ARIADNA TRILLAS -Barcelona EL PAÍS - Economía - 13-12-2004
El Parlamento catalán acaba de instar al Gobierno de Pasqual Maragall a presentar antes del 31 de marzo un plan director de telecomunicaciones que incluye la creación de una red pública que será alternativa a la de Telefónica. La empresa no dará servicios al cliente final, ya que sólo trabajará con operadoras que necesiten acceder a lugares donde no se han desplegado. El tripartito (PSC, ERC e ICV), que siempre ha defendido la necesidad de reforzar la competencia en el sector, ya trabaja en el plan, de la mano de los ayuntamientos. Hace un año, el anterior Gobierno de CiU hizo público un proyecto similar, pero no se implantó porque perdió el poder. Pero el anuncio disparó entonces las alarmas en Telefónica.
El anuncio del Gobierno de Convergencia i Unió sorprendió porque los nacionalistas se habían situado contra la inversión pública en el sector de las telecomunicaciones. Hubo además controversia porque la luz verde al proyecto se dio en plena campaña de las elecciones del 16-N, los comicios en que CiU perdió el poder tras 23 años de estar en el Gobierno.
En todo caso, la indefinición de su plan tranquilizó a la compañía Telefónica, y más aún porque, al no poder formar Gobierno, CiU nunca llegó a constituir la nueva sociedad pública. Al desconcierto del primer operador no era ajena su relación fluida con el Ejecutivo de Jordi Pujol.
Telefónica había firmado dos convenios con él para encargarse de extender la banda ancha en Cataluña hasta un 96% de la población. Y era adjudicataria de dos importantes contratos de la Administración.
Pero socialistas, ecosocialistas e independentistas, con énfasis distintos, siempre habían apostado por la inversión pública. Y en su pacto de Gobierno se comprometieron a "impulsar empresas catalanas públicas o mixtas en sectores estratégicos", telecomunicaciones y energía.
Abiertos a capital privado
El tripartito ya trabaja en el proyecto, para el que se han fijado varias fases y que pasa por la constitución de una sociedad entre la Generalitat y Localret -784 ayuntamientos que aglutinan al 99% de la población catalana-. No se excluye en el futuro la entrada de capital privado.
El doble objetivo de esta red será "introducir mayor competencia en el mercado y garantizar que todos los ciudadanos, en especial los de las zonas rurales, accedan a las comunicaciones de banda ancha", explica Jordi Bosch, director del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat. Este organismo, que cuelga del Departamento de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información (DURSI) dirigido por Carles Solà, es el encargado de orquestar el invento.
La Generalitat evita siempre que puede llamar "operador" a este ente gestor de infraestructuras. Primero, para no despertar nuevas suspicacias en Telefónica, que minimiza el alcance del proyecto y dice estar "a la espera de detalles" y que, por otro lado, ha creado un consejo asesor catalán muy activo. Y segundo, para evitar dar la idea de que el operador dará servicios al cliente final.
Sus clientes serán las operadoras que necesiten acceder a una red, allí donde no la hayan desplegado, para prestar sus servicios. El nuevo trazado será alternativo al de la compañía Telefónica. Ésta será invitada a participar, aunque la capilaridad de su red cubre ya casi todo el territorio (ver mapa).
El proyecto de la Generalitat no parte de cero. Varios departamentos de la Administración -Política Territorial y Obras Públicas o Interior- y varias empresas públicas -Ferrocarriles de la Generalitat o el mencionado Centro de Telecomunicaciones- cuentan ya con fibra óptica. Al menos, unos 350 kilómetros.
El Centro de Telecomunicaciones ha empezado a evaluar el "inventario" de toda esta red infrautilizada para, después, firmar convenios con los propietarios de estas infraestructuras que le den derecho a usarlas. Se ha descartado su compra.
En paralelo, los ayuntamientos de Localret evalúan sus propios activos. Muchos ayuntamientos ni saben los tubos que hay en sus urbanizaciones. "Debemos integrar todos estos activos en una única sociedad, que los gestionará, planificará adónde hace falta llevar la conectividad y empleará distintas tecnologías para hacerlo", explica Jordi Valls, presidente de Localret.
Este consorcio critica que los rivales de Telefónica centren su inversión en las zonas más rentables (Barcelona), con riesgo de que muchas localidades queden descolgadas de la banda ancha.
A los activos del operador neutro se sumarán los que, con una inversión de 12 millones de euros, se despliegan en zonas rurales de difícil acceso, y que gestionan los operadores Iberbanda y Flash 10. Ambos, con alguna dificultad, empiezan a hacer posible la conectividad vía radio y satélite.
Corregir "un error"
Con el nuevo operador, los responsables de telecomunicaciones de la Generalitat quieren corregir lo que tildan de "error histórico en la liberalización": permitir que Telefónica, cuando se privatizó, se quedara con la red, en lugar de separar la gestión de la infraestructura de la prestación de servicios de telecomunicaciones.
"Se hubiera podido plantear un esquema similar al de la empresa Renfe,segregar la gestión de la red ferroviaria del transporte de viajero. La competencia se hubiera centrado en servicios y contenidos, sin obligar a cada operador alternativo a realizar costosas inversiones para construir su propia red", sostiene Bosch.
El Parlamento catalán acaba de instar al Gobierno de Pasqual Maragall a presentar antes del 31 de marzo un plan director de telecomunicaciones que incluye la creación de una red pública que será alternativa a la de Telefónica. La empresa no dará servicios al cliente final, ya que sólo trabajará con operadoras que necesiten acceder a lugares donde no se han desplegado. El tripartito (PSC, ERC e ICV), que siempre ha defendido la necesidad de reforzar la competencia en el sector, ya trabaja en el plan, de la mano de los ayuntamientos. Hace un año, el anterior Gobierno de CiU hizo público un proyecto similar, pero no se implantó porque perdió el poder. Pero el anuncio disparó entonces las alarmas en Telefónica.
El anuncio del Gobierno de Convergencia i Unió sorprendió porque los nacionalistas se habían situado contra la inversión pública en el sector de las telecomunicaciones. Hubo además controversia porque la luz verde al proyecto se dio en plena campaña de las elecciones del 16-N, los comicios en que CiU perdió el poder tras 23 años de estar en el Gobierno.
En todo caso, la indefinición de su plan tranquilizó a la compañía Telefónica, y más aún porque, al no poder formar Gobierno, CiU nunca llegó a constituir la nueva sociedad pública. Al desconcierto del primer operador no era ajena su relación fluida con el Ejecutivo de Jordi Pujol.
Telefónica había firmado dos convenios con él para encargarse de extender la banda ancha en Cataluña hasta un 96% de la población. Y era adjudicataria de dos importantes contratos de la Administración.
Pero socialistas, ecosocialistas e independentistas, con énfasis distintos, siempre habían apostado por la inversión pública. Y en su pacto de Gobierno se comprometieron a "impulsar empresas catalanas públicas o mixtas en sectores estratégicos", telecomunicaciones y energía.
Abiertos a capital privado
El tripartito ya trabaja en el proyecto, para el que se han fijado varias fases y que pasa por la constitución de una sociedad entre la Generalitat y Localret -784 ayuntamientos que aglutinan al 99% de la población catalana-. No se excluye en el futuro la entrada de capital privado.
El doble objetivo de esta red será "introducir mayor competencia en el mercado y garantizar que todos los ciudadanos, en especial los de las zonas rurales, accedan a las comunicaciones de banda ancha", explica Jordi Bosch, director del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat. Este organismo, que cuelga del Departamento de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información (DURSI) dirigido por Carles Solà, es el encargado de orquestar el invento.
La Generalitat evita siempre que puede llamar "operador" a este ente gestor de infraestructuras. Primero, para no despertar nuevas suspicacias en Telefónica, que minimiza el alcance del proyecto y dice estar "a la espera de detalles" y que, por otro lado, ha creado un consejo asesor catalán muy activo. Y segundo, para evitar dar la idea de que el operador dará servicios al cliente final.
Sus clientes serán las operadoras que necesiten acceder a una red, allí donde no la hayan desplegado, para prestar sus servicios. El nuevo trazado será alternativo al de la compañía Telefónica. Ésta será invitada a participar, aunque la capilaridad de su red cubre ya casi todo el territorio (ver mapa).
El proyecto de la Generalitat no parte de cero. Varios departamentos de la Administración -Política Territorial y Obras Públicas o Interior- y varias empresas públicas -Ferrocarriles de la Generalitat o el mencionado Centro de Telecomunicaciones- cuentan ya con fibra óptica. Al menos, unos 350 kilómetros.
El Centro de Telecomunicaciones ha empezado a evaluar el "inventario" de toda esta red infrautilizada para, después, firmar convenios con los propietarios de estas infraestructuras que le den derecho a usarlas. Se ha descartado su compra.
En paralelo, los ayuntamientos de Localret evalúan sus propios activos. Muchos ayuntamientos ni saben los tubos que hay en sus urbanizaciones. "Debemos integrar todos estos activos en una única sociedad, que los gestionará, planificará adónde hace falta llevar la conectividad y empleará distintas tecnologías para hacerlo", explica Jordi Valls, presidente de Localret.
Este consorcio critica que los rivales de Telefónica centren su inversión en las zonas más rentables (Barcelona), con riesgo de que muchas localidades queden descolgadas de la banda ancha.
A los activos del operador neutro se sumarán los que, con una inversión de 12 millones de euros, se despliegan en zonas rurales de difícil acceso, y que gestionan los operadores Iberbanda y Flash 10. Ambos, con alguna dificultad, empiezan a hacer posible la conectividad vía radio y satélite.
Corregir "un error"
Con el nuevo operador, los responsables de telecomunicaciones de la Generalitat quieren corregir lo que tildan de "error histórico en la liberalización": permitir que Telefónica, cuando se privatizó, se quedara con la red, en lugar de separar la gestión de la infraestructura de la prestación de servicios de telecomunicaciones.
"Se hubiera podido plantear un esquema similar al de la empresa Renfe,segregar la gestión de la red ferroviaria del transporte de viajero. La competencia se hubiera centrado en servicios y contenidos, sin obligar a cada operador alternativo a realizar costosas inversiones para construir su propia red", sostiene Bosch.
