Archivado en Gobierno y Leyes

APROBADO POR EL GOBIERNO

Organizaciones sociales rechazan la reducción en el plazo de información sobre la programación de las televisiones.


La Asociación de Internautas, Asociación de Consumiodres de la Comunicación y Asociación de derechos Civiles, Económicos y Sociales, argumentan en contra de este cambio que la información adecuada sobre la programación televisiva, facilitada con la antelación suficiente, es un derecho de los ciudadanos reconocido en la Constitución Española, en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y en la legislación televisiva vigente. Así lo han señalado en diferentes documentos presentados, ante la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información, ante el Consejo Asesor de Telecomunicaciones y ante el Defensor del Pueblo, al que han solicitado amparo frente a esta norma.




Las asociaciones consideran que la reducción establecida del plazo obligado impedirá la publicación de las programaciones en las revistas televisivas, sin que el escaso acceso al teletexto, a las guías electrónicas de Programación o a la página web: Asociación de derechos Civiles, Económicos y Sociales.horas antes de las emisiones sea una alternativa válida dado el escaso hábito de los espectadores a informarse a través de estos canales. estos canales

También consideran que la información anticipada sobre la programación ayuda a los telespectadores a planificar su ocio y tiempo libre (buena parte del cual se dedica al consumo televisivo); ayuda a los anunciantes a controlar el contexto de su publicidad y a determinar el grado de afinidad del target; e incluso ayuda a las televisiones a estabilizar las parrillas y mejorar la fidelidad de la audiencia.

En esta línea consideran que el cambio normativo que se ha aprobado perjudica gravemente le recepción de una información adecuada por parte de los telespectadores, que todavía hoy se informan anticipadamente y durante mucho tiempo seguirán haciéndolo a través de diarios y revistas, las cuales, por cuestión de plazo, no podrían ofrecer dicha información, excluyendo así a la mayoría de ciudadanos del acceso a la información y, por tanto, perjudicando el interés general.

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