Por Baltasar Montaño en Nueva Economia / El Mundo
A Carlos Bustelo, el actual presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), le separan muchísimas cosas de José Montilla, ministro de Industria. A la brecha que les distancia políticamente hay que unir una bastante más peregrina, pero que pone de manifiesto su falta de sintonía: Bustelo no quiere ni oír hablar del puente aéreo, medio de transporte que con asiduidad utiliza su jefe, al menos en dependencia jerárquica.
El primero no está dispuesto a pasar media semana en las salas de embarque de Barajas y el Prat, pero el segundo quiere obligarle a ello o, en su defecto, destituirle. La última batalla de la guerra que desde hace varios meses protagonizan Industria y la CMT por el traslado de esta última a Barcelona se ha escenificado esta semana, ante la estupefacción de las empresas del sector.
El departamento que dirige Montilla, y del que depende jerárquicamente la CMT, aunque formalmente es un organismo regulador independiente, ha decidido que el desafío de Bustelo y su consejo ha ido demasiado lejos al aprobar el pasado viernes una resolución por la que se mantienen «operativas en Madrid las dependencias de la CMT necesarias para garantizar dicha fluidez de la relación con aquellos órganos y agentes con que los servicios de la Comisión deben interactuar de forma cotidiana en el ejercicio de sus funciones».
Eufemismos aparte, Bustelo y su consejo han dicho a Montilla que el traslado de la sede a Barcelona será precisamente sólo eso, traslado de sede sin más, poco más que una formalidad institucional.El ministro ha montado en cólera por la rebeldía del regulador (Bustelo ha calificado de «deportación» el traslado) y ha amenazado con destituir a su presidente y consejeros «si no se modifica la postura», han señalado fuentes de Industria, que consideran que Bustelo ha incumplido el real decreto que regula el traslado de la sede del regulador a Barcelona.
La cuerda se ha tensado tanto que ya empieza a pasar factura al sector, no en hechos pero sí en incertidumbre e inseguridad.
Fuentes consultadas en los principales operadores de telecomunicaciones se alinean con las tesis de la propia CMT, en el sentido de que el traslado a Barcelona es una decisión puramente política, sin explicación operativa alguna. El traslado se aprobó en julio en cumplimiento del compromiso electoral de José Luis Rodríguez Zapatero de que la descentralización no sólo debía ser política, sino también económica.
La CMT ha sido la elegida, pero ni las compañías del sector ni el propio Ministerio esperaban el enrocamiento del organismo.Esto ha supuesto la cuasi paralización de su actividad, dejando al mercado de las telecomunicaciones en un impasse inquietante, señalan las fuentes consultadas, que dan por hecho que el organismo se trasladará a Barcelona.
Por su parte, el portavoz del comité de empresa de la CMT, Angel Jiménez Anguita, criticó ayer a Industria por estudiar la destitución del presidente e insistió en que las obligaciones de la Comisión se limitan a la regulación del mercado, y «no a cumplir con los deseos de un Ministerio o de un partido», informa Efe.
A Carlos Bustelo, el actual presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), le separan muchísimas cosas de José Montilla, ministro de Industria. A la brecha que les distancia políticamente hay que unir una bastante más peregrina, pero que pone de manifiesto su falta de sintonía: Bustelo no quiere ni oír hablar del puente aéreo, medio de transporte que con asiduidad utiliza su jefe, al menos en dependencia jerárquica.
El primero no está dispuesto a pasar media semana en las salas de embarque de Barajas y el Prat, pero el segundo quiere obligarle a ello o, en su defecto, destituirle. La última batalla de la guerra que desde hace varios meses protagonizan Industria y la CMT por el traslado de esta última a Barcelona se ha escenificado esta semana, ante la estupefacción de las empresas del sector.
El departamento que dirige Montilla, y del que depende jerárquicamente la CMT, aunque formalmente es un organismo regulador independiente, ha decidido que el desafío de Bustelo y su consejo ha ido demasiado lejos al aprobar el pasado viernes una resolución por la que se mantienen «operativas en Madrid las dependencias de la CMT necesarias para garantizar dicha fluidez de la relación con aquellos órganos y agentes con que los servicios de la Comisión deben interactuar de forma cotidiana en el ejercicio de sus funciones».
Eufemismos aparte, Bustelo y su consejo han dicho a Montilla que el traslado de la sede a Barcelona será precisamente sólo eso, traslado de sede sin más, poco más que una formalidad institucional.El ministro ha montado en cólera por la rebeldía del regulador (Bustelo ha calificado de «deportación» el traslado) y ha amenazado con destituir a su presidente y consejeros «si no se modifica la postura», han señalado fuentes de Industria, que consideran que Bustelo ha incumplido el real decreto que regula el traslado de la sede del regulador a Barcelona.
La cuerda se ha tensado tanto que ya empieza a pasar factura al sector, no en hechos pero sí en incertidumbre e inseguridad.
Fuentes consultadas en los principales operadores de telecomunicaciones se alinean con las tesis de la propia CMT, en el sentido de que el traslado a Barcelona es una decisión puramente política, sin explicación operativa alguna. El traslado se aprobó en julio en cumplimiento del compromiso electoral de José Luis Rodríguez Zapatero de que la descentralización no sólo debía ser política, sino también económica.
La CMT ha sido la elegida, pero ni las compañías del sector ni el propio Ministerio esperaban el enrocamiento del organismo.Esto ha supuesto la cuasi paralización de su actividad, dejando al mercado de las telecomunicaciones en un impasse inquietante, señalan las fuentes consultadas, que dan por hecho que el organismo se trasladará a Barcelona.
Por su parte, el portavoz del comité de empresa de la CMT, Angel Jiménez Anguita, criticó ayer a Industria por estudiar la destitución del presidente e insistió en que las obligaciones de la Comisión se limitan a la regulación del mercado, y «no a cumplir con los deseos de un Ministerio o de un partido», informa Efe.
