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ERC ha registrado en el Congreso una proposición de ley para la implantación del software libre en la administración del Estado que incluye, "como cláusula obligada o de mérito", su desarrollo y uso en las lenguas cooficiales del Estado.
Así consta en el artículo tercero de dicha proposición de ley, que propone que tanto la utilización como la distribución de este sistema en las lenguas cooficiales del Estado "se establecerá, como cláusula obligada o de mérito, en aquellos convenios de colaboración
(...) que en el ámbito de las nuevas tecnologías, la Administración del Estado suscriba con las Comunidades Autónomas".
La proposición de ley, que consta de doce artículos, una disposición adicional y una disposición final, pide al Gobierno, además, que para satisfacer dicha finalidad fomente "con medidas adecuadas la producción, distribución y comercialización" del llamado software libre en las lenguas cooficiales del Estado: el catalán, el euskera y el gallego.
El citado sistema informático es un programa de ordenador distribuido bajo licencia libre, lo que da derecho al usuario a acceder al código fuente completo, estudiar nuevas funcionalidades del mismo y distribuir públicamente dicho programa, entre otras tareas.
El grupo parlamentario de ERC en la Cámara Baja pretende, por tanto, que el Estado sufrague "total o parcialmente" con dinero público la implantación de este sistema, de modo que sea patrimonio suyo y facilite el acceso y uso del mismo a cualquier ciudadano.
Los nacionalistas catalanes consideran, según refleja el texto de la iniciativa, que "no sería posible el servicio de Internet actual sin software libre", así como tampoco "sería posible el software libre sin los protocolos libres de Internet".
Por ello, este sistema, de bajo coste, ha alcanzado "un alto grado de consolidación" y supone importantes ventajas económicas, estratégicas y sociales para las administraciones públicas, sobre todo.
Asimismo, en caso de que el Estado asuma esta iniciativa, estará contribuyendo a la formación de profesionales de nuevas tecnologías y al desarrollo local bajo planes estratégicos propios.
Noticia relacionada:
(14-05-2002) ERC presenta una proposición de Ley para implantar el 'soft' libre en el Estado
ERC ha registrado en el Congreso una proposición de ley para la implantación del software libre en la administración del Estado que incluye, "como cláusula obligada o de mérito", su desarrollo y uso en las lenguas cooficiales del Estado.
Así consta en el artículo tercero de dicha proposición de ley, que propone que tanto la utilización como la distribución de este sistema en las lenguas cooficiales del Estado "se establecerá, como cláusula obligada o de mérito, en aquellos convenios de colaboración
(...) que en el ámbito de las nuevas tecnologías, la Administración del Estado suscriba con las Comunidades Autónomas".
La proposición de ley, que consta de doce artículos, una disposición adicional y una disposición final, pide al Gobierno, además, que para satisfacer dicha finalidad fomente "con medidas adecuadas la producción, distribución y comercialización" del llamado software libre en las lenguas cooficiales del Estado: el catalán, el euskera y el gallego.
El citado sistema informático es un programa de ordenador distribuido bajo licencia libre, lo que da derecho al usuario a acceder al código fuente completo, estudiar nuevas funcionalidades del mismo y distribuir públicamente dicho programa, entre otras tareas.
El grupo parlamentario de ERC en la Cámara Baja pretende, por tanto, que el Estado sufrague "total o parcialmente" con dinero público la implantación de este sistema, de modo que sea patrimonio suyo y facilite el acceso y uso del mismo a cualquier ciudadano.
Los nacionalistas catalanes consideran, según refleja el texto de la iniciativa, que "no sería posible el servicio de Internet actual sin software libre", así como tampoco "sería posible el software libre sin los protocolos libres de Internet".
Por ello, este sistema, de bajo coste, ha alcanzado "un alto grado de consolidación" y supone importantes ventajas económicas, estratégicas y sociales para las administraciones públicas, sobre todo.
Asimismo, en caso de que el Estado asuma esta iniciativa, estará contribuyendo a la formación de profesionales de nuevas tecnologías y al desarrollo local bajo planes estratégicos propios.
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