Las asociaciones consideran que la reducción establecida del plazo obligado impedirá la publicación de las programaciones en las revistas televisivas, sin que el escaso acceso al teletexto, a las guías electrónicas de Programación o a la página web: Asociación de derechos Civiles, Económicos y Sociales.horas antes de las emisiones sea una alternativa válida dado el escaso hábito de los espectadores a informarse a través de estos canales. estos canales
También consideran que la información anticipada sobre la programación ayuda a los telespectadores a planificar su ocio y tiempo libre (buena parte del cual se dedica al consumo televisivo); ayuda a los anunciantes a controlar el contexto de su publicidad y a determinar el grado de afinidad del target; e incluso ayuda a las televisiones a estabilizar las parrillas y mejorar la fidelidad de la audiencia.
En esta línea consideran que el cambio normativo que se ha aprobado perjudica gravemente le recepción de una información adecuada por parte de los telespectadores, que todavía hoy se informan anticipadamente y durante mucho tiempo seguirán haciéndolo a través de diarios y revistas, las cuales, por cuestión de plazo, no podrían ofrecer dicha información, excluyendo así a la mayoría de ciudadanos del acceso a la información y, por tanto, perjudicando el interés general.
También consideran que la información anticipada sobre la programación ayuda a los telespectadores a planificar su ocio y tiempo libre (buena parte del cual se dedica al consumo televisivo); ayuda a los anunciantes a controlar el contexto de su publicidad y a determinar el grado de afinidad del target; e incluso ayuda a las televisiones a estabilizar las parrillas y mejorar la fidelidad de la audiencia.
En esta línea consideran que el cambio normativo que se ha aprobado perjudica gravemente le recepción de una información adecuada por parte de los telespectadores, que todavía hoy se informan anticipadamente y durante mucho tiempo seguirán haciéndolo a través de diarios y revistas, las cuales, por cuestión de plazo, no podrían ofrecer dicha información, excluyendo así a la mayoría de ciudadanos del acceso a la información y, por tanto, perjudicando el interés general.