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Críticas a la ley antiterrorista por no respetar la privacidad en Internet


En respuesta a los atentados del 11 de septiembre, el presidente de Estados Unidos George W. Bush ha firmado una ley antiterrorista que amplía las competencias de las autoridades gubernamentales para intervenir líneas telefónicas y controlar el tráfico de Internet.




Esta medida, conocida como Patriot Act, concede a las autoridades federales una mayor latitud en la vigilancia de Internet, y amplía el modo en que los datos son compartidos entre las diferentes agencias. Asimismo, parte de esta nueva legislación incluye la expansión a Internet de la polémica tecnología Carnivore.

Específicamente, la norma amplia el estatuto pen register -un dispositivo de seguimiento electrónico que se conecta a una línea de teléfono para registrar los números telefónicos marcados-, para incluir las comunicaciones electrónicas y la navegación por Internet.

Al incluir las comunicaciones electrónicas, este estatuto ahora permite a los investigadores obtener fácilmente datos sobre la actividad en Internet, lo que puede significar el registro de información privada en lugar de direcciones IP, que son el equivalente en la Red a los números telefónicos.

Además, los proveedores de servicios de Internet deberán contribuir a esta intervención, permitiendo a las autoridades capturar información o facilitar la instalación de la tecnología Carnivore.

Claro está, las críticas no se han hecho esperar. Los defensores de los derechos civiles particularmente muestran su preocupación ante el hecho de que este aumento de la vigilancia pueda conceder a las autoridades gubernamentales carta blanca para recoger información personal en la periferia de las investigaciones. Señalan que no hay suficiente claridad respecto a la información recogida a través de esta tecnología.

Las autoridades legales mantienen que Carnivore no incluye información sobre el asunto de un e-mail, pero sí puede recopilar datos tales como nombres y hábitos de navegación. Otra duda es si dichos seguimientos serán mantenidos en secreto.

"El problema de esta norma es que muy flexible y puede aplicarse no sólo a terroristas sospechosos, sino también a individuos y organizaciones que pueden verse involucrados en acciones legales", comenta Jerry Berman, director ejecutivo del Centro para la Democracia y Tecnología (CDT).

Consecuentemente y en respuesta a la nueva legislación, la Unión Americana de Libertades Civiles ha prometido que trabajará con la administración Bush y las agencias gubernamentales para asegurar que las libertades civiles no se verán comprometidas como resultado de la nueva ley.

La postura de las asociaciones españolas Aunque los planes del FBI no se conocen públicamente, se habla de una reorganización de la arquitectura de Internet, que reconduzca el tráfico hacia unos servidores centrales que permitan controlar el correo electrónico. Estos planes formarían parte del paquete de medidas firmado por George Bush para combatir el terrorismo.

Tanto la Asociación de Internautas (AI) como la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) han calificado de "demencial" la USA Patriot Act. Critican, sobre todo, la posibilidad de que Bush reconduzca el tráfico de Internet hacia servidores centrales, donde retendrían los mensajes de correo electrónico para su revisión.

En declaraciones a la agencia Europa Press, Víctor Domingo, presidente de la AI, señala que esta medida parece imposible ya que "Bush tendrá poderes en su país, pero en Europa no es factible".

Asimismo, la Asociación de Internautas abandonará el servidor que posee en Estados Unidos en previsión de que el FBI siga adelante con sus medidas de control, para preservar así los derechos de las comunicaciones, manteniendo la confidencialidad del correo electrónico.

Por su parte, Miguel Pérez Subías, presidente de la AUI, en declaraciones a Europa Press, se muestra partidario de la intercepción de correo electrónico "sólo cuando haya indicios de delito y se cuente con una orden judicial, ya que en caso contrario estaríamos vulnerando el Código Penal".

En el caso español, esta medida constituye una violación del Código Penal, ya que nuestra Constitución equipara el e-mail con el correo postal.

Cruzando fronteras El pasado 16 de octubre, el presidente de Estados Unidos envió una carta a Romano Prodi, presidente de la Comisión Europea, en la que solicitaba que la Unión Europea revisase su legislación sobre protección de datos.

Bush señalaba que "se deben establecer las adecuadas capacidades para casos de terrorismo que incluyan el uso de Internet".

En concreto, la carta enviada pedía, además de rediseñar la Red, flexibilizar la legislación actual para que las autoridades competentes puedan acceder al correo electrónico mediante el acceso directo a los bancos de las empresas que disponen de servidores.

Reproducido de Andalucia 24 horas

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