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El Gobierno tiene un plan: criminalizar e intervenir Internet


Un tanto descafeinado en su redacción, ha sido dado a conocer al resto de la sociedad el Plan antipiratería que ha ultimado el Gobierno del PSOE de la mano de las Sociedades de gestión de derechos de autor y de sus entidades afines caracterizadas por sus escaramuzas contra la delincuencia subversora de sus legítimos intereses mercantiles.




Decimos bien: descafeinado, a primera vista, como una cortina de humo, porque las reformas legales pretendidas desde el Ministerio de Cultura y sus nuevos mentores (léase Sgae, Afyve, Egeda, Bsa, Federación Antipiratería…) han sido enmascaradas cuando no silenciadas ante la alarma social que han creado en cuanto han sido filtradas y conocidas.

Es cierto que el Plan antipiratería distingue entre el fenómeno delictivo conocido como piratería del "top-manta" y lo que se empeñan en denominar algunos interesados de forma torticera como "piratería digital": el intercambio de ficheros en Internet, las redes P2P. Lo que silencia el Plan, porque pretende diferirlo a futuras comisiones amañadas, son las reformas legales que pretende acometer, primero vestidas de "concienciación" para las mentes jóvenes fundamentalmente, luego travestidas en "adoctrinamiento" para jueces, fiscales y agentes de la autoridad (algo que, por cierto, viene realizándose desde hace mucho tiempo, incluso con intervenciones periciales tantas veces puestas en entredicho luego por los propios jueces), para terminar, finalmente, en el meollo del Plan: la reforma de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico y la reforma del Código penal.

La reforma de la primera para acometer lo que ya se ha dicho por los portavoces in pectore del actual Gobierno, controlar los contenidos que fluyen por los servidores de Internet de los prestadores de servicios de la Sociedad de la Información intermediarios (proveedores de acceso, alojamiento, transmisión, etcétera), quienes deberán ponerse de acuerdo con los portavoces in pectore del Gobierno o habrá otro canon y otro canon hasta que todo el negocio termine en sus manos. Tan es así, que el Ministro Montilla, ignorado por quienes gobiernan en esta materia, hubo de atreverse a decir -instigado por el sector que debiera liderar- que "no creía necesario un canon para los discos duros y los usuarios del ADSL"; lo que no se atrevió a decir era que no lo creía necesario "de momento".

Y la reforma del Código penal necesaria para terminar de una vez con esas "nimias cuestiones doctrinales" que no permiten castigar penalmente el intercambio de ficheros, todo convenientemente aderezado con una copia privada "llegada desde Europa", que resulta ya prácticamente imposible pero que deberá ser remunerada en todo y por todos. De hecho, incluso la Ministra de Cultura ya ha adelantado que su Plan conlleva una "reforma implícita" del Código penal.

Ese es el escenario previsto desde hace tiempo por los actuales portavoces in pectore del Gobierno y el Plan antipiratería presentado ayer es el primer peldaño.

El segundo peldaño son las numerosas comisiones de análisis y estudio (puede que incluso a estas horas ya haya salido a concurso la redacción de las ponencias y dictámenes, como viene ocurriendo con otros planes). La trampa que establece este concreto Plan es crear comisiones y decir que van a estar representados todos los sectores afectados. De hecho, para el Gobierno la defensa de los derechos de autor, algo que compartimos, es una cuestión de enorme calado que afecta a toda la sociedad, algo que también compartimos, pero si el Gobierno y sus nuevos portavoces in pectore creyeran de verdad en esa participación social en algo que afecta a todos, si creyera en esa interlocución social, no tratarían de crear Comisiones amañadas sin representaciones paritarias de sectores afectados y darían entrada, puesto que el Plan refleja que se trata de un problema de hondo calado social, a los interlocutores sociales, cosa que no han hecho ni piensan hacer porque se temen, y con razón, que muchos de esos interlocutores no van a ser especialmente dóciles ni ayunos de conocimientos como para permitir que se siga criminalizando lo que no es delito, incluso pueden no estar dispuestos a que se siga creando el caldo de cultivo propicio para que se considere punible una conducta que no merece reproche penal como es el intercambio de ficheros.

Afortunadamente, existe un tercer peldaño que deberán abordar los nuevos portavoces in pectore del Gobierno socialista: el Parlamento. Sigue siendo un requisito de los Estados de Derecho y, afortunadamente, pese a los nuevos portavoces in pectore del Gobierno del PSOE, en ese foro los ciudadanos tenemos mucho que decir, aunque formalmente sea cada cuatro años, y existen muchos Grupos parlamentarios dispuestos a escuchar. En ese sentido, de momento, ya tienen una piedra en el camino: la propuesta de ley del Grupo parlamentario popular en el Senado que postula acabar con todas las interpretaciones interesadas del artículo 25 del vigente Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual que podrían imponer un canon hasta por silbar "obras protegidas" o por disponer de una máquina con varios programas informáticos y periféricos que posibilitan escribir estas líneas que, además, pueden terminar en negro sobre blanco gracias a cualquier otro prodigio de la creatividad humana, por no mencionar el prodigio de la creación humana que ha posibilitado leerlas.

Asociación de Internautas.

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