En las últimas semanas el sector español de las telecomunicaciones se ha visto sacudido por una oleada de incertidumbre regulatoria como no se recordaba desde los primeros tiempos de la liberalización, cuando las decisiones administrativas podían hacer cambiar radicalmente las reglas del mercado. La filtración de que el anunciado Paquete Solbes de medidas para aumentar no se sabe bien si la competitividad o la competencia -una iniciativa que se ha convertido en tradición en los vicepresidentes económicos en su primer año de legislatura- tenía un fuerte componente de telecomunicaciones removió el avispero sectorial.
Que eso ocurra todavía, a casi ocho años del inicio del proceso de apertura a la competencia, sólo pone de manifiesto la resignada actitud con que los agentes del sector asumen la inveterada tentación intervencionista de los poderes públicos de cualquier signo político en los sectores en los que se creen con derecho a dejar huella.
Si a ese revuelo alimentado con cada nuevo rumor se añade la estupefacción por el enfrentamiento entre el Ministerio de Industria y la CMT a raíz del traslado a Barcelona del regulador, el sentimiento actual de las empresas respecto al papel de la Administración es básicamente de preocupación.
¿Y por qué ahora?
La primera duda que se genera es la de la oportunidad de la toma de cualquier tipo de medida por parte del Gobierno, a pocos meses de que la CMT termine sus análisis del grado de competencia en cada mercado del sector de las telecomunicaciones.
La CMT, como el resto de las autoridades regulatorias europeas, está obligada por las directivas comunitarias a analizar la situación de 18 mercados de telecomunicaciones para determinar si el grado de competencia es adecuado e imponer, en caso contrario, obligaciones a los operadores dominantes. Por eso no se entienden las prisas por intervenir ahora en un sector que va a experimentar una re-regulación en pocos meses.
Revendedores de móviles
Al margen de esa duda de procedimiento, la otra gran cuestión planteada es la posibilidad de forzar la existencia de operadores móviles virtuales (OMV), es decir, empresas que no construyen redes móviles pero que alquilan tráfico a los operadores con red en condiciones ventajosas de precios mayoristas para luego revenderlo a empresas o particulares. Para ello sería necesario que a los tres operadores con red Movistar, Vodafone y Amena se les obligase a prestar ese servicio mayorista, similar a la obligación que tiene Telefónica en las redes fijas, y, además, que se estableciese, por parte del regulador, un precio de alquiler de esa red. España es uno de los pocos países europeos en los que no existen OMV por la resistencia numantina de los tres operadores con red.
Y aunque en las últimas horas la posibilidad de que el Paquete Solbes incluya la regulación forzosa de los OMV ha perdido muchos enteros, no habría que sorprenderse demasiado si una medida de esa naturaleza se acaba imponiendo a medio plazo, aunque por su mecanismo más ortodoxo: que la CMT, tras el análisis del mercado de acceso a redes móviles, acabe obligando a los tres operadores la cesión de acceso a su red.
Claro, eso siempre que la CMT continúe existiendo y no desaparezca para refundar un nuevo regulador que acoja también lo audiovisual y, de paso,permita desalojar a Carlos Bustelo de su blindada posición.
No hay que olvidar que Tele2, el agresivo revendedor sueco, tiene planteadas ante la CMT sendas denuncias contra Movistar, Vodafone y Amena por no permitirle convertirse en OMV en España.
Al margen de la controversia por los OMV, la faceta telecomunicativa del paquete gubernamental presenta trazas de convertirse en un conjunto de medidas de relativo poco peso e impacto contradictorio.
En estos momentos a dos días del Consejo de Ministros se baraja la posibilidad de que se incluya la liberalización del precio del servicio de información obligatorio de Telefónica al que se accede con el 118 18, lo que probablemente le permitiría incrementar su precio. Finalmente, también se prevé que se emplace al Ministerio de Industria a que regule de inmediato la telefonía de voz sobre redes de Internet y los mecanismos de compraventa del espectro, dos normas que Industria pensaba regular en cualquier caso sin necesidad de ningún apremio.
Impacto menor
El paquete reliberalizador del Gobierno podría incluir la desregulación del precio del servicio de información básico de Telefónica, al que se accede con el número 11818 .
Economía también instaría a Industria a regular a corto plazo dos aspectos candentes para el futuro sectorial: la prestación de telefonía sobre las redes de Internet, y la posibilidad de reventa del espectro radioeléctrico.
Los móviles virtuales podrían llegar, pero de la mano de la CMT.
Expansión Directo
Que eso ocurra todavía, a casi ocho años del inicio del proceso de apertura a la competencia, sólo pone de manifiesto la resignada actitud con que los agentes del sector asumen la inveterada tentación intervencionista de los poderes públicos de cualquier signo político en los sectores en los que se creen con derecho a dejar huella.
Si a ese revuelo alimentado con cada nuevo rumor se añade la estupefacción por el enfrentamiento entre el Ministerio de Industria y la CMT a raíz del traslado a Barcelona del regulador, el sentimiento actual de las empresas respecto al papel de la Administración es básicamente de preocupación.
¿Y por qué ahora?
La primera duda que se genera es la de la oportunidad de la toma de cualquier tipo de medida por parte del Gobierno, a pocos meses de que la CMT termine sus análisis del grado de competencia en cada mercado del sector de las telecomunicaciones.
La CMT, como el resto de las autoridades regulatorias europeas, está obligada por las directivas comunitarias a analizar la situación de 18 mercados de telecomunicaciones para determinar si el grado de competencia es adecuado e imponer, en caso contrario, obligaciones a los operadores dominantes. Por eso no se entienden las prisas por intervenir ahora en un sector que va a experimentar una re-regulación en pocos meses.
Revendedores de móviles
Al margen de esa duda de procedimiento, la otra gran cuestión planteada es la posibilidad de forzar la existencia de operadores móviles virtuales (OMV), es decir, empresas que no construyen redes móviles pero que alquilan tráfico a los operadores con red en condiciones ventajosas de precios mayoristas para luego revenderlo a empresas o particulares. Para ello sería necesario que a los tres operadores con red Movistar, Vodafone y Amena se les obligase a prestar ese servicio mayorista, similar a la obligación que tiene Telefónica en las redes fijas, y, además, que se estableciese, por parte del regulador, un precio de alquiler de esa red. España es uno de los pocos países europeos en los que no existen OMV por la resistencia numantina de los tres operadores con red.
Y aunque en las últimas horas la posibilidad de que el Paquete Solbes incluya la regulación forzosa de los OMV ha perdido muchos enteros, no habría que sorprenderse demasiado si una medida de esa naturaleza se acaba imponiendo a medio plazo, aunque por su mecanismo más ortodoxo: que la CMT, tras el análisis del mercado de acceso a redes móviles, acabe obligando a los tres operadores la cesión de acceso a su red.
Claro, eso siempre que la CMT continúe existiendo y no desaparezca para refundar un nuevo regulador que acoja también lo audiovisual y, de paso,permita desalojar a Carlos Bustelo de su blindada posición.
No hay que olvidar que Tele2, el agresivo revendedor sueco, tiene planteadas ante la CMT sendas denuncias contra Movistar, Vodafone y Amena por no permitirle convertirse en OMV en España.
Al margen de la controversia por los OMV, la faceta telecomunicativa del paquete gubernamental presenta trazas de convertirse en un conjunto de medidas de relativo poco peso e impacto contradictorio.
En estos momentos a dos días del Consejo de Ministros se baraja la posibilidad de que se incluya la liberalización del precio del servicio de información obligatorio de Telefónica al que se accede con el 118 18, lo que probablemente le permitiría incrementar su precio. Finalmente, también se prevé que se emplace al Ministerio de Industria a que regule de inmediato la telefonía de voz sobre redes de Internet y los mecanismos de compraventa del espectro, dos normas que Industria pensaba regular en cualquier caso sin necesidad de ningún apremio.
Impacto menor
El paquete reliberalizador del Gobierno podría incluir la desregulación del precio del servicio de información básico de Telefónica, al que se accede con el número 11818 .
Economía también instaría a Industria a regular a corto plazo dos aspectos candentes para el futuro sectorial: la prestación de telefonía sobre las redes de Internet, y la posibilidad de reventa del espectro radioeléctrico.
Los móviles virtuales podrían llegar, pero de la mano de la CMT.
Expansión Directo
