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Somos ciudadanos del siglo XXI


Las industrias cinematográfica y discográfica junto a las entidades de gestión de derechos de autor compiten por criminalizar Internet, tildan a sus usuarios de pendejos electrónicos y piratas para justificar la crisis que sufre un negocio boyante durante el siglo pasado y que ahora, según proclaman, está en crisis.




Pero no es cierto. En 2004 aumentó el número de personas que acudieron a las salas de cine españolas. Se paso de 115,7 millones de espectadores en 2003 a los 121,7 millones de 2004. Además, la venta de música aumentó un 1.000% en internet durante el pasado ejercicio.

Sí es verdad que el modelo mercadotécnico y los canales de distribución tradicionales en los que han basado el negocio cultural durante el siglo XX está obsoleto. Y de eso sí pueden culpabilizar a internet, pero en vez de hacer una profunda reflexión por saber qué es lo que está ocurriendo en estos momentos, adoptan una posición victimista para justificar la imposición de un canon para los CD y DVD vírgenes en compensación al derecho a la copia privada por el 30% de su precio venta al público. Canon que es indiscriminado, arbitrario e injusto, ya que penaliza a un número indeterminado de ciudadanos, empresas, instituciones y Administraciones, por algo que no realizan o por algo que no pueden realizar porque multitud de soportes digitales ya contienen sistemas anticopia.

Si finalmente fuese necesario establecer un canon compensatorio por copia privada en los soportes digitales, siguiendo la directiva comunitaria, debería realizarse de tal manera que se garantice la posibilidad 'real' de llevar a cabo esas copias privadas, y no gravando indiscriminadamente todos los soportes digitales, ya que la inmensa mayoría de ellos no van a dedicarse a copia privada.

El canon, tal como está impuesto en estos momentos, perjudica de una manera muy seria el uso y distribución del software libre, debido a que el coste para la distribución aumenta de forma considerable; además, los materiales de uso informático no están diseñados para copiar música ni otro tipo de material protegido por derechos de autor. Incluso se atreven a postular la reforma de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico para acabar con la exoneración de responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información que intervienen como intermediarios. Es decir, quieren atribuir responsabilidad a esos 'intermediarios por los contenidos que fluyen a través de sus servidores' (algo así como responsabilizar a Correos de la licitud de los contenidos de las cartas que gestiona). Y todo a pesar de que la Directiva comunitaria 2000/31/CE, de 8 de junio, asegura que los Estados garantizarán que los prestadores de servicios intermediarios de la sociedad de la información no serán responsables por el simple hecho de prestar tales servicios de intermediación y pese a que el secreto de las comunicaciones sea un derecho fundamental plasmado en nuestra Constitución.

Ya lo sabemos los consumidores honestos: culpables todos. En breve, a pagar más cánones por nada o correremos el riesgo de que los únicos interlocutores de la ministra de Cultura logren su propósito y se instaure la censura previa por los prestadores de servicios intermediarios de la Sociedad de la Información porque la red posibilita que fluyan por sus servidores 'contenidos ilícitos' y no hay forma humana de que puedan controlarlos a priori, salvo censura previa e intervención de las comunicaciones. Esto es lo viene a significar el despropósito con que quieren 'obsequiarnos' esta especie de 'dictadura del culturetariado' que se escuda en la crisis (¿qué crisis?) y en la defensa de los legítimos derechos de autor para pretender agredir los derechos civiles de millones de ciudadanos cuya única culpa es vivir en el siglo XXI.

A pesar de todo, queda la esperanza de que el Gobierno no se deje manipular y propicie un necesario y urgente diálogo entre las partes. Éste debería cerrar, de una vez por todas, las heridas que esta injusta situación está produciendo.

O eso, o la resistencia civil frente al engaño y la imposición.

Artículo de opinión de Víctor Domingo en Cinco Días

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