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La CMT decide que Telefónica asuma lo que costó mantener la red en el 2000


La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) fijó ayer en 268 millones de euros (44.591,4 millones de pesetas) el coste anual que supuso en el año 2000 mantener la red telefónica con un mínimo de calidad y a un precio asequible para todos los usuarios (servicio universal).




La decisión de la CMT supone un revés para Telefónica en un doble aspecto: la operadora aspiraba a que los costes de mantenimiento fueran repartidos entre las distintas operadoras y estimaba que el coste real de prestar el servicio universal había ascendido a una cantidad de entre 486 y 630 millones de euros, es decir, su previsión más baja era casi el doble de lo que ha reconocido el órgano regulador.

La operadora anunció ayer que recurrirá ante la propia CMT tanto la resolución por la que se fija la cuantía como la que establece que no se creará un fondo de financiación para sufragarla. Telefónica considera que incluso la cuantía fijada por la CMT como coste del servicio universal aún es suficientemente importante como para tener que compartirla y recordó que en breve aumentará, ya que se incluirá el acceso a Internet dentro del concepto de servicio universal.

Según la CMT, Telefónica de España, en cuanto operadora responsable de la prestación del servicio universal telefónico en España, 'no ha sufrido merma apreciable en su capacidad de competir por el hecho de soportar la citada carga'.

En consecuencia, el regulador ha decidido que no se pondrá por ahora en funcionamiento el Fondo de Financiación del Servicio Universal, ya que 'la insuficiencia de resultados de los operadores de telefonía fija frente a Telefónica en el ejercicio del 2000 expresa las desventajas de todo tipo que para ellos representó la situación en este año'.

El coste del servicio universal en que incurrió Telefónica durante el año 2000 incluye, según la CMT, los 204 millones de euros (33.942,7 millones de pesetas) que costó prestar este servicio en las 'zonas no rentables' (áreas geográficas en las que la prestación del servicio universal no se atiende con criterios comerciales).

Reproducido de El País

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