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La Comunidad de Madrid se está planteando presentar un recurso contencioso-administrativo contra el real decreto aprobado en el último Consejo de Ministros del año 2004 en el que se aprobó el traslado de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) a Barcelona, según adelantó hoy el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, Antonio Beteta, quien adelantó la intención de su grupo de instar al Ejecutivo autonómico a que adopte esta medida.
El portavoz popular puso en duda las "razones económicas o técnicas" que justifiquen el traslado y aseguró que esta decisión tiene un carácter puramente político" que persigue "perjudicar a la Comunidad de Madrid y beneficiar a la Generalitat de Cataluña", algo que, desde su punto de vista, "no se puede tolerar".
Tras destacar que la CMT llevaba "siete años funcionando bien", Beteta añadió que el cambio de sede "perjudicará al sector y a la operativa de las empresas de telecomunicaciones, que seguirán relacionándose con el Ministerio de Industria y la Audiencia Nacional en Madrid".
De la misma manera, el máximo representante del grupo mayoritario de la Asamblea destacó el "nulo diálogo" que ha mantenido el Gobierno central con los trabajadores, "obligados a irse de Madrid con los niños estudiando en los colegios y los pisos a medio pagar", al tiempo que pidió que se estudie "la posibilidad de recolocarlos" en otros organismos públicos ubicados en la región.
"PEAJE ELECTORAL DE ZAPATERO"
En la misma línea, el portavoz del comité de empresa, Ángel Jiménez, destacó que el traslado a Barcelona "no tiene justificación desde el punto de vista laboral y técnico" y responde exclusivamente a "un peaje de carácter electoral que paga el presidente del Gobierno", José Luis Rodríguez Zapatero.
Según Jiménez, los representantes del Ministerio de Industria, del que depende la CMT, únicamente ha mantenido dos contactos con los trabajadores en los que les han comunicado que o se trasladan a Barcelona o están "en la calle". "Nosotros tenemos las familias, las viviendas y la vida hecha en Madrid", se quejó.
Del mismo modo, consideró "indignante" que "todas las empresas tengan la obligación de cumplir el Estatuto de los Trabajadores para realizar el traslado de un centro de trabajo", mientras que "el Gobierno, que es el que más empeño debería poner en cumplir la ley, no la cumpla".
Para tratar de evitar el traslado, que está previsto que se realice durante este año, el Grupo Popular presentará el próximo 3 de febrero en el primer Pleno de la Asamblea del nuevo periodo de sesiones una proposición no de ley (PNL) en la que pedirá al Gobierno central, a través del Ejecutivo regional, que "anule el traslado anunciado".
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El portavoz popular puso en duda las "razones económicas o técnicas" que justifiquen el traslado y aseguró que esta decisión tiene un carácter puramente político" que persigue "perjudicar a la Comunidad de Madrid y beneficiar a la Generalitat de Cataluña", algo que, desde su punto de vista, "no se puede tolerar".
Tras destacar que la CMT llevaba "siete años funcionando bien", Beteta añadió que el cambio de sede "perjudicará al sector y a la operativa de las empresas de telecomunicaciones, que seguirán relacionándose con el Ministerio de Industria y la Audiencia Nacional en Madrid".
De la misma manera, el máximo representante del grupo mayoritario de la Asamblea destacó el "nulo diálogo" que ha mantenido el Gobierno central con los trabajadores, "obligados a irse de Madrid con los niños estudiando en los colegios y los pisos a medio pagar", al tiempo que pidió que se estudie "la posibilidad de recolocarlos" en otros organismos públicos ubicados en la región.
"PEAJE ELECTORAL DE ZAPATERO"
En la misma línea, el portavoz del comité de empresa, Ángel Jiménez, destacó que el traslado a Barcelona "no tiene justificación desde el punto de vista laboral y técnico" y responde exclusivamente a "un peaje de carácter electoral que paga el presidente del Gobierno", José Luis Rodríguez Zapatero.
Según Jiménez, los representantes del Ministerio de Industria, del que depende la CMT, únicamente ha mantenido dos contactos con los trabajadores en los que les han comunicado que o se trasladan a Barcelona o están "en la calle". "Nosotros tenemos las familias, las viviendas y la vida hecha en Madrid", se quejó.
Del mismo modo, consideró "indignante" que "todas las empresas tengan la obligación de cumplir el Estatuto de los Trabajadores para realizar el traslado de un centro de trabajo", mientras que "el Gobierno, que es el que más empeño debería poner en cumplir la ley, no la cumpla".
Para tratar de evitar el traslado, que está previsto que se realice durante este año, el Grupo Popular presentará el próximo 3 de febrero en el primer Pleno de la Asamblea del nuevo periodo de sesiones una proposición no de ley (PNL) en la que pedirá al Gobierno central, a través del Ejecutivo regional, que "anule el traslado anunciado".
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