El Mundo - La norma permitirá el acceso a los servicios públicos a través de Internet, el teléfono móvil, la televisión o cualquier otro medio electrónico.
La nueva norma garantizará el acceso a los servicios públicos a través de Internet, el teléfono móvil, la televisión o cualquier otro medio electrónico que pueda aparecer en el futuro y la consulta del estado de tramitación de los procedimientos que se tengan en marcha.
También establecerá que las comunicaciones electrónicas tengan la misma validez jurídica que las que se realizan en papel, lo mismo que realizar un trámite o recibir infrormación a través de Internet o un teléfono.
El Ministerio de Administraciones Públicas ha explicado en un comunicado que la norma ofrecerá todas las garantías de calidad, seguridad y confidencialidad, al tiempo que permitirá la utilización de los idiomas cooficiales para comunicarse con las administraciones.
Aunque la Administación estatal yaofrece el 70% de sus servicios a través de la Red, pierde puestos frente a Europa, en cuanto a la relación de los poderes públicos y los ciudadanos a través de las nuevas tecnologías.
Además, la ley permitirá un ahorro de 300 euros al año por cada ciudadano, según ha dicho la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
Apoyos recibidos
La ley, que se convierte en un punto de partida de una nueva generación de derechos de los ciudadanos, los derechos digitales, se ha aprobado con el apoyo de numerosas Comunidades Autónomas y de los representantes de las entidades locales, que han participado en su elaboración con sugerencias y aportaciones.
Por su parte, el Consejo Asesor de Administración Electrónica, ha hecho pública una declaración de apoyo en la que reconoce que esta norma "responde a las necesidades de los ciudadanos del siglo XXI, a las prioridades de nuestra economía y a la necesaria modernización de los servicios públicos".
Esta ley situará a España a la altura de la de los países más avanzados en esta materia. Actualmente, sólo cinco países cuentan con una normativa que garantiza estos derechos: Estados Unidos, Finlandia, Francia, Austria e Italia.
Además, el Gobierno prevé invertir 1.900 millones para desarrollar nuevos servicios electrónicos para 2008.
La nueva norma garantizará el acceso a los servicios públicos a través de Internet, el teléfono móvil, la televisión o cualquier otro medio electrónico que pueda aparecer en el futuro y la consulta del estado de tramitación de los procedimientos que se tengan en marcha.
También establecerá que las comunicaciones electrónicas tengan la misma validez jurídica que las que se realizan en papel, lo mismo que realizar un trámite o recibir infrormación a través de Internet o un teléfono.
El Ministerio de Administraciones Públicas ha explicado en un comunicado que la norma ofrecerá todas las garantías de calidad, seguridad y confidencialidad, al tiempo que permitirá la utilización de los idiomas cooficiales para comunicarse con las administraciones.
Aunque la Administación estatal yaofrece el 70% de sus servicios a través de la Red, pierde puestos frente a Europa, en cuanto a la relación de los poderes públicos y los ciudadanos a través de las nuevas tecnologías.
Además, la ley permitirá un ahorro de 300 euros al año por cada ciudadano, según ha dicho la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
Apoyos recibidos
La ley, que se convierte en un punto de partida de una nueva generación de derechos de los ciudadanos, los derechos digitales, se ha aprobado con el apoyo de numerosas Comunidades Autónomas y de los representantes de las entidades locales, que han participado en su elaboración con sugerencias y aportaciones.
Por su parte, el Consejo Asesor de Administración Electrónica, ha hecho pública una declaración de apoyo en la que reconoce que esta norma "responde a las necesidades de los ciudadanos del siglo XXI, a las prioridades de nuestra economía y a la necesaria modernización de los servicios públicos".
Esta ley situará a España a la altura de la de los países más avanzados en esta materia. Actualmente, sólo cinco países cuentan con una normativa que garantiza estos derechos: Estados Unidos, Finlandia, Francia, Austria e Italia.
Además, el Gobierno prevé invertir 1.900 millones para desarrollar nuevos servicios electrónicos para 2008.
