30/11/2001
Europa Press
La magistrada-juez María Eugenia Canal Bedia también ha determinado el inicio de un plazo de cinco días para que la Acusación Particular solicite la apertura del juicio oral, según informaron Europa Press personas cercanas a la causa.
En el auto, la jueza considera que la orden que dieron los directivos del banco de "acceso, bloqueo y copiado" de los correos remitidos por su trabajador Gregorio Giménez presenta "caracteres del tipo penal" en cuanto que vulneran el derecho fundamental de cualquier persona al secreto de sus comunicaciones, recogido en la Constitución y tipificado en el artículo 197 del Código Penal.
Alega la magistrada que, aun considerando la tesis del Ministerio Fiscal de que los derechos fundamentales como el de la inviolabilidad de las comunicaciones no tienen carácter absoluto, con ánimo de separar el ámbito laboral, su limitación se encuentra recogida en la Constitución en el único supuesto legal de la autorización judicial, al cual no se acogió el banco.
La instructora de la causa señala que, para poner fin al envío de correos por parte del empleado en horario laboral, hubiera bastado con bloquear el servicio de 'e-mail' de aquel sin acceder al contenido del mismo, y pedir las explicaciones oportunas para, en su caso y con su consentimiento, acceder a los correos electrónicos para adoptar posibles medidas disciplinarias.
Además, el acceso al contenido de los correos para determinar si este afecta o no a la intimidad de las personas, significaría --según la jueza-- dejar desprotegido el derecho fundamental de todas las personas al secreto de las comunicaciones, abriendo una "peligrosa" puerta de acceso a la intimidad y privacidad de las comunicaciones, por lo que abre la vía para que se inicie el juicio oral.
LOS USUARIOS CRITICAN A LA FISCALIA
Por su parte, el sindicato CC.OO. y las organizaciones de usuarios Asociación de Internautas (AI) y Asociación de Usuarios de Internet (AUI) lamentaron la actuación del Ministerio Fiscal por no proteger los derechos fundamentales de las personas.
La AI y la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CC.OO. consideran que el ámbito interno de la empresa no puede quedar "fuera de la Constitución", y "mucho menos el secreto de las comunicaciones".
Ambas "rechazan de plano" todas las "interpretaciones restrictivas" de los derechos fundamentales y subrayan la necesidad de contar con una autorización judicial antes de intervenir las comunicaciones, teniendo en cuenta, además, que en este caso se ha producido la "vulneración del secreto por decisión de la empresa".
CC.OO. e Internatuas consideran una "seria amenaza" la interpretación del Ministerio Fiscal "para el correo electrónico como herramienta de comunicación rápida, barata y de muy sencillo uso, dentro y fuera de las empresas".
Por otro lado, el presidente de la AUI, Miguel Pérez Subías, destacó la necesidad de delimitar cuándo los recursos son de los trabajadores y cuándo son de la empresa, diferenciando entre cuentas empresariales y cuentas personales, para crear una base común aceptada, ya sea en los convenios laborales o los propios contratos, sin necesidad de que esté recogido en una ley.
Reproducido de Europa Press
Europa Press
La magistrada-juez María Eugenia Canal Bedia también ha determinado el inicio de un plazo de cinco días para que la Acusación Particular solicite la apertura del juicio oral, según informaron Europa Press personas cercanas a la causa.
En el auto, la jueza considera que la orden que dieron los directivos del banco de "acceso, bloqueo y copiado" de los correos remitidos por su trabajador Gregorio Giménez presenta "caracteres del tipo penal" en cuanto que vulneran el derecho fundamental de cualquier persona al secreto de sus comunicaciones, recogido en la Constitución y tipificado en el artículo 197 del Código Penal.
Alega la magistrada que, aun considerando la tesis del Ministerio Fiscal de que los derechos fundamentales como el de la inviolabilidad de las comunicaciones no tienen carácter absoluto, con ánimo de separar el ámbito laboral, su limitación se encuentra recogida en la Constitución en el único supuesto legal de la autorización judicial, al cual no se acogió el banco.
La instructora de la causa señala que, para poner fin al envío de correos por parte del empleado en horario laboral, hubiera bastado con bloquear el servicio de 'e-mail' de aquel sin acceder al contenido del mismo, y pedir las explicaciones oportunas para, en su caso y con su consentimiento, acceder a los correos electrónicos para adoptar posibles medidas disciplinarias.
Además, el acceso al contenido de los correos para determinar si este afecta o no a la intimidad de las personas, significaría --según la jueza-- dejar desprotegido el derecho fundamental de todas las personas al secreto de las comunicaciones, abriendo una "peligrosa" puerta de acceso a la intimidad y privacidad de las comunicaciones, por lo que abre la vía para que se inicie el juicio oral.
LOS USUARIOS CRITICAN A LA FISCALIA
Por su parte, el sindicato CC.OO. y las organizaciones de usuarios Asociación de Internautas (AI) y Asociación de Usuarios de Internet (AUI) lamentaron la actuación del Ministerio Fiscal por no proteger los derechos fundamentales de las personas.
La AI y la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CC.OO. consideran que el ámbito interno de la empresa no puede quedar "fuera de la Constitución", y "mucho menos el secreto de las comunicaciones".
Ambas "rechazan de plano" todas las "interpretaciones restrictivas" de los derechos fundamentales y subrayan la necesidad de contar con una autorización judicial antes de intervenir las comunicaciones, teniendo en cuenta, además, que en este caso se ha producido la "vulneración del secreto por decisión de la empresa".
CC.OO. e Internatuas consideran una "seria amenaza" la interpretación del Ministerio Fiscal "para el correo electrónico como herramienta de comunicación rápida, barata y de muy sencillo uso, dentro y fuera de las empresas".
Por otro lado, el presidente de la AUI, Miguel Pérez Subías, destacó la necesidad de delimitar cuándo los recursos son de los trabajadores y cuándo son de la empresa, diferenciando entre cuentas empresariales y cuentas personales, para crear una base común aceptada, ya sea en los convenios laborales o los propios contratos, sin necesidad de que esté recogido en una ley.
Reproducido de Europa Press
