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La reforma de leyes sobre Internet enfrenta a distintos sectores


El Gobierno trabaja en el reglamento de la Ley de Internet (LSSI) y en la modificación de la normativa sobre la Propiedad Intelectual . Estas dos iniciativas han movilizado y enfrentado a distintos sectores.




Un primer tema relacionado con el combate contra el delito, afecta al futuro reglamento de la LSSI.

En él podría establecerse la obligación a los proveedores de Internet de conservar un año los datos del tráfico de cada cliente para un eventual seguimiento judicial o policial de los mismos. El ministro del Interior se sumó la semana pasada al criterio de sus colegas de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia en este sentido.

Al día siguiente, el Defensor del Pueblo hacía pública una carta al ministro de Industria en el que iba más lejos .Además del año de almacenaje obligatorio, pide su entrega a las fuerzas de seguridad del Estado “cuando actúen en cumplimiento de las funciones de carácter preventivo legalmente asignadas, sin que sea necesario en todos los casos que actúen en funciones de policía judicial”.

Contra el anonimato en Internet, solicita que se identifique a los usuarios de chats, a las comunidades o grupos que creen o alojen sitios gratuitos. También pide que los proveedores tengan la obligación de comunicar a la policía la existencia “de cualquier contenido delictivo” en sus servidores y la identificación por usos horarios de los clientes de los cibercafés.

La actual ley obliga a los proveedores a reaccionar contra el contenido delictivo de una página que albergan cuando tengan conocimiento de ello; se considera que se adquiere este conocimiento cuando el citado contenido es formalmente denunciado. No están obligados al rastreo preventivo. En otros países, los proveedores han alegado la imposibilidad técnica de monitorizar todos los contenidos que albergan y el tremendo aumento de coste que supone el almacenaje de datos durante un año.

Sobre el canon que pesa sobre la compra de CD,

Tras un acuerdo entre fabricantes y gestores de derechos, el PP propuso en el Senado que se anule porque supone una carga sobre usos de este soporte que no tienen nada que ver con obras de creación (por ejemplo, documentos judiciales). La Asociación de Internautas y CC OO , entre muchas organizaciones, han combatido desde su implantación este canon.


Por el contrario, la semana pasada, distintas asociaciones de editores y autores musicales remitieron una carta al ministro de Industria apoyando futuras medidas contra los desaprensivos que disfrutan y se benefician “de nuestro trabajo sin dar nada a cambio”.


La ministra de Cultura ha anunciado que bajarse música de Internet dejará de ser gratis y algunos sectores propugnan un impuesto al uso de ADSL. Iniciativa que los internautas combaten porque encarecería cualquier actividad en Internet.


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