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Las autoridades de protección de datos de trece países de la UE, entre ellos España, Francia e Italia, cooperarán en la localización y persecución trasnacional de los emisores del correo electrónico no deseado (spam), en virtud de un acuerdo presentado por la Comisión Europea (CE).
El convenio, de carácter voluntario y abierto al resto de socios comunitarios, establece un procedimiento común para gestionar las denuncias que afecten a dos o más Estados miembros.
Cuando una de las autoridades firmantes reciba denuncias de otro de los socios sobre la existencia de emisores de correo basura en su territorio estará obligado a desplegar el "máximo de esfuerzos" para detectar y combatir el foco denunciado, explica la CE en un comunicado. El objetivo es identificar y perseguir a los autores de este tipo de correo, que suelen valerse de la ausencia de fronteras para evitar ser localizados.
Además, las administraciones deberán extender su cooperación para prevenir "cualquier laguna" que pueda ser aprovechada por los emisores de este correo o los ladrones de datos personales. Hasta el pasado viernes, trece autoridades habían suscrito el acuerdo: la Agencia Española de Protección de Datos y sus equivalentes en Francia, Italia, Bélgica, Austria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Irlanda, Italia, Lituania, Malta y Holanda.
La Comisión espera y anima al resto de Estados miembros a que se sumen a la iniciativa, según ha declarado el portavoz de Sociedad de la Información y Medios de Comunicación del Ejecutivo comunitario, Martin Selmayr. "Las autoridades de los Estados miembros deben ser capaces de combatir de forma efectiva el spam procedente de otros países de la UE, aunque en este momento la mayoría se origina fuera de la Unión", admite en este sentido la comisaria europea de Sociedad de la Información y Medios de Comunicación, Viviane Reding.
El acuerdo ha sido negociado en el seno de la red de contacto entre las autoridades nacionales en materia de spam (CNSA en sus siglas inglesas), activa desde enero de 2004 y donde los gobiernos europeos intercambian ya información.
Las autoridades de protección de datos de trece países de la UE, entre ellos España, Francia e Italia, cooperarán en la localización y persecución trasnacional de los emisores del correo electrónico no deseado (spam), en virtud de un acuerdo presentado por la Comisión Europea (CE).
El convenio, de carácter voluntario y abierto al resto de socios comunitarios, establece un procedimiento común para gestionar las denuncias que afecten a dos o más Estados miembros.
Cuando una de las autoridades firmantes reciba denuncias de otro de los socios sobre la existencia de emisores de correo basura en su territorio estará obligado a desplegar el "máximo de esfuerzos" para detectar y combatir el foco denunciado, explica la CE en un comunicado. El objetivo es identificar y perseguir a los autores de este tipo de correo, que suelen valerse de la ausencia de fronteras para evitar ser localizados.
Además, las administraciones deberán extender su cooperación para prevenir "cualquier laguna" que pueda ser aprovechada por los emisores de este correo o los ladrones de datos personales. Hasta el pasado viernes, trece autoridades habían suscrito el acuerdo: la Agencia Española de Protección de Datos y sus equivalentes en Francia, Italia, Bélgica, Austria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Irlanda, Italia, Lituania, Malta y Holanda.
La Comisión espera y anima al resto de Estados miembros a que se sumen a la iniciativa, según ha declarado el portavoz de Sociedad de la Información y Medios de Comunicación del Ejecutivo comunitario, Martin Selmayr. "Las autoridades de los Estados miembros deben ser capaces de combatir de forma efectiva el spam procedente de otros países de la UE, aunque en este momento la mayoría se origina fuera de la Unión", admite en este sentido la comisaria europea de Sociedad de la Información y Medios de Comunicación, Viviane Reding.
El acuerdo ha sido negociado en el seno de la red de contacto entre las autoridades nacionales en materia de spam (CNSA en sus siglas inglesas), activa desde enero de 2004 y donde los gobiernos europeos intercambian ya información.