DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE INTERNAUTAS (A. I.),
DON VICTOR DOMINGO PRIETO
(715/000014).
El señor PRESIDENTE: Vamos a continuar con la sesión, señorías.
Comparece don Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, al que damos la bienvenida y le agradecemos su asistencia.
Tiene usted la palabra.
El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE INTERNAUTAS, Agradezco su invitación, señorías. Hace seis años que comparecí por primera vez ante esta Comisión de la Sociedad de la Información con motivo de que estábamos en un serio conflicto en la red; estábamos buscando las tarifas planas y también pretendíamos conseguir la complicidad de esta comisión --que conseguimos en aquel momento-- para que nos ayudara a obtener tarifas planas así como un acceso más asequible y más universal a la red. De hecho, encontramos esa complicidad en las siguientes comparecencias, aunque eran referidas a otros temas. Pero es curioso porque en aquel tiempo, cuando comparecí por primera vez como presidente de la Asociación de Internautas, estábamos pagando al mes unas 30/40.000 pesetas por hacer un uso socio-profesional de la red, en una red telefónica básica, a una velocidad mucho menor que la que se pueda tener ahora. Hoy en día un usuario de ADSL paga 45 euros, IVA incluido, y a una velocidad de 512/128, es decir, unas diez veces más que en aquel entonces, lo que quiere decir que en el año 1998 éramos un millón y medio de internautas, y ahora --según las distintas fuentes-- estamos entre los nueve y los doce millones. Efectivamente, desde hace seis años hasta ahora hemos conseguido un avance muy importante y muy sustancial, incluso estamos pagando menos que en aquel tiempo, que aunque puede parecer un poco extraño, es así.
No obstante, este avance no es suficiente; de hecho, la semana pasada, cuando paseábamos por SIMO, podíamos ver que el mercado ya está preparado para ofrecernos una sociedad digital; lo que Jacques Delors en su libro blanco definía como la sociedad del conocimiento, que es una sociedad cambiante, con nuevas formas de tecnología, y desarrollaba ese concepto, relacionando el imparable proceso de las nuevas tecnologías con la organización social y económica. Efectivamente, el mercado ya está listo para ofrecernos esa sociedad digital, para ofrecernos la sociedad del conocimiento, pero España no está preparada aún para integrarse en la sociedad de la información.
La semana pasada también, curiosamente, la Asociación Europea de Publicidad Interactiva hizo público un estudio, afirmando que España cuenta con la penetración más baja de Internet en toda Europa. La prospectiva realizada entre septiembre y octubre de 2004 ha incluido 7.000 entrevistas telefónicas aleatorias, con más de mil encuestados, en Reino Unido, Alemania, Francia, España, Italia, los países nórdicos, Bélgica y Holanda. Sus resultados son muy claros e indican que el 42 por ciento de los internautas europeos se conectan diariamente a Internet, y que España tiene la penetración más baja, con un 34 por ciento de la población, a mucha distancia de los países nórdicos, que están hablando de un 74 por ciento o un 77 por ciento, y a menos distancia, pero también sustancial, de países como Bélgica, que tiene el 45 por ciento, y Francia que tiene el 47 por ciento.
España también cuenta con el dudoso honor de tener aún hoy, nueve meses después de que los socialistas hayan entrado en el Gobierno, el ADSL más caro y más lento de Europa, y eso va en detrimento de la sociedad en general. Pero no sólo es ése el problema; no sólo es un problema de precios y calidades --más adelante incidiré en esa cuestión--, sino que en este momento cuatro millones de españoles no tienen acceso a la tecnología ADSL; estamos viendo todos los días maravillosas ofertas de ADSL, como si fuera un bien social al que todo el mundo tiene acceso, pero cuatro millones de españoles no tienen acceso al ADSL, y tan sólo dos millones de españoles tienen acceso ahora mismo a la red por el cable módem. ¿Motivos? Para nosotros --y así lo hemos indicado durante estos últimos años-- quien ha frenado fundamentalmente la red en España, y de una manera absolutamente tajante, ha sido la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones; ha auspiciado una supuesta liberalización de las telecomunicaciones totalmente ajena al interés general.
Pero, ¡cuidado! No hay que confundirse en estos momentos con las declaraciones que en prensa hace nuestro ministro de Industria, el señor Montilla. Efectivamente la CMT tiene muchos motivos para reprobar su conducta; yo solamente les invitaría a que leyeran nuestro histórico de noticias, en la página «Internautas.org», en la sección «El Gobierno y las leyes», para que vean en qué cosas ha fallado la CMT, qué cosas ha auspiciado, y en qué cosas ha frenado a la red; algunas son realmente importantes y va a ser muy difícil salir de ellas, ya que, por ejemplo, en materia de competencia de telefonía fija ha creado un sistema de reventa de los servicios de Telefónica a mayoristas-minoristas absolutamente imposible de eludir si no se pone todo patas arriba y se entra en una nueva dirección.
En cuanto al «slamming» o preasignación fraudulenta, hay un problema muy serio. Nosotros calculábamos que en este asunto había 106.000 casos implicados, y recientemente un estudio de la Unión de Consumidores de España habla de 160.000 casos; para que lo entendamos, la preasignación fraudulenta en telefonía fija significa que un usuario es cambiado de operador sin su consentimiento, sin su firma y además sin ningún control de que se haya llevado a efecto dicha firma.
Esa normativa, actualmente en plena vigencia, es una obra de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones que nadie, hasta este momento, ha atajado, luego el problema existe. Pero está surgiendo un «slamming» del ADSL, cuyo origen es el «slamming» telefónico. Si para nosotros ya es un fraude y un delito cambiar a un cliente de servicio sin su consentimiento, en el ADSL este fraude ya se multiplica por diez. Un usuario de ADSL se encuentra un día sin el servicio, llama a la operadora con la que lo tiene contratado, y resulta que le ha dado de alta otra operadora sin que él lo sepa. En estos momentos debe de haber en torno a 13.000 casos de ADSL. Actualmente estamos trabajando con un caso del Gobierno de Canarias, en el que incluso la compañía que dio el alta del ADSL le ha hecho un abono de 730 euros en su cuenta corriente para que la cosa no siga adelante.
Este usuario de Canarias lleva tres meses sin servicio de ADSL por estas prácticas de «slamming», unas prácticas consentidas por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones que, desde luego, no pueden continuar.
En cuestión de números de tarificación adicional, está clarísima cuál ha sido la actuación de la CMT. Este Gobierno ha tenido que elaborar una orden urgente hace tres meses, a raíz de un desfalco descubierto por la Guardia Civil con este tipo de cuestiones. Pero esa orden parece ser que todavía no es lo suficientemente efectiva como para que el usuario esté defendido. En nuestra opinión, donde hay una responsabilidad importante respecto a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, es en una intencionada desregulación de la prestación del servicio telefónico y telemático.
Esto quiere decir que ahora mismo el usuario de telecomunicaciones en general, ya no sólo los internautas, está absolutamente desprotegido de cualquier tipo de regulación y de abuso de las operadoras telefónicas. No hay una reglamentación donde acudir para protegerse cuando hay un problema de «slamming», de baja calidad del servicio o de que el correo no funciona. Para resolver esto hay dos maneras: nosotros estamos trabajando con unas 12.000 denuncias o casos anuales y, una de dos, o la asociación que represento negocia directamente con las operadoras, que es una posibilidad, o acabar en los juzgados ordinarios de justicia. No creemos que sea muy interesante para incitar a los ciudadanos a que se incorporen a la sociedad de la información decirles que deben acabar en los tribunales ordinarios de justicia para resolver problemas de carácter doméstico.
Por supuesto, en el debate que se está produciendo en estos momentos en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y que, de alguna manera, están protagonizando ayuntamientos como el de Atarfe, Ponteareas en Vigo, o el de Barcelona con las redes públicas, no hay mucho que decir. Cuando el Gobierno, el Estado, el mercado no llega a dar conexión y acceso a Internet a los ciudadanos, hay ayuntamientos que se están tomando la prerrogativa de dar a sus administrados ese acceso, y la CMT les multa, les sanciona y boicotea cualquier tipo de posibilidad de que las redes públicas puedan salir adelante.
Además, tengo que decir en este punto que los mandatarios de estos ayuntamientos, con un carácter político de lo más variado, son personas que están viendo la necesidad de dar un servicio a los ciudadanos, que ni el mercado ni el Estado les está ofreciendo. Sin embargo, la CMT se lo corta, se supone que por apoyar aquello que ha mantenido durante todos estos últimos años: que las operadoras tengan una rentabilidad financiera, que no les negamos, pero no la complementan con el interés general.
En fin, todo este tipo de fallos están suponiendo un detrimento en la economía de muchísimas familias y, además, problemas de carácter traumático, como es el caso de las tarificaciones adicionales. Pero, curiosamente, nuestro ministro de Industria sintetiza esta inaceptable actuación del ente regulador --que se puede reprobar, y creo que ahora mismo es una responsabilidad tanto del Gobierno como del legislador intervenir en este asunto de una manera inmediata-- acusando a la CMT por uno de sus últimos fallos, precisamente el que menos perjudica al usuario de Internet, que ha sido la pretensión de Telefónica de hacer ofertas en el servicio de ADSL de 9,9 euros al mes por once horas.
Al ministro esto le parece mal porque para él supone parar o frenar el desarrollo de la sociedad de la información. Y además, lo digo en una sede donde ya hemos hablado muchas veces de esto y ha habido una complicidad. O sea, ¿el ministro está de acuerdo con que Telefónica rompa el concepto de tarifa plana? El concepto de tarifa plana, que ha sido el elemento dinamizador del desarrollo de Internet en este país. Cuando en junio de 2001 la ministra Anna Birulés estableció la tarifa ondulada, que no era la tarifa plana, pasamos de 2.500.000 a cinco millones de usuarios en dos años. La tarifa plana que el movimiento internauta español consiguió arrancar al Gobierno de Aznar, ¿la vamos a perder con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y con la anuencia del ministro Montilla? Creo que en este aspecto hay que ser absolutamente serios y rigurosos con lo que está pasando. Por entrar en una pelea política que nadie entiende --solamente lo debe de entender el Gobierno y la Generalidad--, de descentralizar la CMT de Madrid a Barcelona, no se puede participar en una guerra en la que no se cuente con el interés general. A nosotros nos da igual que la CMT esté en Madrid, Barcelona, Vitoria, Badajoz, Sevilla o en donde se decida, pero este no es motivo para entrar en una guerra y valga cualquier cosa.
Si el Gobierno se quiere meter con la CMT, nosotros le damos una ristra de motivos para hacerlo, y con fundamento, pero posicionarse al lado de las ofertas de Telefónica, no nos parece que sea riguroso y, desde luego, es inaceptable para nosotros.
La Asociación de Internautas reitera siempre la necesidad de un cambio de estrategia en la CMT y en el Gobierno para adecuar una efectiva y real liberalización de las telecomunicaciones con el interés general. Y propone, en materia de precios, liberar de la carga tarifaria a los internautas, que a pesar de la dificultades están demostrando un dinamismo inusitado, y que de forma decidida se adopten medidas que garanticen las inversiones comprometidas por las operadoras, e inviertan en el bucle local para que exista una competencia real. Asimismo, que se aplique un precio máximo de referencia eliminando los porcentajes mayoristas y minoristas, y de esa manera se salvaguarde el interés general, lo que implicaría necesariamente una sustancial reducción del precio y, por ende, un incremento significativo de las líneas ADSL instaladas.
Me explico, cuando hablo de los mayoristas y los minoristas me refiero a que en este momento lo que la CMT ha auspiciado es una liberalización falsa de las telecomunicaciones. Todas las líneas ADSL que se venden en España son de Telefónica. Pues bien, como es el operador dominante, a la CMT se le ocurrió un sistema: a todos los que venda Telefónica tienen que pasar por allí. ¿Cuál es la solución a ese problema? Generar un precio al minorista y un precio al mayorista. Ahora mismo no hay un precio fijo, el precio de referencia en la actualidad es una tarifa de 39,9 euros al mes.
¿Qué sucede? Que si Telefónica a mí como ciudadano o minorista me vende a 39,9 euros, a veinte, o a lo que quiera el servicio de ADSL, al mayorista le tiene que hacer un descuento obligatoriamente entre el 40 y el 62 por ciento del precio al que se lo vende al minorista. Resultado, que la línea ADSL de verdad --y esto lo dice la CMT-- vale 20 euros al mes. Y nuestra pregunta, que todavía nadie ha contestado, ni el anterior Gobierno, ni el actual, ni la CMT de antes, ni la de ahora, es ¿por qué los ciudadanos tenemos que pagar esa diferencia? ¿Por qué a mí me vale una línea ADSL 39,9 euros y a un mayorista le está costando 20 euros? ¿Por qué tengo yo que estar financiando la liberalización de las telecomunicaciones? ¿Por qué los usuarios españoles de Internet tenemos que estar financiando a Deustch Telecom, a France Telecom, a Italia Telecom, y a todos los que se apunten a la reventa de este servicio? Y el resultado de todo eso es el siguiente: un ciudadano en Irún tiene un servicio de ADSL de 512-128 por 39,9 euros al mes más IVA, y un ciudadano en Bayona, cinco kilómetros más arriba, tiene un servicio ADSL, el doble o el cuádruple de uno o dos megas de velocidad por 20 euros al mes. Esa es la diferencia que hay. Mientras no se solucione esta situación va a ser muy difícil que esto prospere de una manera positiva. Por eso, lo que estamos pidiendo es, primero: obliguen ustedes a invertir a las operadoras en competencia. Segundo, si tiene que hacer esto, pongan un precio máximo y, al hacerlo, ya sabremos, efectivamente, que ahí va a haber competencia. No me pongan un precio que tengo que pagar yo como ciudadano. Eso no es explicable. El porqué tenemos que financiarlo los españoles es un asunto sobre el que no hemos conseguido ningún tipo de explicación.
En materia de calidad del servicio, para nosotros es urgente que haya una regulación en ese campo. El internauta está pagando un servicio indefinido, y digo indefinido porque sabemos el precio que tenemos que pagar, pero no conocemos las contraprestaciones, no sabemos en qué condiciones se está, si nos dan 512, si nos dan hasta 512, si nos dan correo electrónico, etcétera. No hay ninguna referencia reguladora a la que podamos acceder, y de ahí surge una inseguridad jurídica y sobre todo un desamparo. No tenemos referencias que nos protejan ante esta deficiente prestación del servicio tal y como está sucediendo desde diciembre de 2003.
Una cuestión absolutamente urgente es garantizar la universalización. No vale decir que tenemos múltiples ofertas. Un usuario, un internauta, en Barcelona o en Madrid, tiene multitud de ofertas de mercado a las que puede acceder, tanto en ADSL como en cable o en módem, incluso algunos pueden acceder al «power line communication», al PLC de la eléctricas. Podemos acceder a un montón de servicios, pero un señor en una residencia de los Yébenes solamente puede acceder a la red telefónica básica. Esa discriminación tiene que pararse de una manera inmediata, porque estamos dejando a cuatro millones de españoles fuera del servicio de banda ancha.
¿Qué es lo que nosotros proponemos en este ámbito? Hay algo que no hizo el Gobierno anterior y que parece ser que éste no tiene ninguna intención de acometer. Para que haya una universalización es necesaria la creación urgente del fondo de compensación del servicio universal. No es de recibo que una operadora lleve una línea de Telefónica para dar ADSL o cualquier otro servicio telefónico a un sitio periférico --cuando hablo de periférico me refiero a una zona rural muy alejada, porque eso tiene unos costes--, que vaya la operadora dominante, instale allí la línea telefónica y los demás, a lo mejor, se apunten a esa compañía telefónica. El gasto lo lleva uno, porque si estamos ya en libre competencia, lo lógico es que ésta sea efectiva. ¿Cómo han solucionado esto los norteamericanos? Pues de una manera muy sencilla, muy racional y muy económica, que es hacer un fondo de compensación. Tú haces el gasto, tú te llevas al cliente, pues aquí hay una compensación para que nadie pierda. Esto lo evitó el Gobierno anterior, y el actual está pasando de puntillas sobre este asunto, y es algo fundamental para garantizar el servicio universal, porque si no se hace algo así no hay servicio universal para banda ancha, y creo que todo el mundo está de acuerdo en que la banda ancha tiene que ser un servicio universal de manera decidida. En cuanto al acceso, creo que estas son nuestras aportaciones y nuestras propuestas.
He oído al compareciente anterior hablar de la Comisión Soto. Hay muchas cosas de la Comisión Soto con las que no estoy de acuerdo, pero sí lo estoy en la primera: generar un consenso social. No hubo un consenso social y ahora lo estamos buscando. En la Comisión Soto se decía, antes de adaptarse a ninguna estrategia o abordar ningún tipo de cuestión, que era necesario sentarse a una mesa, y nosotros decimos lo siguiente.
Pedimos que cinco minutos antes de organizar esa mesa social se cree una coordinadora interministerial en materia de sociedad del conocimiento, porque ahora mismo existen enormes lagunas en ese sentido. Voy a citar algunos casos que pueden servir de pauta para esas nuevas propuestas.
Lo que nos resulta significativo es que, mientras la entidad empresarial «red.es» y, por ende, el Ministerio de Industria, están promocionando Internet con el programa «Internet para todos», que creó Juan Costa en diciembre del año 2003 --no voy a criticar aquí el programa aquel porque ya lo hemos hecho muchas veces y algún senador expuso críticas aceradas con las que estuvimos bastante de acuerdo-- se está haciendo esa promoción sin mirar más cosas, como una cuestión complementaria, y pueden ser muy discutibles los beneficios o las desventajas de este plan.
Resulta que, paralelamente, los ministerios de Cultura y de Justicia dedican fondos públicos para, en una campaña de criminalización de Internet, denominada «Ahora la ley actúa» y cuyo logo principal es «Cometer delitos por Internet puede tener pena de cárcel», los ministerios de Cultura y de Justicia están dedicando fondos públicos, primero, para decir una obviedad, una solemne tontería, porque si cometes un delito en un bar, en un hospital, también voy a la cárcel. ¿Por qué en Internet? ¿Qué empeño hay en criminalizar Internet de esa manera? ¿Y qué empeño hay en confundir a la opinión pública de esa forma respecto a dos acciones gubernamentales a las que se están dedicando fondos públicos?
Por un lado, te invitan a ir a Internet y, por otro, te dicen que eres un criminal, porque no hay que perderse el cartelito. En el cartelito se ve un cuarto oscuro donde está un señor en una situación un poco tenebrosa, se supone que detrás de un ordenador, y se supone que delinquiendo a mansalva. Creo que ese es posiblemente un fallo de descoordinación. Hay que coordinarlo, porque si no se están confundiendo los mensajes, y unas campañas están poniendo en peligro los beneficios de otras.
También nos hemos enterado por los medios de comunicación de que hay alguien que está desarrollando el Documento Nacional de Identidad electrónico, el DNI electrónico. Hace dos semanas, en una reunión que tuvo la junta directiva de la Asociación con el secretario de Estado, preguntamos quién lo está haciendo, cómo se está haciendo, y no lo sabían. El Ministerio de Industria no lo sabía, y lo digo aquí públicamente porque tengo a toda mi junta directiva de testigo. No sabemos quién lo está haciendo. Creemos que se está haciendo en el Ministerio del Interior. Aquí quiero hacer una reflexión. A mí esto me parece muy grave, porque sí se ha dicho a través de los medios de comunicación que se está haciendo el DNI.
Yo he leído en algún artículo, en algún periódico, que lo está haciendo alguien de Indra,
junto con un departamento del Ministerio del Interior. Rumores y artículos, pero no hay una confirmación oficial. Nosotros queremos saber qué documento nacional electrónico se está haciendo, y aquí sí que le pido encarecidamente a esta comisión que vean quién está haciendo esto, porque en un Estado de Derecho, lo lógico, lo normal, es que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado gestionen, desarrollen y pidan ese documento y trabajen en él, pero son los legisladores los que tienen que informar sobre el tipo de DNI, porque aquí ya nos encontramos ahora mismo con problemas serios como qué tipo de datos se pueden incorporar a un DNI. ¿Se están incorporando datos biométricos en el DNI electrónico? No lo sabemos. ¿Va a ser compatible el Documento Nacional de Identidad con los distintos estándares, con los «software» de código abierto, de código cerrado? ¿Vamos a tener que ir todos los ciudadanos con una marca de «software» para poder utilizar ese DNI? Son problemas importantes, pero lo que no se puede hacer es llevarlo con esta oscuridad. Y ya me parece que es mucho más oscuro cuando el Ministerio de Industria tenía que saber algo al respecto.
También hay descoordinación ministerial cuando preguntamos al ministerio sobre el desarrollo del artículo 12.4 del tratamiento de datos personales de la Ley de Comercio Electrónico. Ahí tiene que haber un desarrollo reglamentario. Preguntamos en el ministerio y tampoco sabían en qué estado de avance estaba el reglamento. No solamente nos gustaría saber cómo va eso. Nos gustaría poder intervenir como hicimos cuando se redactó la Ley de Comercio Electrónico, la primera ley, y pudimos debatir. Se nos pidió opinión y pudimos aportarla. Yo creo que ahí hay mucho que decir en lo relativo a la retención de nuestros datos personales por los proveedores del servicio. Nosotros estamos de acuerdo en que haya una regulación que diga exactamente qué hay que hacer con esos datos personales, porque ahora mismo estamos en una inseguridad manifiesta. Los proveedores sabrán lo que hacen con los datos personales que lleguen a sus manos. Me parece que con la que está cayendo es dejarles demasiadas ventajas a los proveedores de servicios.
Además, hay otra cuestión sobre la que el Ministerio de Industria tampoco tenía mucho conocimiento: el decreto de confianza «online». Se trata de un decreto elaborado por Ministerio de Sanidad y Consumo y, aunque afortunadamente la Generalitat de Catalunya lo ha impugnado por una cuestión de lenguas, no lo está por algo que a nosotros nos importa mucho más. El artículo 18 de la llamada Ley de Comercio Electrónico decía, en lo relativo a los códigos de conducta, que cualquier código deontológico que se suscribiera por parte de los empresarios tenía que contar con la participación de las organizaciones y asociaciones de consumidores y usuarios, e incluso de discapacitados. Por ello, el Ministerio de Sanidad y Consumo ha incumplido el artículo 18 de la Ley del Comercio Electrónico, porque no ha contado con el concurso de las asociaciones de consumidores y usuarios ni tampoco de los discapacitados.
El hecho de que el ministerio incumpla las leyes es un problema grave. Está ofreciendo al conjunto de la ciudadanía un proyecto de decreto de confianza «online» sin la participación de los usuarios, a pesar de que la ley les requiere para que lo hagan así. ¡Poca confianza vamos a tener los usuarios en decretos elaborados de esta forma!
Quiero recalcar que existe un problema en cuanto a la cuestión de los dominios «punto es»; el señor ministro ha prometido que lo va a rebajar un 80 por ciento y que va a flexibilizar el dominio «punto es» porque su gestión no admite un envite mínimo. Sin embargo, tal y como nos prometió en su momento el director general de «red.es», delante del secretario de Estado, también queremos que nos llame para informarnos sobre lo que se vaya a hacer con el plan nacional de dominios. Las promesas están bien, pero hay que cumplirlas y, además, hay que hacerlo inmediatamente porque, por ejemplo, mientras que los españoles hemos comprado 81.000 dominios «punto es» en todo lo que llevamos de trayectoria --y seguimos un ritmo de, aproximadamente, 1.000 cada mes--, hemos comprado 601.000 dominios genéricos. Si hacemos la sencilla cuenta de 601.000 dominios genéricos a 15 dólares cada uno, se podrán hacer idea del dinero que está saliendo fuera de España cada año, por la incapacidad de la gestora o la entidad red.es. Cuando más tiempo tardemos en solucionar esta cuestión, mayor será la cantidad de dinero que se traslade fuera del país y, en definitiva, aunque los internautas tengamos dominio, nos gustaría tener los dominios de nuestro país y de la misma manera que al señor ministro le interesa mucho que los dominios sean nacionales, nosotros queremos disponer del «punto es» a un precio asequible y con la flexibilidad de gestión que tienen los dominios genéricos alemanes o los del Reino Unido.
En la comunidad de Internet, en este momento, existe un problema muy serio y es un conflicto cuyas consecuencias no estoy capacitado para predecir, pero que están generando incluso problemas de orden económico, social y, posiblemente, político.
En este país se ha impuesto una casta de personas, que emboscados tras el nombre de una denominada cultura, están expoliándonos, están fijando tasas y cánones, están marcando el ritmo a seguir e incluso nos están insultando y criminalizando --no sé si esta criminalización tiene algo que ver con lo que dije antes de los ministerios de Justicia y de Cultura, espero que no.
Nosotros llamamos a esto la dictadura del «culturetariado» por una cuestión muy sencilla: se amparan tras el discurso de una supuesta izquierda, o no sé qué, y están imponiendo cánones y tasas a un montón de gente. Pero no sólo están haciendo eso, todavía quieren hacer más. En esta dictadura del «culturetariado» se pueden diferenciar dos partes: en primer lugar, los productores --productoras, discográficas, fonográficas--, que forman parte de una industria que está defendiendo sus privilegios a sangre y fuego. En Estados Unidos, están criminalizando a los internautas y les están llevando a los tribunales, aunque aquí no lo han podido hacer todavía porque tenemos leyes garantistas, que permiten a los ciudadanos tener privacidad, intimidad y, por ejemplo, existe el derecho a la copia privada. Su objetivo es, de alguna manera, defender un negocio que ya está obsoleto y que fue muy beneficioso a mitad del siglo pasado, pero ese negocio ya no sirve. La cuestión es muy sencilla, hace un montón de siglos había una industria estupenda de alfarería porque los botijos eran necesarios cuando no llegaba el agua al grifo de las casas; ahora tenemos grifos y llega el agua a casa, pero estos señores son alfareros y no se han dado cuenta de que ya no necesitamos esos botijos.
En segundo lugar, se han adherido a esa causa --aunque muchas veces tengan intereses encontrados--, una casta de señores que se esconden detrás de una supuesta sociedad de gestión de los derechos de autor, que también nos criminalizan y, además, nos ponen cánones y tasas sobre ese negocio que está en obsolescencia.
En definitiva, desde el 1 de septiembre del año 2003, la asociación de internautas y un montón de comunidades en la red estamos resistiendo los ataques de estos señores; nos han impuesto un canon, con la permisividad del Gobierno, pero no se puede entender que una sociedad privada llegue a un acuerdo con otra sociedad privada e impongan un canon al conjunto de los ciudadanos, y que el Gobierno se quede callado. Además, utilizan un argumento: el canon tiene por objeto la compensación del derecho a la copia privada, pero resulta que imponen un canon sobre los soportes y todo el mundo que tiene acceso a la copia privada no está copiando cosas que son de autores, podemos estar copiando software libre, archivos, nuestras fotografías digitales, etcétera.
El otro día, el señor ministro de Economía presentó los Presupuestos Generales del Estado en un CD, lo que quiere decir que el señor ministro de Economía, don Pedro Solbes, tuvo que pagar un canon a la SGAE. Todos los parlamentarios y senadores que vayan a hacer uso de esa información y vayan a copiar ese CD también tendrán que pagar un canon a la SGAE.
Nosotros creemos que esta situación es inaceptable y no la vamos a permitir. Creemos que los grupos parlamentarios se deben implicar y, por supuesto, también el Gobierno, que hasta el momento está mirando para otro lado; sin embargo, nosotros vamos a hacer que mire para éste, porque es una cuestión a la que damos una importancia fundamental. No se trata de que tengamos o no que pagar soportes digitales, es que estamos hablando del desarrollo de la sociedad de la información y no podemos tener este tipo de lastres o de lacras que frenen el desarrollo de la sociedad de la información --y no voy a utilizar otros calificativos porque ya tengo dos juicios pendientes con estos señores--, y es un problema que va a más.
He de reconocer que el Gobierno puso en práctica una medida muy positiva nada más tomar posesión: defender la posición española contra las patentes de software en el Consejo Europeo celebrado en el mes de julio.
El ministro de Industria, el señor Montilla, estuvo a la altura de las circunstancias y votó en contra de las patentes de software, que Polonia también ha incorporado, de forma que se ha propiciado que haya una mayoría de países que estén en contra de estas patentes. Esto de las patentes de software no es ninguna broma; estamos hablando de una industria nacional y de que las grandes multinacionales no se queden con el desarrollo tecnológico y con la innovación de los países.
Quiero mencionar otro tema que me parece importante y que, algunas veces se toca con demasiada ligereza: la navegación de los menores en Internet. A la hora de enfocar este tipo de cuestiones, que afectan a la educación, proponemos la culturización tecnológica de las enseñanzas no universitarias como un elemento fundamental en cualquier estrategia de divulgación de la sociedad de la información. En este momento, los menores son auténticos privilegiados, tienen la facilidad de estar inmersos en la cultura del clic y, sin embargo, nuestros maestros, nuestros profesores están obviando la cuestión.
Los menores no deben navegar solos en Internet, deben hacerlo bajo la tutoría de los padres y, por supuesto, de los profesores. Sin embargo, estamos hartos de ver cómo muchos profesores les dejan el ordenador para que se entretengan y hagan lo que sea, lo cual no debería suceder. Por tanto, en este campo hay que culturizar a los profesores, porque no son los menores los que deben dirigir la navegación por Internet, lo que supone un problema mucho más serio de lo que inicialmente podemos considerar. Y nosotros no somos partidarios de la filtración de contenidos, etcétera.
Es una cuestión de índole cultural que también afecta a los padres. No podemos decir que se trate del mismo ejemplo el de un chaval al que le dejan viendo la televisión como él quiera que navegando en Internet, pues es una herramienta interactiva, con la que este niño es emisor y difusor de información, con todo lo que eso puede suponer. Por tanto, habría que emplear una estrategia muy seria, decidida y consensuada a fin de no dejar sin control a los menores.
Básicamente, estas son las propuestas que manifestamos, las cuales, así como las críticas que realizamos, son fruto de la experiencia de cada día en la red. No tenemos ningún tipo de receta milagrosa pero, desde luego, estas experiencias las ponemos a disposición de todas las instituciones públicas que quieran contar con ellas.
Muchas gracias por su atención.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Domingo.
Iniciamos el turno de portavoces.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Salvador.
El señor SALVADOR GARCIA: Gracias, señor presidente.
Señor Domingo, en primer lugar, quiero felicitarle por su exposición, con la que en tan poco tiempo ha sido capaz de informarnos de numerosas cuestiones, cumpliendo con nuestro objetivo, pues lo que nosotros pretendemos al solicitar estas comparecencias en estas comisiones es que nos aporten lo que realmente piensan los ciudadanos y los agentes del sector, a fin de equivocarnos lo menos posible en las decisiones que podamos adoptar en el ejercicio del trabajo de nuestra comisión. Por tanto, insisto en que creo que ha sido capaz de concretar brevemente tantísimos temas que forman parte del abecedario referente a todos los problemas que en estos momentos nos están acuciando.
Creo que estamos en una etapa realmente nueva y han venido bien las comparecencias de esta mañana, no solamente la suya, porque, como bien ha dicho hace unos momentos el señor Banegas, que ha sido una de las personas que ha participado activamente en la Comisión Soto, en el Plan España.es, se empezó con buenas intenciones --siempre hay buenas intenciones en un gobierno o, por lo menos, eso presuponemos-- pero con muchas carencias de medios y problemas y sin saber muy bien qué se quería hacer. Después ha dicho que con este plan tampoco se encontró liderazgo, que es lo que reclamaba al final de su comparecencia.
Esto nos da pie a seguir considerando lo que el Grupo Parlamentario Socialista pensaba al inicio de la andadura de esta comisión, cuando creo que hicimos una buena labor desde la oposición intentando compartir todos aquellos problemas que podían angustiar a los agentes del sector, sin haber perdido la perspectiva de lo que decíamos entonces y queremos hacer ahora.
No obstante, aunque es cierto que puede parecer que ha transcurrido mucho tiempo desde que el Gobierno está en el poder y que, por tanto, ya se han podido acometer reformas o adoptar medidas oportunas, nos mostramos algo más pausados en la reflexión, no en la cantidad de trabajo realizado ni en la dedicación, como nos corresponde, para hacer propuestas, y es por ello que consideramos fundamental presentar nuevamente una moción sobre el plan de convergencia.
Y hasta que no esté en marcha ese plan de convergencia --y la clave va a estar en el trabajo de este año-- no se podrá decir que el Gobierno actual está actuando con sus instrumentos y objetivos, porque lo que hoy día está gestionando es lo heredado del Gobierno anterior, el cual seguramente actuó con la mejor intención en el desarrollo de su trabajo.
Por tanto, los problemas siguen vigentes, de modo que los comparecientes nos vienen a decir que todavía no se ha resuelto satisfactoriamente esto, no ha habido un gesto de cambio evidente respecto a aquello, etcétera.
Pero, dicho esto, que es absolutamente fundamental, hay dos cuestiones que considero que nos muestran el cambio y la etapa en la que nos encontramos: en primer lugar, esa moción fue aprobada por el conjunto de la Cámara, donde todos fuimos capaces de ponernos de acuerdo en los objetivos y en el camino que había que recorrer, y algo que está muy de moda y nos hacía mucha falta en este país, porque los grupos minoritarios lo agradecen pero también las minorías en la calle, es que hay que dejar que se escuche su voz y surja efecto realmente.
Igual que en cualquier proceso de gestión del cambio hay que tener claro que hay que cambiar, como afirman todos los comparecientes y se dice en la calle, ahora toca dar el siguiente paso, es decir, tratar de dónde, cuándo y cómo hay que cambiar, lo que se tiene que concretar en ese nuevo proyecto que se incluirá en el plan de convergencia. Pero lo importante para mí es que se ha decidido no hacerlo desde uno o varios ministerios que tengan competencias sobre la materia sino como creo que hay que hacer en estos casos, porque esto es algo de interés nacional y, por tanto, los grupos debemos ponernos de acuerdo, que es lo que nos corresponde. Pero intentemos también entablar conversaciones reales y sinceras con todos los interlocutores y agentes del sector en la calle, cuestión en la que creo que debemos estar Gobierno, Parlamento y sectores afectados.
En particular, la asociación que usted preside, aludiendo al respeto y la defensa imprescindible del sindicalismo, yo compararía su asociación con un sindicato que es capaz de traducir al Gobierno y al poder legislativo aquellas necesidades reales que tienen las gentes y que, por tanto, demandan una solución, independientemente de quien gobierne, cuestión en la que creo que todos nos tenemos que encontrar.
El señor Domingo se ha referido anteriormente al DNI electrónico, respecto de lo que recientemente el ministro ya nos anunció en su comparecencia en esta Cámara que el acuerdo estaba en fase de preparación, un acuerdo que esperaba que pudiera firmarse próximamente entre los ministerios de Industria y del Interior, y respecto de lo que ya avanzó que la idea es que comenzase a estar en funcionamiento un plan piloto a partir de 2006.
Por tanto, es un proyecto que, como cualquier otro, está en marcha pero todavía se tiene que concretar en ese nuevo plan de la sociedad de la información y respecto del que hay que escuchar a mucha gente, como bien ha dicho el señor compareciente, pues la verdad absoluta no la tiene el Ministerio del Interior ni el de Justicia y habrá de verse qué es lo que más interesa al conjunto de los españoles.
Finalmente, quiero decirle que coincidimos y compartimos gran parte de las ideas que usted ha expuesto, por ejemplo, en relación al precio del ADSL, al DNI electrónico, etcétera, y que este es el momento en que tenemos que estudiar estos asuntos y trabajar a fin de llegar a un gran pacto nacional.
Y si la misión de estas comparecencias es trasladarnos la voz de la calle, lo único que le puedo decir es que, para mantener la coherencia con lo que nuestro grupo decía cuando estaba en la oposición, intentaremos aplicar buena parte de las medidas que se solicitan y, sobre todo, intentaremos que no caigan en saco roto. Y como decía el profesor Ferraté, los cambios son muy rápidos, de modo que las decisiones también lo deben ser, pero siempre con orden y tras el acuerdo y el consenso de todos, porque de otra forma no servirían para nada.
Y en un proceso de gestión del cambio hace falta tres cosas. La primera, como ya he dicho, es que tenemos que ser conscientes de que hay que cambiar; la segunda es encontrar la dirección y el camino, y creo que entre todos tenemos que ponernos de acuerdo, y la tercera --y estoy de acuerdo con el compareciente anterior-- es que exista liderazgo político, en este caso de la Presidencia del Gobierno, para acometer todo el cambio que conlleve el que tengamos una sociedad mucho mejor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Salvador.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora Coloma.
La señora COLOMA PESQUERA: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, don Víctor Domingo, por acudir de nuevo a esta Comisión, y digo de nuevo porque no es ni mucho la primera vez, como usted nos ha recordado. Acudió hace seis años, después volvió cuando teníamos la comisión de Redes Informáticas, que presidía don Esteban González Pons, al que vio cómo trabajaba y lideró proyectos e hizo que en esta Cámara se creara esta comisión y volvió en la siguiente legislatura, cuando teníamos la Comisión de la Sociedad de la Información y del Conocimiento.
Y agradezco hoy su comparecencia porque lo que nos ha venido a transmitir es precisamente las inquietudes de los que realmente utilizan las nuevas tecnologías, los que defienden y trabajan por el desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento.
Y ha dicho muchas cosas con las que estoy totalmente de acuerdo.
Ciertamente, mucho se ha hecho bien, otras no tan bien, pero creo que la realidad es que se ha avanzado y se ha avanzado bastante. El señor Domingo daba un dato que creo que es bastante significativo y es que si antes pagábamos por un ADSL 40.000 pesetas, ahora pagamos 45 euros. Es verdad que todavía seguimos pagando más que en Europa y que habrá que seguir reduciendo este tipo de tarifas pero creo que el avance es significativo.
El número de usuarios de Internet también es significativo. Si en 1996 había 240.000 y en la actualidad contamos casi con doce millones de usuarios, creo que algo será debido a las políticas acertadas que se han llevado a cabo durante los últimos ocho años. Y así podría ir diciendo una serie de parámetros o de indicadores que vienen a decir que hemos avanzado, que todavía no estamos ni muchísimo menos donde quisiéramos, pero que no por ello todo lo que se hizo en estos ocho años hay que desterrarlo y hay que dejarlo.
Habrá que coger, como en todo, lo bueno. El ministro el otro día en la comparecencia fue sincero y dijo que él no era de los que se aparta de lo que ha ido bien y lo cambia todo. No porque lo haya hecho un gobierno del Partido Popular, hay que cambiarlo y darle a todo la vuelta. No. Habrá que seguir avanzando, habrá que dejar las cosas que se han hecho bien y, por supuesto, seguir avanzando y mejorar en lo posible lo que no se ha hecho tan bien.
Me gustaría comentarle una cosa. Es fundamental que no solamente haya un número importante, es decir, la cantidad, sino que para mí es casi más importante la calidad. Si las redes de comunicación no tienen calidad, si no vamos a un plan de banda ancha que llegue a todos y cada uno de los ciudadanos, me parece que estamos haciendo un flaco favor a la sociedad.
No se pueden discriminar los territorios. Todas las personas son iguales y deben ser iguales también ante este reto tan importante que es el de la sociedad de la información. El otro día le dije al ministro lo que pensaba respecto a unas declaraciones suyas en las que decía que no llevarán la banda ancha a toda España, sólo a quien la pida; es decir, hay un proyecto de llevar la banda ancha, pero no a toda España, sólo a quienes la pidan. A mí me parece --no sé a usted, como presidente de la Asociación de Internautas-- que eso es peligroso, ya que pasar de la oferta a la demanda, puede incidir todavía más en la brecha digital y podemos hacer que haya ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda y ciudadanos de última. No sé si usted estará de acuerdo, creo que sí, con que se extienda la banda ancha, pero a todos los rincones de España. Por eso decía lo de la calidad.
Me ha preocupado lo que ha dicho de que la CMT --lo ha mencionado ahora y además yo también he leído algunas de sus intervenciones, y entro muy a menudo en su página-- ha actuado de manera ajena a la sociedad. La verdad es que esto de la preasignación sin el consentimiento de los usuarios nos preocupa mucho, y que se haga con el consentimiento de la CMT parece un tanto sospechoso. Le digo que desde mi grupo tomamos muy buena nota de ello y me gustaría saber qué es lo que se puede hacer para que esto no siga ocurriendo.
Conocerá que el ministro dijo en su comparecencia que se va a crear la oficina del defensor de las TIC o el defensor como tal de las tecnologías de la información y la comunicación. Yo no sé si usted opina que con esa figura se van a solucionar los problemas que hay de telecomunicaciones como, por ejemplo, este al que acaba de hacernos referencia.
También hay algo muy importante y es que esto lo tiene que liderar alguien. Permítame que le diga que ahora mismo yo no veo un liderazgo claro en el nuevo Gobierno. El anterior compareciente, el señor Banegas, fue vicepresidente de la Comisión Soto, y esa comisión decía que era necesario crear un liderazgo político. Yo tengo que decirle --no sé si usted lo compartirá-- respecto del Gobierno anterior que aunque el Plan Info XXI a lo mejor no dio todos los resultados que se esperaban de él, sí que había un liderazgo claro y una complicidad grande por parte no solamente del ministro de turno --en ese caso la ministra de turno--, sino por el propio presidente del Gobierno y que era algo, además, que afectaba a todos los departamentos del Gobierno, a todos los ministerios.
En el actual Gobierno se ha quitado el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Según el programa electoral del Partido Socialista se iba a crear el ministerio de educación, ciencia y tecnología, que se ha quedado sólo en Ministerio de Educación y Ciencia, y ahora mismo todo lo que hace referencia a sociedad de la información está metido en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo --no aparece para nada la palabra tecnología-- y lo lleva una Secretaría de Estado. Yo no sé si hay el liderazgo suficiente, pero, ya digo, no solamente por el ministro, sino por el propio presidente del Gobierno, por todo el Gobierno en su conjunto.
Con respecto al DNI electrónico, me ha dejado preocupada, porque nos gustaría saber quién es el que va a liderar este proyecto. Usted dice que no sabe si va a ser el Ministerio de Industria o el Ministerio del Interior. Es algo que hay que aclarar. También me gustaría que usted, como representante de los internautas, siga ahí a ver si metiéndose un poco por algunos pasillos logra entrar en ese lugar que parece ser que es oscuro y que no mucho ve la luz. Yo creo que el DNI electrónico va a favorecer el desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento. Sabe muy bien que el Consejo de Ministro todavía del Partido Popular ya aprobó un acuerdo para poner en marcha la implantación del DNI electrónico y no sabemos por qué todavía no se ha convocado el concurso para desarrollar ese proyecto.
Con respecto al tratamiento de datos personales, uno de los puntos de la Ley de Servicios Sociales de la Información y del Comercio Electrónico, el desarrollo del reglamento todavía está ahí. También desearíamos que eso se pusiera en marcha, porque si hay algo claro en este mundo de la sociedad de la información, de Internet, de las nuevas tecnologías es que, mientras no haya confianza y no haya seguridad, no es posible avanzar. Es fundamental que el tratamiento de datos sea algo en lo que la gente confíe, que se fíe y sepa que ahí no va a acceder nadie, que no va a haber posibilidad de que alguien conozca algo que debe ser privado.
Me gustaría saber también si su asociación ha tenido ya reuniones con el ministerio, con el ministro o con el secretario de Estado o con alguna otra persona, si se han reunido ya en más de una ocasión y si ven que van en la línea adecuada, si creen que han tomado ya decisiones que son las correctas o qué es lo que piensa, porque es fundamental que el Gobierno, y en concreto el ministerio que lleva estos asuntos, se reúna con los afectados, con las personas que utilizan la red, que conocen y transmiten la sensibilidad de la gente.
Estoy totalmente de acuerdo con que haya una navegación segura para los menores. Ya en la legislatura pasada se pusieron en marcha programas para que hubieran filtros y los niños no pudieran acceder a páginas donde se puede encontrar pornografía o cosas que no son las adecuadas para los menores, pero también estoy totalmente de acuerdo en que ésa es una labor de enseñanza de los profesores y de las familias. O sea, tanto los educadores como las familias son los que tienen que conocer las ventajas y los riesgos que tienen las nuevas tecnologías.
Me gustaría también que hablara un poco del programa «Todos en Internet», porque ¡cuidado que fuimos criticados con el «Internet para todos»! Ahora han cambiado a «Todos en Internet» y parece que es la joya de la Corona.
Me gustaría saber su opinión, si considera que se ha cambiado mucho con respecto al anterior programa, si es el mismo pero invertidas las palabras o qué.
En todo caso, sabe que cuenta con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular ya que nosotros lo que queremos es el desarrollo pleno de la sociedad de la información, que no haya diferencias, que llegue a todos los rincones, a todas las personas y desde luego por ello vamos a seguir trabajando, como lo hemos hecho en estos ocho años.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Coloma.
Tiene la palabra la señora Aleixandre, del Grupo de Convergència i Unió.
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias señor presidente.
Gracias, señor don Víctor Domingo por su asistencia a esta Cámara y a esta comisión. La idea de esta comisión, quizá porque soy nueva en ella y no llevo tantos años como mis compañeros, es que nosotros podamos dar, a través de los conocimientos que ustedes nos proporcionan, una información al actual Gobierno o a las Cámaras de cómo debe ser el futuro de las nuevas tecnologías, entre ellas de las que está hablando, la de los internautas.
Usted y mis compañeros han hablado de que los internautas son los que utilizan los medios de comunicación, en este caso Internet. Todos utilizamos Internet. El se ha puesto en nuestras vidas. Ha entrado en nuestras casas y lo ha hecho de una forma más avasalladora que la misma televisión. Esto nos ha dado inseguridad jurídica a muchos. La culpa de que tengamos inseguridad jurídica es del Gobierno y de estas Cámaras, más que de ustedes mismos, pero son ustedes los que tienen que transmitirnos cuáles son los problemas y también algunas soluciones porque a veces, cuando hablo con algunas asociaciones tengo la sensación de que vienen, se quejan, dicen que tal cosa está mal y nada más.
Usted ha puesto el ejemplo de los botijos y del agua, que me ha gustado muchísimo. Es cierto, en el momento en que el agua llegó a las casas los botijos y las gentes que repartían agua dejaron de tener su utilidad.
Pero la sociedad ha de reconvertir a estas personas. Debe atender sus necesidades y saber qué va a hacer con ellas. Y éste es el problema, pues quizás haya en estos momentos una contraposición entre los intereses de una serie de organizaciones que quizá tienen poco lugar en nuestra sociedad y las nuevas que están implantándose.
Me gustaría que entre todos buscásemos soluciones posibles para todos técnica y económicamente. El ADSL ha de llegar a todos los puntos de España, a cualquier rincón de nuestro territorio, incluidas las islas.
Pero a veces hay problemas técnicos y económicos y eso también tenemos que entenderlo. El agua corriente no ha llegado a algunos de nuestros pueblos pequeños hasta hace pocos años, y eso, que es esencial, ha sido así.
Se ha hablado también de que el Gobierno debería tener liderazgo político. Yo no siempre he opinado esto. Es cierto que el liderazgo político deben tenerlo los políticos, pero, al final, lo tiene la sociedad, porque por desgracia nosotros vamos a remolque de la sociedad y mucho más en esta sociedad que a nosotros mismos, a nuestra edad, nos ha cogido un poco con el pie cambiado.
Este es el problema que tenemos. Nuestras nuevas generaciones están pasando delante de nosotros en muchas de las cosas y debemos protegerlos.
Usted ha hecho hincapié, así como la senadora, en la protección de los niños y de los adolescentes. Es cierto. Dejar Internet en manos de unos niños en unas condiciones que ni nosotros mismos conocemos, puede ser terrible y esto debe regularlo el Gobierno y legislarse desde estas Cámaras.
Le doy las gracias por su presencia aquí y por su información. Todos vamos a tener muy en cuenta lo que se ha dicho, pero a partir de aquí tienen que darnos soluciones. Nos gustaría ver las soluciones que aportan ustedes, desde su punto de vista evidentemente, para que luego el Gobierno y las Cámaras hagamos el trabajo que debemos hacer, que deberíamos hacerlo mejor, estoy de acuerdo, legislando y dando protección a todos los usuarios, menores y mayores, y también a los que las nuevas tecnologías, por desgracia, está desplazando de una forma inevitable.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Aleixandre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Tiene la palabra el señor Domingo.
El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE INTERNAUTAS (Domingo Prieto):
Muchas gracias, señor presidente.
Empezaré por el final. Yo he dicho que la Asociación de Internautas no tiene recetas mágicas, no creo que nadie las tenga, pero las cosas se solucionan hablando, debatiendo y sobre todo, aportando, como lo hacemos nosotros --y lo he dicho en la presentación-- la experiencia del día a día de estar sufriéndolo.
¿Cómo se llega hasta el final para que todo el mundo tenga banda ancha? Nosotros proponemos una receta. No es un milagro, pero funciona en Estados Unidos. Estamos hablando del fondo de compensación del servicio universal. Pero ni siquiera el Estado, que podía ser el Estado francés, está subvencionando el ADSL para que llegue a 20 euros. Yo no estoy pidiendo subvención del Estado. Estoy diciendo que las propias operadoras inviertan en su bucle de abonado y sobre todo, tengan ese remanente para que cuando a un ciudadano no le llega ajusten entre todas. Y se pueda ajustar, porque en Estados Unidos eso funciona. En Estados Unidos llega Internet a cada rincón y es un país bastante más grande que España y funciona bien.
El problema está en no querer buscar esa fórmula, por si Telefónica o Retevisión u otra empresa se incomoda con el nGobierno en cuestión en cada momento; en este sentido el asunto es más serio, pero no es un problema ni técnico ni económico. Es un problema de interés político.
También hablamos de las discográficas y de las fonográficas.
Efectivamente se tendrán que reconvertir. Hay muchas fórmulas --hablar de ello sería muy extenso-- para que ese negocio se reconvierta. Y están funcionando. Yo iría a preguntarles a los señores de Apple's iTunes, por ejemplo, cómo están reconvirtiendo ellos el negocio musical gracias a la red de Internet. Claro que lo están reconvirtiendo. Lo que pasa es que se acabaron las limusinas y el «marketing». Eso se ha acabado. Habrá otras cosas. Mañana viene a este país un señor que se va a meter en el negocio de la música. Y les explicará a las discográficas y a las fonográficas como tener rentabilidad y cómo generar industrias musicales pegadas a las tecnologías y no enfrentadas a ellas.
Responderé ahora a las preguntas de las senadora que hablaba del asunto de «Todos en Internet». He dicho antes que nosotros no vemos ninguna diferencia. Hay recursos publicitarios iguales como, por ejemplo, usar a la familia Alcántara. Yo estuve en una presentación de Ana Birulés hace dos años y estuve sentado al lado de Inmanol Arias, que es el protagonista de la serie y básicamente se daba lo mismo. Lo único que se ha cambiado es el formato. Creo que no aporta demasiado.
Lo que a nosotros nos ha preocupado más es que paralelamente a esa campaña que ya venía de atrás se haga otra que es completamente nueva del Ministerio de Cultura y del de Justicia criminalizando Internet. Eso para nosotros es muy preocupante, como es preocupante que se cojan las cosas que estaban hechas y que tanto se criticaron. La crítica debe ser ahora igual que hace un año. Esa es la diferencia entre los que no pertenecemos a un partido y los que sí. Los afiliados siempre tienen que estar, más o menos, con lo que hace el partido, pero los demás tenemos que hacer la misma crítica hoy que la que hicimos hace pocos meses.
Nosotros ya hemos tenido reuniones con el Ministerio en cuanto a las patentes de «software». Llevamos miles de firmas, junto con otras organizaciones como Hispalinux y la Asociación de Técnicos en Informática, sobre el tema de las patentes de software. He de decir que, efectivamente, se nos atendió debidamente. Ya hemos invitado al Ministerio a que nos acompañe en las campañas de seguridad en la red, cosa que nosotros creemos muy importante y el Centro de Alerta Temprana --todo hay que decirlo-- está haciendo un trabajo muy importante.
Hemos tenido la presentación de nuestra nueva Junta Directiva con el secretario de Estado que nos dijo --y con esto contesto a otra pregunta-- lo que aquí ha dicho el ministro, que quien pida la banda ancha, la tendrá. Yo creo que eso no es de recibo, ¿cómo que quien lo pida? ¿Si lo pide un señor de Alpedrete le vas a llevar la banda ancha? ¿Por qué lo tiene que pedir uno? A lo mejor unos piden más que otros o a lo mejor a algunos se les oye más cuando piden que a otros porque últimamente se está oyendo pedir a una gente más que a otra cuando todos piden en las mismas condiciones. Esto está en función de la frecuencia del altavoz.
No, no. Se trata de que la banda ancha sea un acceso universal. Aquí no hay discusión posible. ¿Cómo que uno que lo pide? Tiene que llegar hasta el último extremo y que cada uno, cuando quiera, cuando le dé la gana, cuando se haga una campaña para decirle que Internet es para todos, no vaya al telecentro. Hoy mismo he leído que Red.es está haciendo un plan de 1.500 telecentros. No discuto la medida, desgraciadamente --o afortunadamente, pero creo que desgraciadamente--, he participado en la inauguración de siete telecentros en distintas zonas de este país, y de ellos cuatro ya no funcionan, uno precisamente está en el pueblo del señor secretario de Estado.
¿Qué pasa con los telecentros? Que son un parche. No sé si se acordarán que en el antiguo régimen --no digo en el antiguo Gobierno sino en el antiguo régimen, el del dictador Franco-- existían los teleclubs, hechos para que fueran todos los del pueblo porque eran incapaces de llevar las televisiones casa por casa. Fue un parche que en los años cincuenta y sesenta pudo tener más o menos beneficios, pero que en el año 2004 estemos todavía en la cultura del teleclub es un parche y un soporte.
Donde tiene que estar Internet es en casa de los ciudadanos, porque cuando se quiera que los ciudadanos voten por Internet --si quiere el Gobierno o el Estado--, el ciudadano tendrá que poder votar desde su casa, no tener que ir a un centro público a votar, porque para ir a un centro público vota con la papeleta. Con los telecentros no estamos variando muchas cosas.
Me ha preguntado sobre la LSSI y los datos personales. Efectivamente éste es un aspecto muy importante. Como sabe, nosotros hicimos mucho hincapié en que los internautas de este país tuviéramos la mejor ley de comercio electrónico posible, y no es maravillosa, la ley de comercio electrónico es manifiestamente mejorable, como todo, pero ahora mismo la única regulación que tenemos los internautas en este país es la ley de comercio electrónico que, por cierto, aunque tan denostada ha sido por algunos sectores, hay que reconocer que ahora mismo no se han cerrado muchas páginas web precisamente porque existe una ley de comercio electrónico.
Si no tenemos problemas con las transacciones comerciales es precisamente por la ley de comercio electrónico; si no hubiera existido la ley de comercio electrónico, la Sociedad General de Autores y Editores habrían metido mano a la asociación de la que soy presidente y nos hubieran cerrado la página web, y gracias a la ley de comercio electrónico todavía dependemos de un juez, y estoy hablando de la Asociación de Internautas, no de una página web personal. Gracias a esa ley todavía podemos tener la página. Hay que hacer desarrollos reglamentarios, y hay que cumplirla. El Ministerio de Consumo no la está cumpliendo porque no pide la participación para hacer códigos de conducta de confianza en línea, lo que es fundamental, y no sabemos, y eso es muy importante, en qué situación está el desarrollo reglamentario de guardar los datos personales.
Me preguntaba cómo vemos al Gobierno. Esta respuesta se la doy al Grupo Parlamentario Socialista y también al Grupo Parlamentario Popular. Lo he dicho antes, nosotros estamos donde estábamos hace un año. En nuestra Junta Directiva tenemos la suerte de tener personas de todas las tendencias, de todos los grupos que puedan estar aquí representados, pero nosotros pensamos en Internet, no estamos pensando ni en gobiernos ni en grupos.
Lo que sí le pediría al Grupo Parlamentario Socialista es que, ya que es consciente de todos los cambios que se están produciendo, sea muy dinámico. Me parece bien que puedan tardar hasta el año 2006 en elaborar un Plan de Convergencia, pero aquí hay cosas a las que hay que meter mano inmediatamente, no pueden esperar porque si no nos comen, y estoy hablando, por ejemplo, de la ley de propiedad intelectual, que se ha estado trajinando, yendo de despacho en despacho durante dos años y el sábado nos la manda la ministra de Cultura y nos da siete días para responder. Les pido encarecidamente a todos y cada uno de los grupos que vean el proyecto de reforma de la ley de propiedad intelectual en lo que afecta a la sociedad del conocimiento. No sé quién lo ha elaborado, pero es bastante farragoso. Les pido a todos que lo miren porque, por ejemplo, el intercambio de archivos lo puede dejar absolutamente anulado de un día para otro. Les pido dinamismo, en la misma medida en que cuando eran oposición pedían ese dinamismo al Gobierno, yo creo que es algo con lo que todos estaríamos encantados.
Como culminación, lo que les voy a pedir en formato de ruego, que seguro que muchos internautas lo verán bien, es que vuelvan a constituir la comisión Internet que hubo los años 1998 y 1999 y nos echen una mano, porque lo estamos necesitando.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Domingo, le despedimos con este compromiso.
¿Algún turno de palabra más? (Pausa.) Se levanta la sesión.
Eran las quince horas.
Año 2004 VIII Legislatura Comisiones. Núm. 72
COMISION DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y DEL CONOCIMIENTO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JORDI GUILLOT MIRAVET celebrada el jueves, 18 de noviembre de 2004
DON VICTOR DOMINGO PRIETO
(715/000014).
El señor PRESIDENTE: Vamos a continuar con la sesión, señorías.
Comparece don Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, al que damos la bienvenida y le agradecemos su asistencia.
Tiene usted la palabra.
El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE INTERNAUTAS, Agradezco su invitación, señorías. Hace seis años que comparecí por primera vez ante esta Comisión de la Sociedad de la Información con motivo de que estábamos en un serio conflicto en la red; estábamos buscando las tarifas planas y también pretendíamos conseguir la complicidad de esta comisión --que conseguimos en aquel momento-- para que nos ayudara a obtener tarifas planas así como un acceso más asequible y más universal a la red. De hecho, encontramos esa complicidad en las siguientes comparecencias, aunque eran referidas a otros temas. Pero es curioso porque en aquel tiempo, cuando comparecí por primera vez como presidente de la Asociación de Internautas, estábamos pagando al mes unas 30/40.000 pesetas por hacer un uso socio-profesional de la red, en una red telefónica básica, a una velocidad mucho menor que la que se pueda tener ahora. Hoy en día un usuario de ADSL paga 45 euros, IVA incluido, y a una velocidad de 512/128, es decir, unas diez veces más que en aquel entonces, lo que quiere decir que en el año 1998 éramos un millón y medio de internautas, y ahora --según las distintas fuentes-- estamos entre los nueve y los doce millones. Efectivamente, desde hace seis años hasta ahora hemos conseguido un avance muy importante y muy sustancial, incluso estamos pagando menos que en aquel tiempo, que aunque puede parecer un poco extraño, es así.
No obstante, este avance no es suficiente; de hecho, la semana pasada, cuando paseábamos por SIMO, podíamos ver que el mercado ya está preparado para ofrecernos una sociedad digital; lo que Jacques Delors en su libro blanco definía como la sociedad del conocimiento, que es una sociedad cambiante, con nuevas formas de tecnología, y desarrollaba ese concepto, relacionando el imparable proceso de las nuevas tecnologías con la organización social y económica. Efectivamente, el mercado ya está listo para ofrecernos esa sociedad digital, para ofrecernos la sociedad del conocimiento, pero España no está preparada aún para integrarse en la sociedad de la información.
La semana pasada también, curiosamente, la Asociación Europea de Publicidad Interactiva hizo público un estudio, afirmando que España cuenta con la penetración más baja de Internet en toda Europa. La prospectiva realizada entre septiembre y octubre de 2004 ha incluido 7.000 entrevistas telefónicas aleatorias, con más de mil encuestados, en Reino Unido, Alemania, Francia, España, Italia, los países nórdicos, Bélgica y Holanda. Sus resultados son muy claros e indican que el 42 por ciento de los internautas europeos se conectan diariamente a Internet, y que España tiene la penetración más baja, con un 34 por ciento de la población, a mucha distancia de los países nórdicos, que están hablando de un 74 por ciento o un 77 por ciento, y a menos distancia, pero también sustancial, de países como Bélgica, que tiene el 45 por ciento, y Francia que tiene el 47 por ciento.
España también cuenta con el dudoso honor de tener aún hoy, nueve meses después de que los socialistas hayan entrado en el Gobierno, el ADSL más caro y más lento de Europa, y eso va en detrimento de la sociedad en general. Pero no sólo es ése el problema; no sólo es un problema de precios y calidades --más adelante incidiré en esa cuestión--, sino que en este momento cuatro millones de españoles no tienen acceso a la tecnología ADSL; estamos viendo todos los días maravillosas ofertas de ADSL, como si fuera un bien social al que todo el mundo tiene acceso, pero cuatro millones de españoles no tienen acceso al ADSL, y tan sólo dos millones de españoles tienen acceso ahora mismo a la red por el cable módem. ¿Motivos? Para nosotros --y así lo hemos indicado durante estos últimos años-- quien ha frenado fundamentalmente la red en España, y de una manera absolutamente tajante, ha sido la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones; ha auspiciado una supuesta liberalización de las telecomunicaciones totalmente ajena al interés general.
Pero, ¡cuidado! No hay que confundirse en estos momentos con las declaraciones que en prensa hace nuestro ministro de Industria, el señor Montilla. Efectivamente la CMT tiene muchos motivos para reprobar su conducta; yo solamente les invitaría a que leyeran nuestro histórico de noticias, en la página «Internautas.org», en la sección «El Gobierno y las leyes», para que vean en qué cosas ha fallado la CMT, qué cosas ha auspiciado, y en qué cosas ha frenado a la red; algunas son realmente importantes y va a ser muy difícil salir de ellas, ya que, por ejemplo, en materia de competencia de telefonía fija ha creado un sistema de reventa de los servicios de Telefónica a mayoristas-minoristas absolutamente imposible de eludir si no se pone todo patas arriba y se entra en una nueva dirección.
En cuanto al «slamming» o preasignación fraudulenta, hay un problema muy serio. Nosotros calculábamos que en este asunto había 106.000 casos implicados, y recientemente un estudio de la Unión de Consumidores de España habla de 160.000 casos; para que lo entendamos, la preasignación fraudulenta en telefonía fija significa que un usuario es cambiado de operador sin su consentimiento, sin su firma y además sin ningún control de que se haya llevado a efecto dicha firma.
Esa normativa, actualmente en plena vigencia, es una obra de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones que nadie, hasta este momento, ha atajado, luego el problema existe. Pero está surgiendo un «slamming» del ADSL, cuyo origen es el «slamming» telefónico. Si para nosotros ya es un fraude y un delito cambiar a un cliente de servicio sin su consentimiento, en el ADSL este fraude ya se multiplica por diez. Un usuario de ADSL se encuentra un día sin el servicio, llama a la operadora con la que lo tiene contratado, y resulta que le ha dado de alta otra operadora sin que él lo sepa. En estos momentos debe de haber en torno a 13.000 casos de ADSL. Actualmente estamos trabajando con un caso del Gobierno de Canarias, en el que incluso la compañía que dio el alta del ADSL le ha hecho un abono de 730 euros en su cuenta corriente para que la cosa no siga adelante.
Este usuario de Canarias lleva tres meses sin servicio de ADSL por estas prácticas de «slamming», unas prácticas consentidas por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones que, desde luego, no pueden continuar.
En cuestión de números de tarificación adicional, está clarísima cuál ha sido la actuación de la CMT. Este Gobierno ha tenido que elaborar una orden urgente hace tres meses, a raíz de un desfalco descubierto por la Guardia Civil con este tipo de cuestiones. Pero esa orden parece ser que todavía no es lo suficientemente efectiva como para que el usuario esté defendido. En nuestra opinión, donde hay una responsabilidad importante respecto a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, es en una intencionada desregulación de la prestación del servicio telefónico y telemático.
Esto quiere decir que ahora mismo el usuario de telecomunicaciones en general, ya no sólo los internautas, está absolutamente desprotegido de cualquier tipo de regulación y de abuso de las operadoras telefónicas. No hay una reglamentación donde acudir para protegerse cuando hay un problema de «slamming», de baja calidad del servicio o de que el correo no funciona. Para resolver esto hay dos maneras: nosotros estamos trabajando con unas 12.000 denuncias o casos anuales y, una de dos, o la asociación que represento negocia directamente con las operadoras, que es una posibilidad, o acabar en los juzgados ordinarios de justicia. No creemos que sea muy interesante para incitar a los ciudadanos a que se incorporen a la sociedad de la información decirles que deben acabar en los tribunales ordinarios de justicia para resolver problemas de carácter doméstico.
Por supuesto, en el debate que se está produciendo en estos momentos en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y que, de alguna manera, están protagonizando ayuntamientos como el de Atarfe, Ponteareas en Vigo, o el de Barcelona con las redes públicas, no hay mucho que decir. Cuando el Gobierno, el Estado, el mercado no llega a dar conexión y acceso a Internet a los ciudadanos, hay ayuntamientos que se están tomando la prerrogativa de dar a sus administrados ese acceso, y la CMT les multa, les sanciona y boicotea cualquier tipo de posibilidad de que las redes públicas puedan salir adelante.
Además, tengo que decir en este punto que los mandatarios de estos ayuntamientos, con un carácter político de lo más variado, son personas que están viendo la necesidad de dar un servicio a los ciudadanos, que ni el mercado ni el Estado les está ofreciendo. Sin embargo, la CMT se lo corta, se supone que por apoyar aquello que ha mantenido durante todos estos últimos años: que las operadoras tengan una rentabilidad financiera, que no les negamos, pero no la complementan con el interés general.
En fin, todo este tipo de fallos están suponiendo un detrimento en la economía de muchísimas familias y, además, problemas de carácter traumático, como es el caso de las tarificaciones adicionales. Pero, curiosamente, nuestro ministro de Industria sintetiza esta inaceptable actuación del ente regulador --que se puede reprobar, y creo que ahora mismo es una responsabilidad tanto del Gobierno como del legislador intervenir en este asunto de una manera inmediata-- acusando a la CMT por uno de sus últimos fallos, precisamente el que menos perjudica al usuario de Internet, que ha sido la pretensión de Telefónica de hacer ofertas en el servicio de ADSL de 9,9 euros al mes por once horas.
Al ministro esto le parece mal porque para él supone parar o frenar el desarrollo de la sociedad de la información. Y además, lo digo en una sede donde ya hemos hablado muchas veces de esto y ha habido una complicidad. O sea, ¿el ministro está de acuerdo con que Telefónica rompa el concepto de tarifa plana? El concepto de tarifa plana, que ha sido el elemento dinamizador del desarrollo de Internet en este país. Cuando en junio de 2001 la ministra Anna Birulés estableció la tarifa ondulada, que no era la tarifa plana, pasamos de 2.500.000 a cinco millones de usuarios en dos años. La tarifa plana que el movimiento internauta español consiguió arrancar al Gobierno de Aznar, ¿la vamos a perder con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y con la anuencia del ministro Montilla? Creo que en este aspecto hay que ser absolutamente serios y rigurosos con lo que está pasando. Por entrar en una pelea política que nadie entiende --solamente lo debe de entender el Gobierno y la Generalidad--, de descentralizar la CMT de Madrid a Barcelona, no se puede participar en una guerra en la que no se cuente con el interés general. A nosotros nos da igual que la CMT esté en Madrid, Barcelona, Vitoria, Badajoz, Sevilla o en donde se decida, pero este no es motivo para entrar en una guerra y valga cualquier cosa.
Si el Gobierno se quiere meter con la CMT, nosotros le damos una ristra de motivos para hacerlo, y con fundamento, pero posicionarse al lado de las ofertas de Telefónica, no nos parece que sea riguroso y, desde luego, es inaceptable para nosotros.
La Asociación de Internautas reitera siempre la necesidad de un cambio de estrategia en la CMT y en el Gobierno para adecuar una efectiva y real liberalización de las telecomunicaciones con el interés general. Y propone, en materia de precios, liberar de la carga tarifaria a los internautas, que a pesar de la dificultades están demostrando un dinamismo inusitado, y que de forma decidida se adopten medidas que garanticen las inversiones comprometidas por las operadoras, e inviertan en el bucle local para que exista una competencia real. Asimismo, que se aplique un precio máximo de referencia eliminando los porcentajes mayoristas y minoristas, y de esa manera se salvaguarde el interés general, lo que implicaría necesariamente una sustancial reducción del precio y, por ende, un incremento significativo de las líneas ADSL instaladas.
Me explico, cuando hablo de los mayoristas y los minoristas me refiero a que en este momento lo que la CMT ha auspiciado es una liberalización falsa de las telecomunicaciones. Todas las líneas ADSL que se venden en España son de Telefónica. Pues bien, como es el operador dominante, a la CMT se le ocurrió un sistema: a todos los que venda Telefónica tienen que pasar por allí. ¿Cuál es la solución a ese problema? Generar un precio al minorista y un precio al mayorista. Ahora mismo no hay un precio fijo, el precio de referencia en la actualidad es una tarifa de 39,9 euros al mes.
¿Qué sucede? Que si Telefónica a mí como ciudadano o minorista me vende a 39,9 euros, a veinte, o a lo que quiera el servicio de ADSL, al mayorista le tiene que hacer un descuento obligatoriamente entre el 40 y el 62 por ciento del precio al que se lo vende al minorista. Resultado, que la línea ADSL de verdad --y esto lo dice la CMT-- vale 20 euros al mes. Y nuestra pregunta, que todavía nadie ha contestado, ni el anterior Gobierno, ni el actual, ni la CMT de antes, ni la de ahora, es ¿por qué los ciudadanos tenemos que pagar esa diferencia? ¿Por qué a mí me vale una línea ADSL 39,9 euros y a un mayorista le está costando 20 euros? ¿Por qué tengo yo que estar financiando la liberalización de las telecomunicaciones? ¿Por qué los usuarios españoles de Internet tenemos que estar financiando a Deustch Telecom, a France Telecom, a Italia Telecom, y a todos los que se apunten a la reventa de este servicio? Y el resultado de todo eso es el siguiente: un ciudadano en Irún tiene un servicio de ADSL de 512-128 por 39,9 euros al mes más IVA, y un ciudadano en Bayona, cinco kilómetros más arriba, tiene un servicio ADSL, el doble o el cuádruple de uno o dos megas de velocidad por 20 euros al mes. Esa es la diferencia que hay. Mientras no se solucione esta situación va a ser muy difícil que esto prospere de una manera positiva. Por eso, lo que estamos pidiendo es, primero: obliguen ustedes a invertir a las operadoras en competencia. Segundo, si tiene que hacer esto, pongan un precio máximo y, al hacerlo, ya sabremos, efectivamente, que ahí va a haber competencia. No me pongan un precio que tengo que pagar yo como ciudadano. Eso no es explicable. El porqué tenemos que financiarlo los españoles es un asunto sobre el que no hemos conseguido ningún tipo de explicación.
En materia de calidad del servicio, para nosotros es urgente que haya una regulación en ese campo. El internauta está pagando un servicio indefinido, y digo indefinido porque sabemos el precio que tenemos que pagar, pero no conocemos las contraprestaciones, no sabemos en qué condiciones se está, si nos dan 512, si nos dan hasta 512, si nos dan correo electrónico, etcétera. No hay ninguna referencia reguladora a la que podamos acceder, y de ahí surge una inseguridad jurídica y sobre todo un desamparo. No tenemos referencias que nos protejan ante esta deficiente prestación del servicio tal y como está sucediendo desde diciembre de 2003.
Una cuestión absolutamente urgente es garantizar la universalización. No vale decir que tenemos múltiples ofertas. Un usuario, un internauta, en Barcelona o en Madrid, tiene multitud de ofertas de mercado a las que puede acceder, tanto en ADSL como en cable o en módem, incluso algunos pueden acceder al «power line communication», al PLC de la eléctricas. Podemos acceder a un montón de servicios, pero un señor en una residencia de los Yébenes solamente puede acceder a la red telefónica básica. Esa discriminación tiene que pararse de una manera inmediata, porque estamos dejando a cuatro millones de españoles fuera del servicio de banda ancha.
¿Qué es lo que nosotros proponemos en este ámbito? Hay algo que no hizo el Gobierno anterior y que parece ser que éste no tiene ninguna intención de acometer. Para que haya una universalización es necesaria la creación urgente del fondo de compensación del servicio universal. No es de recibo que una operadora lleve una línea de Telefónica para dar ADSL o cualquier otro servicio telefónico a un sitio periférico --cuando hablo de periférico me refiero a una zona rural muy alejada, porque eso tiene unos costes--, que vaya la operadora dominante, instale allí la línea telefónica y los demás, a lo mejor, se apunten a esa compañía telefónica. El gasto lo lleva uno, porque si estamos ya en libre competencia, lo lógico es que ésta sea efectiva. ¿Cómo han solucionado esto los norteamericanos? Pues de una manera muy sencilla, muy racional y muy económica, que es hacer un fondo de compensación. Tú haces el gasto, tú te llevas al cliente, pues aquí hay una compensación para que nadie pierda. Esto lo evitó el Gobierno anterior, y el actual está pasando de puntillas sobre este asunto, y es algo fundamental para garantizar el servicio universal, porque si no se hace algo así no hay servicio universal para banda ancha, y creo que todo el mundo está de acuerdo en que la banda ancha tiene que ser un servicio universal de manera decidida. En cuanto al acceso, creo que estas son nuestras aportaciones y nuestras propuestas.
He oído al compareciente anterior hablar de la Comisión Soto. Hay muchas cosas de la Comisión Soto con las que no estoy de acuerdo, pero sí lo estoy en la primera: generar un consenso social. No hubo un consenso social y ahora lo estamos buscando. En la Comisión Soto se decía, antes de adaptarse a ninguna estrategia o abordar ningún tipo de cuestión, que era necesario sentarse a una mesa, y nosotros decimos lo siguiente.
Pedimos que cinco minutos antes de organizar esa mesa social se cree una coordinadora interministerial en materia de sociedad del conocimiento, porque ahora mismo existen enormes lagunas en ese sentido. Voy a citar algunos casos que pueden servir de pauta para esas nuevas propuestas.
Lo que nos resulta significativo es que, mientras la entidad empresarial «red.es» y, por ende, el Ministerio de Industria, están promocionando Internet con el programa «Internet para todos», que creó Juan Costa en diciembre del año 2003 --no voy a criticar aquí el programa aquel porque ya lo hemos hecho muchas veces y algún senador expuso críticas aceradas con las que estuvimos bastante de acuerdo-- se está haciendo esa promoción sin mirar más cosas, como una cuestión complementaria, y pueden ser muy discutibles los beneficios o las desventajas de este plan.
Resulta que, paralelamente, los ministerios de Cultura y de Justicia dedican fondos públicos para, en una campaña de criminalización de Internet, denominada «Ahora la ley actúa» y cuyo logo principal es «Cometer delitos por Internet puede tener pena de cárcel», los ministerios de Cultura y de Justicia están dedicando fondos públicos, primero, para decir una obviedad, una solemne tontería, porque si cometes un delito en un bar, en un hospital, también voy a la cárcel. ¿Por qué en Internet? ¿Qué empeño hay en criminalizar Internet de esa manera? ¿Y qué empeño hay en confundir a la opinión pública de esa forma respecto a dos acciones gubernamentales a las que se están dedicando fondos públicos?
Por un lado, te invitan a ir a Internet y, por otro, te dicen que eres un criminal, porque no hay que perderse el cartelito. En el cartelito se ve un cuarto oscuro donde está un señor en una situación un poco tenebrosa, se supone que detrás de un ordenador, y se supone que delinquiendo a mansalva. Creo que ese es posiblemente un fallo de descoordinación. Hay que coordinarlo, porque si no se están confundiendo los mensajes, y unas campañas están poniendo en peligro los beneficios de otras.
También nos hemos enterado por los medios de comunicación de que hay alguien que está desarrollando el Documento Nacional de Identidad electrónico, el DNI electrónico. Hace dos semanas, en una reunión que tuvo la junta directiva de la Asociación con el secretario de Estado, preguntamos quién lo está haciendo, cómo se está haciendo, y no lo sabían. El Ministerio de Industria no lo sabía, y lo digo aquí públicamente porque tengo a toda mi junta directiva de testigo. No sabemos quién lo está haciendo. Creemos que se está haciendo en el Ministerio del Interior. Aquí quiero hacer una reflexión. A mí esto me parece muy grave, porque sí se ha dicho a través de los medios de comunicación que se está haciendo el DNI.
Yo he leído en algún artículo, en algún periódico, que lo está haciendo alguien de Indra,
junto con un departamento del Ministerio del Interior. Rumores y artículos, pero no hay una confirmación oficial. Nosotros queremos saber qué documento nacional electrónico se está haciendo, y aquí sí que le pido encarecidamente a esta comisión que vean quién está haciendo esto, porque en un Estado de Derecho, lo lógico, lo normal, es que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado gestionen, desarrollen y pidan ese documento y trabajen en él, pero son los legisladores los que tienen que informar sobre el tipo de DNI, porque aquí ya nos encontramos ahora mismo con problemas serios como qué tipo de datos se pueden incorporar a un DNI. ¿Se están incorporando datos biométricos en el DNI electrónico? No lo sabemos. ¿Va a ser compatible el Documento Nacional de Identidad con los distintos estándares, con los «software» de código abierto, de código cerrado? ¿Vamos a tener que ir todos los ciudadanos con una marca de «software» para poder utilizar ese DNI? Son problemas importantes, pero lo que no se puede hacer es llevarlo con esta oscuridad. Y ya me parece que es mucho más oscuro cuando el Ministerio de Industria tenía que saber algo al respecto.
También hay descoordinación ministerial cuando preguntamos al ministerio sobre el desarrollo del artículo 12.4 del tratamiento de datos personales de la Ley de Comercio Electrónico. Ahí tiene que haber un desarrollo reglamentario. Preguntamos en el ministerio y tampoco sabían en qué estado de avance estaba el reglamento. No solamente nos gustaría saber cómo va eso. Nos gustaría poder intervenir como hicimos cuando se redactó la Ley de Comercio Electrónico, la primera ley, y pudimos debatir. Se nos pidió opinión y pudimos aportarla. Yo creo que ahí hay mucho que decir en lo relativo a la retención de nuestros datos personales por los proveedores del servicio. Nosotros estamos de acuerdo en que haya una regulación que diga exactamente qué hay que hacer con esos datos personales, porque ahora mismo estamos en una inseguridad manifiesta. Los proveedores sabrán lo que hacen con los datos personales que lleguen a sus manos. Me parece que con la que está cayendo es dejarles demasiadas ventajas a los proveedores de servicios.
Además, hay otra cuestión sobre la que el Ministerio de Industria tampoco tenía mucho conocimiento: el decreto de confianza «online». Se trata de un decreto elaborado por Ministerio de Sanidad y Consumo y, aunque afortunadamente la Generalitat de Catalunya lo ha impugnado por una cuestión de lenguas, no lo está por algo que a nosotros nos importa mucho más. El artículo 18 de la llamada Ley de Comercio Electrónico decía, en lo relativo a los códigos de conducta, que cualquier código deontológico que se suscribiera por parte de los empresarios tenía que contar con la participación de las organizaciones y asociaciones de consumidores y usuarios, e incluso de discapacitados. Por ello, el Ministerio de Sanidad y Consumo ha incumplido el artículo 18 de la Ley del Comercio Electrónico, porque no ha contado con el concurso de las asociaciones de consumidores y usuarios ni tampoco de los discapacitados.
El hecho de que el ministerio incumpla las leyes es un problema grave. Está ofreciendo al conjunto de la ciudadanía un proyecto de decreto de confianza «online» sin la participación de los usuarios, a pesar de que la ley les requiere para que lo hagan así. ¡Poca confianza vamos a tener los usuarios en decretos elaborados de esta forma!
Quiero recalcar que existe un problema en cuanto a la cuestión de los dominios «punto es»; el señor ministro ha prometido que lo va a rebajar un 80 por ciento y que va a flexibilizar el dominio «punto es» porque su gestión no admite un envite mínimo. Sin embargo, tal y como nos prometió en su momento el director general de «red.es», delante del secretario de Estado, también queremos que nos llame para informarnos sobre lo que se vaya a hacer con el plan nacional de dominios. Las promesas están bien, pero hay que cumplirlas y, además, hay que hacerlo inmediatamente porque, por ejemplo, mientras que los españoles hemos comprado 81.000 dominios «punto es» en todo lo que llevamos de trayectoria --y seguimos un ritmo de, aproximadamente, 1.000 cada mes--, hemos comprado 601.000 dominios genéricos. Si hacemos la sencilla cuenta de 601.000 dominios genéricos a 15 dólares cada uno, se podrán hacer idea del dinero que está saliendo fuera de España cada año, por la incapacidad de la gestora o la entidad red.es. Cuando más tiempo tardemos en solucionar esta cuestión, mayor será la cantidad de dinero que se traslade fuera del país y, en definitiva, aunque los internautas tengamos dominio, nos gustaría tener los dominios de nuestro país y de la misma manera que al señor ministro le interesa mucho que los dominios sean nacionales, nosotros queremos disponer del «punto es» a un precio asequible y con la flexibilidad de gestión que tienen los dominios genéricos alemanes o los del Reino Unido.
En la comunidad de Internet, en este momento, existe un problema muy serio y es un conflicto cuyas consecuencias no estoy capacitado para predecir, pero que están generando incluso problemas de orden económico, social y, posiblemente, político.
En este país se ha impuesto una casta de personas, que emboscados tras el nombre de una denominada cultura, están expoliándonos, están fijando tasas y cánones, están marcando el ritmo a seguir e incluso nos están insultando y criminalizando --no sé si esta criminalización tiene algo que ver con lo que dije antes de los ministerios de Justicia y de Cultura, espero que no.
Nosotros llamamos a esto la dictadura del «culturetariado» por una cuestión muy sencilla: se amparan tras el discurso de una supuesta izquierda, o no sé qué, y están imponiendo cánones y tasas a un montón de gente. Pero no sólo están haciendo eso, todavía quieren hacer más. En esta dictadura del «culturetariado» se pueden diferenciar dos partes: en primer lugar, los productores --productoras, discográficas, fonográficas--, que forman parte de una industria que está defendiendo sus privilegios a sangre y fuego. En Estados Unidos, están criminalizando a los internautas y les están llevando a los tribunales, aunque aquí no lo han podido hacer todavía porque tenemos leyes garantistas, que permiten a los ciudadanos tener privacidad, intimidad y, por ejemplo, existe el derecho a la copia privada. Su objetivo es, de alguna manera, defender un negocio que ya está obsoleto y que fue muy beneficioso a mitad del siglo pasado, pero ese negocio ya no sirve. La cuestión es muy sencilla, hace un montón de siglos había una industria estupenda de alfarería porque los botijos eran necesarios cuando no llegaba el agua al grifo de las casas; ahora tenemos grifos y llega el agua a casa, pero estos señores son alfareros y no se han dado cuenta de que ya no necesitamos esos botijos.
En segundo lugar, se han adherido a esa causa --aunque muchas veces tengan intereses encontrados--, una casta de señores que se esconden detrás de una supuesta sociedad de gestión de los derechos de autor, que también nos criminalizan y, además, nos ponen cánones y tasas sobre ese negocio que está en obsolescencia.
En definitiva, desde el 1 de septiembre del año 2003, la asociación de internautas y un montón de comunidades en la red estamos resistiendo los ataques de estos señores; nos han impuesto un canon, con la permisividad del Gobierno, pero no se puede entender que una sociedad privada llegue a un acuerdo con otra sociedad privada e impongan un canon al conjunto de los ciudadanos, y que el Gobierno se quede callado. Además, utilizan un argumento: el canon tiene por objeto la compensación del derecho a la copia privada, pero resulta que imponen un canon sobre los soportes y todo el mundo que tiene acceso a la copia privada no está copiando cosas que son de autores, podemos estar copiando software libre, archivos, nuestras fotografías digitales, etcétera.
El otro día, el señor ministro de Economía presentó los Presupuestos Generales del Estado en un CD, lo que quiere decir que el señor ministro de Economía, don Pedro Solbes, tuvo que pagar un canon a la SGAE. Todos los parlamentarios y senadores que vayan a hacer uso de esa información y vayan a copiar ese CD también tendrán que pagar un canon a la SGAE.
Nosotros creemos que esta situación es inaceptable y no la vamos a permitir. Creemos que los grupos parlamentarios se deben implicar y, por supuesto, también el Gobierno, que hasta el momento está mirando para otro lado; sin embargo, nosotros vamos a hacer que mire para éste, porque es una cuestión a la que damos una importancia fundamental. No se trata de que tengamos o no que pagar soportes digitales, es que estamos hablando del desarrollo de la sociedad de la información y no podemos tener este tipo de lastres o de lacras que frenen el desarrollo de la sociedad de la información --y no voy a utilizar otros calificativos porque ya tengo dos juicios pendientes con estos señores--, y es un problema que va a más.
He de reconocer que el Gobierno puso en práctica una medida muy positiva nada más tomar posesión: defender la posición española contra las patentes de software en el Consejo Europeo celebrado en el mes de julio.
El ministro de Industria, el señor Montilla, estuvo a la altura de las circunstancias y votó en contra de las patentes de software, que Polonia también ha incorporado, de forma que se ha propiciado que haya una mayoría de países que estén en contra de estas patentes. Esto de las patentes de software no es ninguna broma; estamos hablando de una industria nacional y de que las grandes multinacionales no se queden con el desarrollo tecnológico y con la innovación de los países.
Quiero mencionar otro tema que me parece importante y que, algunas veces se toca con demasiada ligereza: la navegación de los menores en Internet. A la hora de enfocar este tipo de cuestiones, que afectan a la educación, proponemos la culturización tecnológica de las enseñanzas no universitarias como un elemento fundamental en cualquier estrategia de divulgación de la sociedad de la información. En este momento, los menores son auténticos privilegiados, tienen la facilidad de estar inmersos en la cultura del clic y, sin embargo, nuestros maestros, nuestros profesores están obviando la cuestión.
Los menores no deben navegar solos en Internet, deben hacerlo bajo la tutoría de los padres y, por supuesto, de los profesores. Sin embargo, estamos hartos de ver cómo muchos profesores les dejan el ordenador para que se entretengan y hagan lo que sea, lo cual no debería suceder. Por tanto, en este campo hay que culturizar a los profesores, porque no son los menores los que deben dirigir la navegación por Internet, lo que supone un problema mucho más serio de lo que inicialmente podemos considerar. Y nosotros no somos partidarios de la filtración de contenidos, etcétera.
Es una cuestión de índole cultural que también afecta a los padres. No podemos decir que se trate del mismo ejemplo el de un chaval al que le dejan viendo la televisión como él quiera que navegando en Internet, pues es una herramienta interactiva, con la que este niño es emisor y difusor de información, con todo lo que eso puede suponer. Por tanto, habría que emplear una estrategia muy seria, decidida y consensuada a fin de no dejar sin control a los menores.
Básicamente, estas son las propuestas que manifestamos, las cuales, así como las críticas que realizamos, son fruto de la experiencia de cada día en la red. No tenemos ningún tipo de receta milagrosa pero, desde luego, estas experiencias las ponemos a disposición de todas las instituciones públicas que quieran contar con ellas.
Muchas gracias por su atención.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Domingo.
Iniciamos el turno de portavoces.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Salvador.
El señor SALVADOR GARCIA: Gracias, señor presidente.
Señor Domingo, en primer lugar, quiero felicitarle por su exposición, con la que en tan poco tiempo ha sido capaz de informarnos de numerosas cuestiones, cumpliendo con nuestro objetivo, pues lo que nosotros pretendemos al solicitar estas comparecencias en estas comisiones es que nos aporten lo que realmente piensan los ciudadanos y los agentes del sector, a fin de equivocarnos lo menos posible en las decisiones que podamos adoptar en el ejercicio del trabajo de nuestra comisión. Por tanto, insisto en que creo que ha sido capaz de concretar brevemente tantísimos temas que forman parte del abecedario referente a todos los problemas que en estos momentos nos están acuciando.
Creo que estamos en una etapa realmente nueva y han venido bien las comparecencias de esta mañana, no solamente la suya, porque, como bien ha dicho hace unos momentos el señor Banegas, que ha sido una de las personas que ha participado activamente en la Comisión Soto, en el Plan España.es, se empezó con buenas intenciones --siempre hay buenas intenciones en un gobierno o, por lo menos, eso presuponemos-- pero con muchas carencias de medios y problemas y sin saber muy bien qué se quería hacer. Después ha dicho que con este plan tampoco se encontró liderazgo, que es lo que reclamaba al final de su comparecencia.
Esto nos da pie a seguir considerando lo que el Grupo Parlamentario Socialista pensaba al inicio de la andadura de esta comisión, cuando creo que hicimos una buena labor desde la oposición intentando compartir todos aquellos problemas que podían angustiar a los agentes del sector, sin haber perdido la perspectiva de lo que decíamos entonces y queremos hacer ahora.
No obstante, aunque es cierto que puede parecer que ha transcurrido mucho tiempo desde que el Gobierno está en el poder y que, por tanto, ya se han podido acometer reformas o adoptar medidas oportunas, nos mostramos algo más pausados en la reflexión, no en la cantidad de trabajo realizado ni en la dedicación, como nos corresponde, para hacer propuestas, y es por ello que consideramos fundamental presentar nuevamente una moción sobre el plan de convergencia.
Y hasta que no esté en marcha ese plan de convergencia --y la clave va a estar en el trabajo de este año-- no se podrá decir que el Gobierno actual está actuando con sus instrumentos y objetivos, porque lo que hoy día está gestionando es lo heredado del Gobierno anterior, el cual seguramente actuó con la mejor intención en el desarrollo de su trabajo.
Por tanto, los problemas siguen vigentes, de modo que los comparecientes nos vienen a decir que todavía no se ha resuelto satisfactoriamente esto, no ha habido un gesto de cambio evidente respecto a aquello, etcétera.
Pero, dicho esto, que es absolutamente fundamental, hay dos cuestiones que considero que nos muestran el cambio y la etapa en la que nos encontramos: en primer lugar, esa moción fue aprobada por el conjunto de la Cámara, donde todos fuimos capaces de ponernos de acuerdo en los objetivos y en el camino que había que recorrer, y algo que está muy de moda y nos hacía mucha falta en este país, porque los grupos minoritarios lo agradecen pero también las minorías en la calle, es que hay que dejar que se escuche su voz y surja efecto realmente.
Igual que en cualquier proceso de gestión del cambio hay que tener claro que hay que cambiar, como afirman todos los comparecientes y se dice en la calle, ahora toca dar el siguiente paso, es decir, tratar de dónde, cuándo y cómo hay que cambiar, lo que se tiene que concretar en ese nuevo proyecto que se incluirá en el plan de convergencia. Pero lo importante para mí es que se ha decidido no hacerlo desde uno o varios ministerios que tengan competencias sobre la materia sino como creo que hay que hacer en estos casos, porque esto es algo de interés nacional y, por tanto, los grupos debemos ponernos de acuerdo, que es lo que nos corresponde. Pero intentemos también entablar conversaciones reales y sinceras con todos los interlocutores y agentes del sector en la calle, cuestión en la que creo que debemos estar Gobierno, Parlamento y sectores afectados.
En particular, la asociación que usted preside, aludiendo al respeto y la defensa imprescindible del sindicalismo, yo compararía su asociación con un sindicato que es capaz de traducir al Gobierno y al poder legislativo aquellas necesidades reales que tienen las gentes y que, por tanto, demandan una solución, independientemente de quien gobierne, cuestión en la que creo que todos nos tenemos que encontrar.
El señor Domingo se ha referido anteriormente al DNI electrónico, respecto de lo que recientemente el ministro ya nos anunció en su comparecencia en esta Cámara que el acuerdo estaba en fase de preparación, un acuerdo que esperaba que pudiera firmarse próximamente entre los ministerios de Industria y del Interior, y respecto de lo que ya avanzó que la idea es que comenzase a estar en funcionamiento un plan piloto a partir de 2006.
Por tanto, es un proyecto que, como cualquier otro, está en marcha pero todavía se tiene que concretar en ese nuevo plan de la sociedad de la información y respecto del que hay que escuchar a mucha gente, como bien ha dicho el señor compareciente, pues la verdad absoluta no la tiene el Ministerio del Interior ni el de Justicia y habrá de verse qué es lo que más interesa al conjunto de los españoles.
Finalmente, quiero decirle que coincidimos y compartimos gran parte de las ideas que usted ha expuesto, por ejemplo, en relación al precio del ADSL, al DNI electrónico, etcétera, y que este es el momento en que tenemos que estudiar estos asuntos y trabajar a fin de llegar a un gran pacto nacional.
Y si la misión de estas comparecencias es trasladarnos la voz de la calle, lo único que le puedo decir es que, para mantener la coherencia con lo que nuestro grupo decía cuando estaba en la oposición, intentaremos aplicar buena parte de las medidas que se solicitan y, sobre todo, intentaremos que no caigan en saco roto. Y como decía el profesor Ferraté, los cambios son muy rápidos, de modo que las decisiones también lo deben ser, pero siempre con orden y tras el acuerdo y el consenso de todos, porque de otra forma no servirían para nada.
Y en un proceso de gestión del cambio hace falta tres cosas. La primera, como ya he dicho, es que tenemos que ser conscientes de que hay que cambiar; la segunda es encontrar la dirección y el camino, y creo que entre todos tenemos que ponernos de acuerdo, y la tercera --y estoy de acuerdo con el compareciente anterior-- es que exista liderazgo político, en este caso de la Presidencia del Gobierno, para acometer todo el cambio que conlleve el que tengamos una sociedad mucho mejor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Salvador.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora Coloma.
La señora COLOMA PESQUERA: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, don Víctor Domingo, por acudir de nuevo a esta Comisión, y digo de nuevo porque no es ni mucho la primera vez, como usted nos ha recordado. Acudió hace seis años, después volvió cuando teníamos la comisión de Redes Informáticas, que presidía don Esteban González Pons, al que vio cómo trabajaba y lideró proyectos e hizo que en esta Cámara se creara esta comisión y volvió en la siguiente legislatura, cuando teníamos la Comisión de la Sociedad de la Información y del Conocimiento.
Y agradezco hoy su comparecencia porque lo que nos ha venido a transmitir es precisamente las inquietudes de los que realmente utilizan las nuevas tecnologías, los que defienden y trabajan por el desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento.
Y ha dicho muchas cosas con las que estoy totalmente de acuerdo.
Ciertamente, mucho se ha hecho bien, otras no tan bien, pero creo que la realidad es que se ha avanzado y se ha avanzado bastante. El señor Domingo daba un dato que creo que es bastante significativo y es que si antes pagábamos por un ADSL 40.000 pesetas, ahora pagamos 45 euros. Es verdad que todavía seguimos pagando más que en Europa y que habrá que seguir reduciendo este tipo de tarifas pero creo que el avance es significativo.
El número de usuarios de Internet también es significativo. Si en 1996 había 240.000 y en la actualidad contamos casi con doce millones de usuarios, creo que algo será debido a las políticas acertadas que se han llevado a cabo durante los últimos ocho años. Y así podría ir diciendo una serie de parámetros o de indicadores que vienen a decir que hemos avanzado, que todavía no estamos ni muchísimo menos donde quisiéramos, pero que no por ello todo lo que se hizo en estos ocho años hay que desterrarlo y hay que dejarlo.
Habrá que coger, como en todo, lo bueno. El ministro el otro día en la comparecencia fue sincero y dijo que él no era de los que se aparta de lo que ha ido bien y lo cambia todo. No porque lo haya hecho un gobierno del Partido Popular, hay que cambiarlo y darle a todo la vuelta. No. Habrá que seguir avanzando, habrá que dejar las cosas que se han hecho bien y, por supuesto, seguir avanzando y mejorar en lo posible lo que no se ha hecho tan bien.
Me gustaría comentarle una cosa. Es fundamental que no solamente haya un número importante, es decir, la cantidad, sino que para mí es casi más importante la calidad. Si las redes de comunicación no tienen calidad, si no vamos a un plan de banda ancha que llegue a todos y cada uno de los ciudadanos, me parece que estamos haciendo un flaco favor a la sociedad.
No se pueden discriminar los territorios. Todas las personas son iguales y deben ser iguales también ante este reto tan importante que es el de la sociedad de la información. El otro día le dije al ministro lo que pensaba respecto a unas declaraciones suyas en las que decía que no llevarán la banda ancha a toda España, sólo a quien la pida; es decir, hay un proyecto de llevar la banda ancha, pero no a toda España, sólo a quienes la pidan. A mí me parece --no sé a usted, como presidente de la Asociación de Internautas-- que eso es peligroso, ya que pasar de la oferta a la demanda, puede incidir todavía más en la brecha digital y podemos hacer que haya ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda y ciudadanos de última. No sé si usted estará de acuerdo, creo que sí, con que se extienda la banda ancha, pero a todos los rincones de España. Por eso decía lo de la calidad.
Me ha preocupado lo que ha dicho de que la CMT --lo ha mencionado ahora y además yo también he leído algunas de sus intervenciones, y entro muy a menudo en su página-- ha actuado de manera ajena a la sociedad. La verdad es que esto de la preasignación sin el consentimiento de los usuarios nos preocupa mucho, y que se haga con el consentimiento de la CMT parece un tanto sospechoso. Le digo que desde mi grupo tomamos muy buena nota de ello y me gustaría saber qué es lo que se puede hacer para que esto no siga ocurriendo.
Conocerá que el ministro dijo en su comparecencia que se va a crear la oficina del defensor de las TIC o el defensor como tal de las tecnologías de la información y la comunicación. Yo no sé si usted opina que con esa figura se van a solucionar los problemas que hay de telecomunicaciones como, por ejemplo, este al que acaba de hacernos referencia.
También hay algo muy importante y es que esto lo tiene que liderar alguien. Permítame que le diga que ahora mismo yo no veo un liderazgo claro en el nuevo Gobierno. El anterior compareciente, el señor Banegas, fue vicepresidente de la Comisión Soto, y esa comisión decía que era necesario crear un liderazgo político. Yo tengo que decirle --no sé si usted lo compartirá-- respecto del Gobierno anterior que aunque el Plan Info XXI a lo mejor no dio todos los resultados que se esperaban de él, sí que había un liderazgo claro y una complicidad grande por parte no solamente del ministro de turno --en ese caso la ministra de turno--, sino por el propio presidente del Gobierno y que era algo, además, que afectaba a todos los departamentos del Gobierno, a todos los ministerios.
En el actual Gobierno se ha quitado el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Según el programa electoral del Partido Socialista se iba a crear el ministerio de educación, ciencia y tecnología, que se ha quedado sólo en Ministerio de Educación y Ciencia, y ahora mismo todo lo que hace referencia a sociedad de la información está metido en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo --no aparece para nada la palabra tecnología-- y lo lleva una Secretaría de Estado. Yo no sé si hay el liderazgo suficiente, pero, ya digo, no solamente por el ministro, sino por el propio presidente del Gobierno, por todo el Gobierno en su conjunto.
Con respecto al DNI electrónico, me ha dejado preocupada, porque nos gustaría saber quién es el que va a liderar este proyecto. Usted dice que no sabe si va a ser el Ministerio de Industria o el Ministerio del Interior. Es algo que hay que aclarar. También me gustaría que usted, como representante de los internautas, siga ahí a ver si metiéndose un poco por algunos pasillos logra entrar en ese lugar que parece ser que es oscuro y que no mucho ve la luz. Yo creo que el DNI electrónico va a favorecer el desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento. Sabe muy bien que el Consejo de Ministro todavía del Partido Popular ya aprobó un acuerdo para poner en marcha la implantación del DNI electrónico y no sabemos por qué todavía no se ha convocado el concurso para desarrollar ese proyecto.
Con respecto al tratamiento de datos personales, uno de los puntos de la Ley de Servicios Sociales de la Información y del Comercio Electrónico, el desarrollo del reglamento todavía está ahí. También desearíamos que eso se pusiera en marcha, porque si hay algo claro en este mundo de la sociedad de la información, de Internet, de las nuevas tecnologías es que, mientras no haya confianza y no haya seguridad, no es posible avanzar. Es fundamental que el tratamiento de datos sea algo en lo que la gente confíe, que se fíe y sepa que ahí no va a acceder nadie, que no va a haber posibilidad de que alguien conozca algo que debe ser privado.
Me gustaría saber también si su asociación ha tenido ya reuniones con el ministerio, con el ministro o con el secretario de Estado o con alguna otra persona, si se han reunido ya en más de una ocasión y si ven que van en la línea adecuada, si creen que han tomado ya decisiones que son las correctas o qué es lo que piensa, porque es fundamental que el Gobierno, y en concreto el ministerio que lleva estos asuntos, se reúna con los afectados, con las personas que utilizan la red, que conocen y transmiten la sensibilidad de la gente.
Estoy totalmente de acuerdo con que haya una navegación segura para los menores. Ya en la legislatura pasada se pusieron en marcha programas para que hubieran filtros y los niños no pudieran acceder a páginas donde se puede encontrar pornografía o cosas que no son las adecuadas para los menores, pero también estoy totalmente de acuerdo en que ésa es una labor de enseñanza de los profesores y de las familias. O sea, tanto los educadores como las familias son los que tienen que conocer las ventajas y los riesgos que tienen las nuevas tecnologías.
Me gustaría también que hablara un poco del programa «Todos en Internet», porque ¡cuidado que fuimos criticados con el «Internet para todos»! Ahora han cambiado a «Todos en Internet» y parece que es la joya de la Corona.
Me gustaría saber su opinión, si considera que se ha cambiado mucho con respecto al anterior programa, si es el mismo pero invertidas las palabras o qué.
En todo caso, sabe que cuenta con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular ya que nosotros lo que queremos es el desarrollo pleno de la sociedad de la información, que no haya diferencias, que llegue a todos los rincones, a todas las personas y desde luego por ello vamos a seguir trabajando, como lo hemos hecho en estos ocho años.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Coloma.
Tiene la palabra la señora Aleixandre, del Grupo de Convergència i Unió.
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias señor presidente.
Gracias, señor don Víctor Domingo por su asistencia a esta Cámara y a esta comisión. La idea de esta comisión, quizá porque soy nueva en ella y no llevo tantos años como mis compañeros, es que nosotros podamos dar, a través de los conocimientos que ustedes nos proporcionan, una información al actual Gobierno o a las Cámaras de cómo debe ser el futuro de las nuevas tecnologías, entre ellas de las que está hablando, la de los internautas.
Usted y mis compañeros han hablado de que los internautas son los que utilizan los medios de comunicación, en este caso Internet. Todos utilizamos Internet. El se ha puesto en nuestras vidas. Ha entrado en nuestras casas y lo ha hecho de una forma más avasalladora que la misma televisión. Esto nos ha dado inseguridad jurídica a muchos. La culpa de que tengamos inseguridad jurídica es del Gobierno y de estas Cámaras, más que de ustedes mismos, pero son ustedes los que tienen que transmitirnos cuáles son los problemas y también algunas soluciones porque a veces, cuando hablo con algunas asociaciones tengo la sensación de que vienen, se quejan, dicen que tal cosa está mal y nada más.
Usted ha puesto el ejemplo de los botijos y del agua, que me ha gustado muchísimo. Es cierto, en el momento en que el agua llegó a las casas los botijos y las gentes que repartían agua dejaron de tener su utilidad.
Pero la sociedad ha de reconvertir a estas personas. Debe atender sus necesidades y saber qué va a hacer con ellas. Y éste es el problema, pues quizás haya en estos momentos una contraposición entre los intereses de una serie de organizaciones que quizá tienen poco lugar en nuestra sociedad y las nuevas que están implantándose.
Me gustaría que entre todos buscásemos soluciones posibles para todos técnica y económicamente. El ADSL ha de llegar a todos los puntos de España, a cualquier rincón de nuestro territorio, incluidas las islas.
Pero a veces hay problemas técnicos y económicos y eso también tenemos que entenderlo. El agua corriente no ha llegado a algunos de nuestros pueblos pequeños hasta hace pocos años, y eso, que es esencial, ha sido así.
Se ha hablado también de que el Gobierno debería tener liderazgo político. Yo no siempre he opinado esto. Es cierto que el liderazgo político deben tenerlo los políticos, pero, al final, lo tiene la sociedad, porque por desgracia nosotros vamos a remolque de la sociedad y mucho más en esta sociedad que a nosotros mismos, a nuestra edad, nos ha cogido un poco con el pie cambiado.
Este es el problema que tenemos. Nuestras nuevas generaciones están pasando delante de nosotros en muchas de las cosas y debemos protegerlos.
Usted ha hecho hincapié, así como la senadora, en la protección de los niños y de los adolescentes. Es cierto. Dejar Internet en manos de unos niños en unas condiciones que ni nosotros mismos conocemos, puede ser terrible y esto debe regularlo el Gobierno y legislarse desde estas Cámaras.
Le doy las gracias por su presencia aquí y por su información. Todos vamos a tener muy en cuenta lo que se ha dicho, pero a partir de aquí tienen que darnos soluciones. Nos gustaría ver las soluciones que aportan ustedes, desde su punto de vista evidentemente, para que luego el Gobierno y las Cámaras hagamos el trabajo que debemos hacer, que deberíamos hacerlo mejor, estoy de acuerdo, legislando y dando protección a todos los usuarios, menores y mayores, y también a los que las nuevas tecnologías, por desgracia, está desplazando de una forma inevitable.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Aleixandre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Tiene la palabra el señor Domingo.
El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE INTERNAUTAS (Domingo Prieto):
Muchas gracias, señor presidente.
Empezaré por el final. Yo he dicho que la Asociación de Internautas no tiene recetas mágicas, no creo que nadie las tenga, pero las cosas se solucionan hablando, debatiendo y sobre todo, aportando, como lo hacemos nosotros --y lo he dicho en la presentación-- la experiencia del día a día de estar sufriéndolo.
¿Cómo se llega hasta el final para que todo el mundo tenga banda ancha? Nosotros proponemos una receta. No es un milagro, pero funciona en Estados Unidos. Estamos hablando del fondo de compensación del servicio universal. Pero ni siquiera el Estado, que podía ser el Estado francés, está subvencionando el ADSL para que llegue a 20 euros. Yo no estoy pidiendo subvención del Estado. Estoy diciendo que las propias operadoras inviertan en su bucle de abonado y sobre todo, tengan ese remanente para que cuando a un ciudadano no le llega ajusten entre todas. Y se pueda ajustar, porque en Estados Unidos eso funciona. En Estados Unidos llega Internet a cada rincón y es un país bastante más grande que España y funciona bien.
El problema está en no querer buscar esa fórmula, por si Telefónica o Retevisión u otra empresa se incomoda con el nGobierno en cuestión en cada momento; en este sentido el asunto es más serio, pero no es un problema ni técnico ni económico. Es un problema de interés político.
También hablamos de las discográficas y de las fonográficas.
Efectivamente se tendrán que reconvertir. Hay muchas fórmulas --hablar de ello sería muy extenso-- para que ese negocio se reconvierta. Y están funcionando. Yo iría a preguntarles a los señores de Apple's iTunes, por ejemplo, cómo están reconvirtiendo ellos el negocio musical gracias a la red de Internet. Claro que lo están reconvirtiendo. Lo que pasa es que se acabaron las limusinas y el «marketing». Eso se ha acabado. Habrá otras cosas. Mañana viene a este país un señor que se va a meter en el negocio de la música. Y les explicará a las discográficas y a las fonográficas como tener rentabilidad y cómo generar industrias musicales pegadas a las tecnologías y no enfrentadas a ellas.
Responderé ahora a las preguntas de las senadora que hablaba del asunto de «Todos en Internet». He dicho antes que nosotros no vemos ninguna diferencia. Hay recursos publicitarios iguales como, por ejemplo, usar a la familia Alcántara. Yo estuve en una presentación de Ana Birulés hace dos años y estuve sentado al lado de Inmanol Arias, que es el protagonista de la serie y básicamente se daba lo mismo. Lo único que se ha cambiado es el formato. Creo que no aporta demasiado.
Lo que a nosotros nos ha preocupado más es que paralelamente a esa campaña que ya venía de atrás se haga otra que es completamente nueva del Ministerio de Cultura y del de Justicia criminalizando Internet. Eso para nosotros es muy preocupante, como es preocupante que se cojan las cosas que estaban hechas y que tanto se criticaron. La crítica debe ser ahora igual que hace un año. Esa es la diferencia entre los que no pertenecemos a un partido y los que sí. Los afiliados siempre tienen que estar, más o menos, con lo que hace el partido, pero los demás tenemos que hacer la misma crítica hoy que la que hicimos hace pocos meses.
Nosotros ya hemos tenido reuniones con el Ministerio en cuanto a las patentes de «software». Llevamos miles de firmas, junto con otras organizaciones como Hispalinux y la Asociación de Técnicos en Informática, sobre el tema de las patentes de software. He de decir que, efectivamente, se nos atendió debidamente. Ya hemos invitado al Ministerio a que nos acompañe en las campañas de seguridad en la red, cosa que nosotros creemos muy importante y el Centro de Alerta Temprana --todo hay que decirlo-- está haciendo un trabajo muy importante.
Hemos tenido la presentación de nuestra nueva Junta Directiva con el secretario de Estado que nos dijo --y con esto contesto a otra pregunta-- lo que aquí ha dicho el ministro, que quien pida la banda ancha, la tendrá. Yo creo que eso no es de recibo, ¿cómo que quien lo pida? ¿Si lo pide un señor de Alpedrete le vas a llevar la banda ancha? ¿Por qué lo tiene que pedir uno? A lo mejor unos piden más que otros o a lo mejor a algunos se les oye más cuando piden que a otros porque últimamente se está oyendo pedir a una gente más que a otra cuando todos piden en las mismas condiciones. Esto está en función de la frecuencia del altavoz.
No, no. Se trata de que la banda ancha sea un acceso universal. Aquí no hay discusión posible. ¿Cómo que uno que lo pide? Tiene que llegar hasta el último extremo y que cada uno, cuando quiera, cuando le dé la gana, cuando se haga una campaña para decirle que Internet es para todos, no vaya al telecentro. Hoy mismo he leído que Red.es está haciendo un plan de 1.500 telecentros. No discuto la medida, desgraciadamente --o afortunadamente, pero creo que desgraciadamente--, he participado en la inauguración de siete telecentros en distintas zonas de este país, y de ellos cuatro ya no funcionan, uno precisamente está en el pueblo del señor secretario de Estado.
¿Qué pasa con los telecentros? Que son un parche. No sé si se acordarán que en el antiguo régimen --no digo en el antiguo Gobierno sino en el antiguo régimen, el del dictador Franco-- existían los teleclubs, hechos para que fueran todos los del pueblo porque eran incapaces de llevar las televisiones casa por casa. Fue un parche que en los años cincuenta y sesenta pudo tener más o menos beneficios, pero que en el año 2004 estemos todavía en la cultura del teleclub es un parche y un soporte.
Donde tiene que estar Internet es en casa de los ciudadanos, porque cuando se quiera que los ciudadanos voten por Internet --si quiere el Gobierno o el Estado--, el ciudadano tendrá que poder votar desde su casa, no tener que ir a un centro público a votar, porque para ir a un centro público vota con la papeleta. Con los telecentros no estamos variando muchas cosas.
Me ha preguntado sobre la LSSI y los datos personales. Efectivamente éste es un aspecto muy importante. Como sabe, nosotros hicimos mucho hincapié en que los internautas de este país tuviéramos la mejor ley de comercio electrónico posible, y no es maravillosa, la ley de comercio electrónico es manifiestamente mejorable, como todo, pero ahora mismo la única regulación que tenemos los internautas en este país es la ley de comercio electrónico que, por cierto, aunque tan denostada ha sido por algunos sectores, hay que reconocer que ahora mismo no se han cerrado muchas páginas web precisamente porque existe una ley de comercio electrónico.
Si no tenemos problemas con las transacciones comerciales es precisamente por la ley de comercio electrónico; si no hubiera existido la ley de comercio electrónico, la Sociedad General de Autores y Editores habrían metido mano a la asociación de la que soy presidente y nos hubieran cerrado la página web, y gracias a la ley de comercio electrónico todavía dependemos de un juez, y estoy hablando de la Asociación de Internautas, no de una página web personal. Gracias a esa ley todavía podemos tener la página. Hay que hacer desarrollos reglamentarios, y hay que cumplirla. El Ministerio de Consumo no la está cumpliendo porque no pide la participación para hacer códigos de conducta de confianza en línea, lo que es fundamental, y no sabemos, y eso es muy importante, en qué situación está el desarrollo reglamentario de guardar los datos personales.
Me preguntaba cómo vemos al Gobierno. Esta respuesta se la doy al Grupo Parlamentario Socialista y también al Grupo Parlamentario Popular. Lo he dicho antes, nosotros estamos donde estábamos hace un año. En nuestra Junta Directiva tenemos la suerte de tener personas de todas las tendencias, de todos los grupos que puedan estar aquí representados, pero nosotros pensamos en Internet, no estamos pensando ni en gobiernos ni en grupos.
Lo que sí le pediría al Grupo Parlamentario Socialista es que, ya que es consciente de todos los cambios que se están produciendo, sea muy dinámico. Me parece bien que puedan tardar hasta el año 2006 en elaborar un Plan de Convergencia, pero aquí hay cosas a las que hay que meter mano inmediatamente, no pueden esperar porque si no nos comen, y estoy hablando, por ejemplo, de la ley de propiedad intelectual, que se ha estado trajinando, yendo de despacho en despacho durante dos años y el sábado nos la manda la ministra de Cultura y nos da siete días para responder. Les pido encarecidamente a todos y cada uno de los grupos que vean el proyecto de reforma de la ley de propiedad intelectual en lo que afecta a la sociedad del conocimiento. No sé quién lo ha elaborado, pero es bastante farragoso. Les pido a todos que lo miren porque, por ejemplo, el intercambio de archivos lo puede dejar absolutamente anulado de un día para otro. Les pido dinamismo, en la misma medida en que cuando eran oposición pedían ese dinamismo al Gobierno, yo creo que es algo con lo que todos estaríamos encantados.
Como culminación, lo que les voy a pedir en formato de ruego, que seguro que muchos internautas lo verán bien, es que vuelvan a constituir la comisión Internet que hubo los años 1998 y 1999 y nos echen una mano, porque lo estamos necesitando.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Domingo, le despedimos con este compromiso.
¿Algún turno de palabra más? (Pausa.) Se levanta la sesión.
Eran las quince horas.
Año 2004 VIII Legislatura Comisiones. Núm. 72
COMISION DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y DEL CONOCIMIENTO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JORDI GUILLOT MIRAVET celebrada el jueves, 18 de noviembre de 2004
