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Comisión Libertades pide al fiscal que investigue cesión de datos DNI


La Comisión de Libertades e Informática (CLI) anunció hoy que ha pedido a la Fiscalía que investigue la posible cesión ilícita a empresas de datos del DNI de hasta 25.000 personas por parte de un funcionario de la Unidad Central de Documentación de Españoles de la Policía. Actualización.- Asociación pide ciudadano dé consentimiento datos DNI electrónico




En rueda de prensa , una responsable del servicio jurídico de la CLI, Ofelia Tejerina, explicó que su asociación presentó una denuncia el pasado día 25 ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid instándole a que actúe de oficio e investigue los hechos.

Tejerina se remitió a una información publicada al respecto que llevó a la Agencia de Protección de Datos a anunciar el pasado día 7 que abriría una investigación para esclarecer 'si ha habido vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos por parte de órganos del Ministerio del Interior y, en su caso, de terceras empresas'.

La información aludía a una investigación de Asuntos Internos de la Policía sobre un 'presunto mal uso de los datos personales de más de 25.000 titulares del DNI, bajo la severa sospecha de estar siendo cedidos o incluso vendidos para ser utilizados con fines comerciales por los cesionarios', según la denuncia del CLI.

Para la CLI, es 'más que probable' que en la Unidad de Documentación de Españoles 'no se están cumpliendo las garantías exigidas por la normativa vigente', pues 'se ha producido un acceso y uso no autorizado de un fichero de datos personales' con una finalidad 'distinta a la que llevó a almacenarlos'.

El presidente de la CLI, Antoni Farriols, consideró que este caso pone en cuestión la 'confianza' de los ciudadanos en los encargados de custodiar sus datos, pues se da el caso de que el responsable de la Unidad está a cargo del proyecto del DNI electrónico.

Según Tejerina, además de la Ley de Protección de Datos se podrían haber vulnerado varios artículos del Código Penal, que considera delito la utilización de datos reservados de carácter personal, la infidelidad en la custodia de documentos y la violación de secretos cometidos por funcionarios públicos.

'Entendemos que esta situación exige del Ministerio Fiscal su actuación de oficio para investigar los hechos', pide la denuncia de la CLI, asociación pro defensa del derecho a la protección de datos.

Reclama al fiscal que investigue 'el estado de cumplimiento de la normativa' al respecto 'en dicha Unidad de Documentación policial, estableciendo en su caso las medidas cautelares necesarias y adoptando todas las demás medidas legales previstas hasta sus últimas consecuencias, por cuanto pudieran ser constitutivas de delito'.

Cuestionado al respecto en el Senado, el ministro del Interior, José Antonio Alonso, informó hoy de que se ha efectuado una investigación sobre un 'presunto mal uso de los datos públicos del DNI' por parte de un responsable policial.

Alonso respondió al senador de Entesa Jordi Guillot, que le preguntó sobre la posible 'cesión múltiple y continuada de datos de carácter personal', sin autorización legal, a 'una o varias empresas privadas', entre las que citó a 'El Corte Inglés'.

El ministro explicó que 'toda la información disponible de la investigación policial' efectuada ha sido trasladada a la autoridad judicial, que será la que determine 'si ha existido o no un presunto mal uso de los datos públicos del DNI por parte de algún funcionario responsable' de la Unidad de Documentación.

'Si de esa investigación policial y judicial se constata algún tipo de deficiencia, se establecerán de inmediato las medidas correctoras, incluidas, si son necesarias, las medidas disciplinarias que el caso requiera', garantizó.

Explicó que la ley permite que el servicio público del DNI realice consultas 'a petición motivada' de entidades privadas, en supuestos de identidad dudosa o desconocida de un titular, y que éstas se realizan desde 2000.

Ahora, precisó, 'está sometido a conocimiento judicial si se han respetado los límites previstos en la legislación vigente o se ha cometido alguna extralimitación en ellas'.

Tras la investigación interna efectuada por la Policía, el caso fue trasladado a un Juzgado de Madrid, que el pasado día 8 abrió diligencias por un posible delito de revelación de secretos y ha citado a declarar dentro de dos semanas como imputado al responsable de la Unidad de Documentación, informaron a Efe fuentes jurídicas.

Asociación pide ciudadano dé consentimiento datos DNI electrónico

La Comisión de Libertades e Informática exigió hoy que los datos 'sensibles' que pueda incorporar el futuro DNI electrónico tengan el 'consentimiento expreso' de su titular y un 'control democrático' del desarrollo del nuevo documento.

En rueda de prensa, el presidente de la asociación CLI, Antoni Farriols, consideró que el futuro documento 'debe ser un elemento solamente para identificar' al ciudadano, al que habrá que pedir su consentimiento para la inclusión de otros datos biométricos o de su firma electrónica.

Farriols expondrá sus reivindicaciones mañana en la Comisión de la Sociedad de la Información y del Conocimiento del Senado, en la que también intervendrá el director de la Agencia Española de Protección de Datos, José Luis Piñar.

En la misma rueda, el presidente de la Asociación de Internautas y vocal de la CLI, Víctor Domingo, alertó de que se ignora 'qué criterios van a utilizar el Ministerio del Interior' y las empresas adjudicatarias del proyecto del DNI electrónico en España.

Ante la 'voracidad del Estado en el conocimiento de todos los datos del ciudadano', Farriols consideró preciso un 'debate social y control democrático' del desarrollo del proceso, que en su opinión merece una ley orgánica.

'¿Cómo sabemos que los datos sólo se van a usar para finalidades de identificación?', se preguntó.

La CLI anunció que ha pedido a la Fiscalía que investigue la posible cesión ilícita a empresas de datos del DNI de hasta 25.000 personas por parte de un comisario de la Unidad Central de Documentación de Españoles de la Policía.

Farriols consideró que, de ser cierta la cesión ilícita, afecta a la confianza de los ciudadanos en los responsables de la custodia de sus datos, pues se da el caso de que el comisario y jefe de esa Unidad es además responsable del proyecto del DNI electrónico.

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