se firmaban los contratos concesionales entre Telefónica Cable y el Estado.
El concurso quedó desierto por considerar los posibles candidatos que los compromisos de la base de los pliegos eran demasiado exigentes. Esto implica dos cuestiones a la hora de convocar un nuevo proceso: por un lado que los compromisos deberán adecuarse a la situación actual, en la que las obligaciones del cable ya han sido rebajadas en dos ocasiones y teniendo en cuenta que se trata de un proceso que ya quedó desierto. Además debe incluirse el principio de neutralidad tecnológica que ha introducido Birulés para que sea posible que Telefónica sustituya sus compromisos de fibra óptica por ADSL.
Los concursos de cable se convocaron en España entre 1997 y 1998. Los procesos de concentración sucesivos experimentados por el sector han dado lugar a dos grandes grupos que reúnen a la mayor parte de las operadoras: Auna Cable y Ono.