Tribuna libre: Victor Domingo. El confidencialdigital.com
La Ministra de Cultura, de quien todavía recordamos su anuncio de la rebaja del IVA en los libros y en los compactos de música apenas tomó posesión y que tuvo que ser reconducido tal anuncio por la Vicepresidenta del Gobierno a una mera proclama de intenciones, parece que acaba de tener un nuevo traspiés en su enésima reunión con los portavoces de las principales entidades de gestión de derechos de autor.
Éstos se han permitido anunciar al finalizar el encuentro que va a reformarse la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico para acabar con la exoneración de responsabilidad de los prestadores de servicios de la Sociedad de la Información que intervienen como intermediarios cuando se distribuyen "contenidos ilícitos", es decir, para atribuir responsabilidad a esos "intermediarios de los contenidos que fluyen a través de sus servidores". Es como obligar a Correos a que revise las cartas para ver si en ellas van copiadas canciones o poemas de amor con derechos de autor.
Todo un acto de ingeniería criminalizadora de la Internet hispana que contraviene, una vez más, la Directiva europea sobre esa materia hasta en tres de sus artículos y que, en lo que nos toca a los ciudadanos españoles, altera gravemente nuestra Constitución que garantiza el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones.
El anuncio del plan no deja lugar a la duda para los ciudadanos digitales honestos. A pagar más cánones por nada o corremos el riesgo de que los interlocutores de la Ministra de Cultura logren su propósito y se instaure la censura previa por los prestadores de servicios intermediarios de la Sociedad de la Información.
Y es que, como acaban de anunciarnos, la red posibilita que fluyan por sus servidores "contenidos ilícitos" y no hay forma humana de que puedan controlar a priori si los contenidos que fluyen por sus servidores han recibido o no el plácet de los interlocutores de la Ministra de Cultura, salvo censura previa e intervención de las comunicaciones, que es lo que viene a significar el despropósito con que quieren "obsequiarnos" desde el Ministerio de Cultura en materia de defensa de los derechos de autor en la Sociedad de la Información.
Así las cosas, la musa cegada por el brillo del oropel y las lentejuelas, absorta en epatar en galas, presentaciones y saraos con vestidos imposibles, deja una vez tras otra en manos del lobby mercadotécnico cultural, nuestro dinero, nuestras libertades y su responsabilidad ineludible como ministra de Cultura de todos los españoles.
La Ministra de Cultura, de quien todavía recordamos su anuncio de la rebaja del IVA en los libros y en los compactos de música apenas tomó posesión y que tuvo que ser reconducido tal anuncio por la Vicepresidenta del Gobierno a una mera proclama de intenciones, parece que acaba de tener un nuevo traspiés en su enésima reunión con los portavoces de las principales entidades de gestión de derechos de autor.
Éstos se han permitido anunciar al finalizar el encuentro que va a reformarse la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico para acabar con la exoneración de responsabilidad de los prestadores de servicios de la Sociedad de la Información que intervienen como intermediarios cuando se distribuyen "contenidos ilícitos", es decir, para atribuir responsabilidad a esos "intermediarios de los contenidos que fluyen a través de sus servidores". Es como obligar a Correos a que revise las cartas para ver si en ellas van copiadas canciones o poemas de amor con derechos de autor.
Todo un acto de ingeniería criminalizadora de la Internet hispana que contraviene, una vez más, la Directiva europea sobre esa materia hasta en tres de sus artículos y que, en lo que nos toca a los ciudadanos españoles, altera gravemente nuestra Constitución que garantiza el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones.
El anuncio del plan no deja lugar a la duda para los ciudadanos digitales honestos. A pagar más cánones por nada o corremos el riesgo de que los interlocutores de la Ministra de Cultura logren su propósito y se instaure la censura previa por los prestadores de servicios intermediarios de la Sociedad de la Información.
Y es que, como acaban de anunciarnos, la red posibilita que fluyan por sus servidores "contenidos ilícitos" y no hay forma humana de que puedan controlar a priori si los contenidos que fluyen por sus servidores han recibido o no el plácet de los interlocutores de la Ministra de Cultura, salvo censura previa e intervención de las comunicaciones, que es lo que viene a significar el despropósito con que quieren "obsequiarnos" desde el Ministerio de Cultura en materia de defensa de los derechos de autor en la Sociedad de la Información.
Así las cosas, la musa cegada por el brillo del oropel y las lentejuelas, absorta en epatar en galas, presentaciones y saraos con vestidos imposibles, deja una vez tras otra en manos del lobby mercadotécnico cultural, nuestro dinero, nuestras libertades y su responsabilidad ineludible como ministra de Cultura de todos los españoles.