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VIVIENDO EN SAN BORONDÓN

Piratas informáticos


De vez en cuando las huestes de la SGAE y de las otras sociedades de gestión de derechos de autor, reaparecen en los medios de comunicación con amenazas varias de multas, cárceles y otras penas sin cuento. Menos mal que ahora no está de moda que te condenen a galeras, ni a pan y agua, porque la flojera del hombre, y la mujer de hoy, no está para esos esfuerzos. Conviene recordar que el Ministerio de Cultura, el de ahora, ha echado una manita con aquellos carteles insidiosos en los que todos éramos piratas cutres, no de los del Caribe, que son más glamorosos y salen en las revistas del corazón.




Leo con estupor en el despacho de ACN: "Las entidades FAP (Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual) y Promusicae (Productores de Música de España, lo que anteriormente era Afyve) han estado estos días en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria formando a jueces y magistrados de Canarias en las medidas legislativas sobre la propiedad intelectual y en la persecución de la piratería". Debe ser que ahora a las personas que tienen que impartir justicia en Canarias no les basta con conocer el texto de la Ley y los precedentes jurídicos y tiene que venir una de las partes en conflicto, interesada por lo tanto, a formarles y librarlos de su ignorancia. O lo que es aún peor, tener el atrevimiento de sugerirles subliminalmente el sentido de sus futuras sentencias. Sería algo así como si los concejales de Marbella, o de Telde, les impartieran un curso de técnicas urbanísticas o de actividades administrativas comisionables.

No sé cuantos jueces y magistrados han sido alumnos en esas jornadas y si también han sido invitados a formarse los policías que deben perseguir estas actividades. Sería interesante conocer si en los apuntes que han suministrado a los cursillistas para que no incurran en error el día de mañana, está el artículo 31 de la LPI y la explicación de los profesores a la rotunda afirmación, sin matices y según ACN, del representante de FAP, José Manuel Tourné, cuando dejó claro que en estos momentos "descargarse música y películas supone incurrir en un delito". Supongo que habrá habido ruido de togas y de porras.

Ya en un artículo anterior, "Un privilegio para la SGAE", argumentaba sobre la insólita situación de que el Gobierno de España permita a una entidad privada recaudar un impuesto indirecto, como es la mal llamada "tasa compensatoria por copia privada", por la compra de soportes vírgenes, incluidos los DVD utilizados en los juzgados para grabar las vistas o en las copias de los escáneres que su médico les pueda hacer. La realidad supera, una vez más, a la ficción.

A mi entender, mejor harían tantos beneficiarios indirectos o directos de unos, como mínimo, discutidos privilegios en mejorar sus canales de distribución eliminando tantos costes superfluos y no pretender que su ineficacia la paguen los contribuyentes, quieran o no quieran. Es como si la industria del quinqué de gasoil pretendiera imponer un canon en el recibo eléctrico por la bajada en ventas de sus productos. Pero mejor es no dar ideas, que las carga el diablo.

José Fco. Fernández Belda en CanariasAhora.com

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