EFE MÁLAGA.- Según una nota de la agencia EFE, el gerente de la empresa e inventor del lector, Diego Antona, aseguró que la empresa que gane la licitación de lectores que hará el Estado deberá tener una licencia de la referida compañía y que no impedirá que la adjudicataria le compre a ella la licencia, por lo que tendrán que negociar.
Calcula que el volumen del negocio puede rondar como mínimo en torno a 50 millones de euros sólo con los dispositivos lectores, cuyo precio de venta al público es de unos 35 euros, aunque precisó que "el que tenga la puerta para poner en el mercado estos lectores puede ofrecer además otras aplicaciones virtuales".
Antona exhibió el documento de la Oficina Española de Patentes y Marcas de la patente de su invención, el "Adaptador de tarjetas inteligentes a puerto estándar para dispositivos con conexión a Internet orientado a transacciones telemáticas" presentada en mayo de 2001 y concedida tres años después, a mediados de 2004.
Sobre los lectores, Antona afirmó que no puede haber en el mercado otras empresas que los estén vendiendo, ya que "es igual de pirata un 'top manta' que vende una copia de un disco compacto que alguien que va al Consejo General de Abogados de España y le vende estos cacharros para hacer firma electrónica, como ha ocurrido". Por eso, anunció la "apertura de una línea de defensa legal dura basada en demandas penales".
Diego Antona explicó que su empresa ha comercializado miles de dispositivos, pero "podría ser un mercado de cientos de miles", y que en España no se fabrican otros distintos de los suyos, sino que se compran fuera a otras compañías.
Calcula que el volumen del negocio puede rondar como mínimo en torno a 50 millones de euros sólo con los dispositivos lectores, cuyo precio de venta al público es de unos 35 euros, aunque precisó que "el que tenga la puerta para poner en el mercado estos lectores puede ofrecer además otras aplicaciones virtuales".
Antona exhibió el documento de la Oficina Española de Patentes y Marcas de la patente de su invención, el "Adaptador de tarjetas inteligentes a puerto estándar para dispositivos con conexión a Internet orientado a transacciones telemáticas" presentada en mayo de 2001 y concedida tres años después, a mediados de 2004.
Sobre los lectores, Antona afirmó que no puede haber en el mercado otras empresas que los estén vendiendo, ya que "es igual de pirata un 'top manta' que vende una copia de un disco compacto que alguien que va al Consejo General de Abogados de España y le vende estos cacharros para hacer firma electrónica, como ha ocurrido". Por eso, anunció la "apertura de una línea de defensa legal dura basada en demandas penales".
Diego Antona explicó que su empresa ha comercializado miles de dispositivos, pero "podría ser un mercado de cientos de miles", y que en España no se fabrican otros distintos de los suyos, sino que se compran fuera a otras compañías.