El pasado 20 de enero el Ministerio de Cultura mantuvo una reunión con el sector implicado en el `Plan de Lucha contra la Piratería´ en la que acordaron, tras valorar en una primera reunión el borrador presentado por la ministra en diciembre, modificar la Ley de Servicio de la Sociedad de la Información y de Comercio, según confirmó Pedro Farré, director del Gabinete de Relaciones y Gobierno Corporativo de la SGAE. Esta transformación, valorada "muy positivamente" por el sector discográfico, sería aprobada el próximo mes de marzo en el Consejo de Ministros.
De acuerdo con los representantes de la industria discográfica de gestión de derechos, Cultura, que no ha confirmado ni desmentido la modificación legislativa, se ha comprometido a reformar la Ley de Internet, aprobada por el Partido Popular en la anterior legislatura para responsabilizar a los intermediarios de los contenidos ilícitos que circulan por la Red. "Hasta ahora la ley exonera de responsabilidad a los intermediarios de la sociedad de la información", ha declarado Farré, por lo que es una necesidad urgente "hacer responsables a esos intermediarios de los contenidos que fluyen a través de sus servidores". Con este cambio, se inculparía a las empresas de servidores, como Telefónica o Wanadoo, que albergaran las páginas cuestionadas.
Pero la industria fonográfica va más allá en sus demandas. Una segunda iniciativa que se ha propuesto en la reunión es el "impulso de la firma de un gran acuerdo que promueva un uso deontológicamente correcto de Internet, acuerdo en el que tendían que estar todos los agentes implicados en la distribución de música, cine y literatura en la Red". Curiosamente, ni el sector tecnológico, ni los internautas, ni el Ministerio de Industria aparecen por ningún lado, algo que no sucedió cuando Anna Birulés, antigua ministra de Ciencia y Tecnología duramente critica, aprobó la LSSI.
Desde las asociaciones de internautas, sin voz ni voto en esta ocasión, la palabra más repetida es indignación, ya que no han contado con su opinión como en ocasiones anteriores. Se quejan de que el Ministerio de Cultura no ha confirmado ni desmentido las palabras del sector discográfico y de que del Ministerio de Industria desconoce el asunto porque no tenía previsto modificar la LSSI. "Estas pretensiones" de las asociaciones que gestionan los derechos de autor "ya existían en 2002 cuando se aprobó la LSSI", considera Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, desde donde se ha llegado, incluso, a pedir la dimisión de Carmen Calvo. De acuerdo con Domingo, esta reforma equivaldría a culpar a una autopista de la velocidad excesiva de los coches que circulan por ella.
Otro punto controvertido, según Domingo, tendría que ver con los aspectos legales derivados. El cambio en la Ley de Internet que pretende Cultura contradice una directiva europea comunitaria del año 2000 en la que se asegura que "los Estados garantizarán que los prestadores de servicios intermediarios de la Sociedad de la información no serán responsables por el simple hecho de prestar tales servicios de intermediación y el secreto de las comunicaciones". A falta de que Industria ponga orden, el lío ya está servido.
Reproducido de El Confidencial
De acuerdo con los representantes de la industria discográfica de gestión de derechos, Cultura, que no ha confirmado ni desmentido la modificación legislativa, se ha comprometido a reformar la Ley de Internet, aprobada por el Partido Popular en la anterior legislatura para responsabilizar a los intermediarios de los contenidos ilícitos que circulan por la Red. "Hasta ahora la ley exonera de responsabilidad a los intermediarios de la sociedad de la información", ha declarado Farré, por lo que es una necesidad urgente "hacer responsables a esos intermediarios de los contenidos que fluyen a través de sus servidores". Con este cambio, se inculparía a las empresas de servidores, como Telefónica o Wanadoo, que albergaran las páginas cuestionadas.
Pero la industria fonográfica va más allá en sus demandas. Una segunda iniciativa que se ha propuesto en la reunión es el "impulso de la firma de un gran acuerdo que promueva un uso deontológicamente correcto de Internet, acuerdo en el que tendían que estar todos los agentes implicados en la distribución de música, cine y literatura en la Red". Curiosamente, ni el sector tecnológico, ni los internautas, ni el Ministerio de Industria aparecen por ningún lado, algo que no sucedió cuando Anna Birulés, antigua ministra de Ciencia y Tecnología duramente critica, aprobó la LSSI.
Desde las asociaciones de internautas, sin voz ni voto en esta ocasión, la palabra más repetida es indignación, ya que no han contado con su opinión como en ocasiones anteriores. Se quejan de que el Ministerio de Cultura no ha confirmado ni desmentido las palabras del sector discográfico y de que del Ministerio de Industria desconoce el asunto porque no tenía previsto modificar la LSSI. "Estas pretensiones" de las asociaciones que gestionan los derechos de autor "ya existían en 2002 cuando se aprobó la LSSI", considera Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, desde donde se ha llegado, incluso, a pedir la dimisión de Carmen Calvo. De acuerdo con Domingo, esta reforma equivaldría a culpar a una autopista de la velocidad excesiva de los coches que circulan por ella.
Otro punto controvertido, según Domingo, tendría que ver con los aspectos legales derivados. El cambio en la Ley de Internet que pretende Cultura contradice una directiva europea comunitaria del año 2000 en la que se asegura que "los Estados garantizarán que los prestadores de servicios intermediarios de la Sociedad de la información no serán responsables por el simple hecho de prestar tales servicios de intermediación y el secreto de las comunicaciones". A falta de que Industria ponga orden, el lío ya está servido.
Reproducido de El Confidencial
