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La creación de un nuevo mercado


A finales de 1998 se produjo la liberalización del mercado de las telecomunicaciones en España. En los años anteriores se habían realizado ya pasos en esta dirección, como la autorización de segundos operadores de telefonía móvil y fija. Con la liberalización entraron en el mercado numerosas operadoras, de distinto tamaño y ambición, que empezaron alquilando las redes de Telefónica y, en algunos casos, creando también sus propias redes.




Se suponía que estas empresas -entre ellas un nutrido de grupo de multinacionales- irían extendiendo su negocio y forzando cada vez mayores niveles de competencia e innovación. Pasados ya más de seis años desde entonces, y aunque haya redes alternativas, persisten numerosas insatisfacciones sobre las telecomunicaciones, tanto en lo referente a precios, como en calidades y servicios. Sin embargo, sorprendentemente, se habla poco de política de telecomunicaciones... ¿Será que sólo quedan por resolver aspectos puramente técnicos para mejorar el funcionamiento del mercado?

Sin duda, las grandes opciones para el sector se definieron ya en los años noventa, pero, en los años más recientes, los dilemas sobre como orientar su evolución no han dejado de plantearse y redefinirse continuamente. El nuevo marco regulador introducido con la liberalización ofrecía muchas posibilidades -distribuidas entre el Gobierno y la CMT- para intervenir sobre el mercado. De forma justificada, sin duda, ya que no intervenir implicaba en el fondo mantener de facto la situación de monopolio anterior. Los instrumentos de control de precios, interconexión, concesión de licencias, defensa de los consumidores, etcétera, permitieron en cierto modo modelar la estructura y el funcionamiento de los mercados, especialmente en su momento emergente. Se trataba de instrumentos poderosos para realizar políticas públicas, cuya novedad consistía en la primacía de la regulación económica como principio de acción, descartando intervenciones directas, basadas en la utilización de recursos públicos.

Sin embargo, ¿cómo han sido utilizados tales instrumentos? En mi opinión, su uso se ha visto desvirtuado por la tensión entre dos principios de actuación distintos, lo que ha provocado una cierta indefinición en la evolución de la política, y unos resultados poco brillantes. El primero era favorecer la competencia, pensando que ésta beneficia a los consumidores y facilita la innovación: la estrategia pasaba por reducir el predominio en el mercado del operador dominante y apoyar la existencia de redes alternativas. El segundo principio tenía otra lógica: potenciar una estructura empresarial estable en el sector, capaz de realizar fuertes inversiones con una orientación no oportunista, y a ser posible, bien arraigada en los intereses económicos del país. Los dos principios, aunque no necesariamente opuestos, políticamente no encajaron bien entre sí. En el panorama político y empresarial del sector de las telecomunicaciones, existían y existen defensores de ambas perspectivas, cada uno con sus razones y argumentos, por no hablar de las presiones e intereses puramente económicos, o de los intereses de consumidores, a pesar de que éstos apenas contaron en los nuevos espacios de la política de telecomunicaciones después de la liberalización.

Concluyendo, la política de telecomunicaciones en España se encuentra en una situación de tablas muy persistente: ni demasiada competencia, ni demasiado apoyo a las empresas. No ha habido una intervención decidida a potenciar a largo plazo un tejido empresarial en el sector, ni unas acciones que estimulen seriamente la competencia hasta alcanzar, por lo menos, los niveles medios europeos. Un poco de todo y pocas estrategias decididas por parte de las autoridades públicas, sean o no independientes.

JACINT JORDANA, profesor de Ciencia Política de la Universitat Pompeu Fabra en la Vanguardia







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