Bruselas recortará las competencias de los Estados en telecomunicaciones


La Comisión Europea (CE) ha ganado la batalla a los 15 ministros de telecomunicaciones de los países miembros en materia de Telecomunicaciones, sector sobre el que Bruselas aumentará considerablemente sus competencias en detrimento de los estados, según se desprende de la nueva normativa que hoy analiza, en segunda lectura, el Parlamento Europeo.




NUEVAS MEDIDAS / La Comisión quiere aprovechar el fracaso de la liberalización para ganar más poder sobre el sector / Los reguladores nacionales perderán muchas de sus funciones

BALTASAR MONTAÑO - MADRID
Las cinco directivas consagran «con el respaldo del Parlamento la capacidad de veto de la Comisión en los temas más importantes, que ahora están en manos, en el caso español, del Ministerio de Ciencia y Tecnología y de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), que verán recortadas sensiblemente sus competencias», señalaron a EL MUNDO fuentes jurídicas.

Estas mismas fuentes destacan que «la directiva marco, la más importante de todas [establece los procedimientos y mecanismos de las autoridades nacionales de regulación], en su artículo 6, atribuye a la Comisión la capacidad de veto en temas vitales».Este derecho de veto se apoya en la propuesta para crear «un comité consultor que tendrá capacidad de influencia, pero no podrá revocar el veto de la Comisión a decisiones de los estados».

La última fase del proceso de aprobación de la nueva normativa está marcada por una lectura bastante negativa del proceso liberalizador iniciado en 1998. Después de cuatro años, el último informe sobre telecomunicaciones, presentado el 28 de noviembre, ha puesto de manifiesto el fracaso de la última etapa de este proceso: la apertura efectiva de las redes y de la telefonía local es una entelequia y los ex monopolios siguen acaparando la mayor parte del mercado, en detrimento de los usuarios.

Erkki Liikanen, comisario de Sociedad de la Información, y Mario Monti, de Competencia, han dirigido la redacción del informe, que amenaza con denunciar a 11 países (entre ellos España) por la escasa liberalización y lo han hecho público en el momento más oportuno, cuando se ultima el texto definitivo de las cinco directivas que entrarán en vigor a partir de la segunda mitad de 2002, y que regirán los designios de este sector esta década.

Pese a que los ministros de Telecomunicaciones de los Quince han luchado por controlar de cerca un sector tan estratégico como éste, el Parlamento Europeo respaldó, en una primera lectura, las propuestas de la Comisión.

El último Consejo de Ministros de Telecomunicaciones rechazó la propuesta de la Comisión. Los Quince y el Ejecutivo comunitario han intentado llegar a un acuerdo antes de que el texto volviese a Estrasburgo, pero no ha habido acuerdo.

Si el Parlamento Europeo aprueba hoy de nuevo las directivas y rechaza la propuesta del Consejo de Ministros, algo que fuentes solventes dan por descontado, habrá que iniciar el complicado proceso de conciliación, que ya se produciría bajo la Presidencia española de la Unión Europea.

El trasvase de soberanía de los estados miembros a la Comisión limitará considerablemente el poder de los reguladores nacionales, cuyas resoluciones y circulares podrían quedar sin efecto si así lo considera la Comisión. Para el presidente de la CMT, José María Vázquez Quintana, «los reguladores sectoriales hemos nacido sabiendo que teníamos que administrar regímenes de transición, pero aún queda mucho por hacer».

Las tesis de la Comisión abogan por limitar los poderes de los organismos reguladores nacionales, ya que los comisarios de Competencia y Sociedad de la Información consideran que podrían haber sido más efectivos en el desarrollo de sus funciones. Además, ponen en duda la independencia de éstos.

Para José María Vázquez Quintana, presidente de la CMT, esta independencia está fuera de toda duda.

Hacia una «CMT europea»

La nueva normativa, que entrará en vigor a partir del segundo semestre de 2002, podría dar luz verde a la creación de un organismo regulador del sector a nivel europeo, que coordinaría a los nacionales.

Esta especie de «CMT [regulador español] europea», asumiría buena parte de las competencias de los reguladores de cada Estado, dejando para estos últimos el seguimiento cercano de las vicisitudes y conflictos locales.

Una CMT europea podría meter en cintura a los incumbentes y operadores ex monopolísiticos, que aún mantienen el control de la mayor parte del mercado, lo que ha provocado que los operadores alternativos (Retevisión, Jazztel, Uni2, ..., en el caso español) tengan serias dificultades operativas y financieras.

El informe critica duramente esta situación y cita, por ejemplo, la dispersión de competencias del caso español: Ciencia y Tecnología regula, Economía fija precios, Hacienda cobra la tasa radioeléctrica y la CMT vigila.

Reproducido de El Mundo

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